Si no hemos hecho lo que los griegos, o los árabes, o los españoles indignados es, tal vez, porque nuestra alimentación nos bloquea la rebelión. Somos un país que se debate entre dos extremos: la desnutrición y la malnutrición; la baja talla y la obesidad y sobrepeso. Lo acaba de señalar el Relator de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter al final de su recorrido de campo en México.
Luego de estar en la capital de la República, en Oaxaca, en Jalisco, de reunirse con campesinos, indígenas, organizaciones rurales, colectivos de defensa de los territorios ante el embate de los proyectos de grandes represas, o de explotaciones mineras, con académicos y organismos orientados al asunto de la alimentación, De Schutter adelantó las grandes líneas que tendrá su reporte final, a publicarse el próximo otoño:
– No se cumple en México el mandato constitucional de que el salario “debe ser remunerador”, es decir, que baste para atender a las necesidades básicas de una familia. Con un salario mínimo no se puede adquirir ni la mitad de una canasta de alimentos básicos. Sería necesario que la remuneración se incrementara en un 75% para cumplir lo estipulado por nuestra Carta Magna en este aspecto.
– La desnutrición es un mal que está afectando en números absolutos, más gente que nunca en México: entre 19.5 y 20 millones de personas, Prácticamente uno de cada cinco mexicanos se encuentra en pobreza alimentaria.
– Por otra parte, la malnutrición aqueja a 7 de cada 10 habitantes del país: la obesidad, el sobrepeso que generan diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares son una verdadera epidemia en México. De Schutter aclara que este mal no sólo es causado por la voluntad de los consumidores, sino es efecto de toda una cadena productiva-publicitaria-comercial que induce malos hábitos alimentarios y produce mucho más carbohidratos que micronutrientes. Quienes controlan dicha cadena son grandes consorcios trasnacionales, ya sea con base en el extranjero, como Nestlé, Pepsico, o con base mexicana, como Bimbo y Gruma.
– La producción de alimentos en México sufre un sesgo a favor de los grandes productores y comercializadores. El dato más contundente es que el subsidio del Procampo que debiera orientarse a dinamizar a los campesinos pobres y medios a producir más y mejores alimentos, es acaparado por los grandes agricultores. El 10% más rico de los productores concentra el 45% de este subsidio.
– Hay una grave amenaza para la producción de alimentos en el país en un contexto internacional en el que el precio de la comida se incrementa sostenidamente. Dicha amenaza radica en que las grandes explotaciones mineras a cielo abierto, las explotaciones forestales, o los proyectos de mega represas ocupan grandes superficies y desplazan a importantes núcleos de población productores de alimentos.
– El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también advierte al gobierno de México sobre el uso de semillas transgénicas. Podrían poner en riesgo la capacidad e independencia del país de producir sus propios alimentos básicos al colocar en manos de trasnacionales el suministro de semillas patentadas para siembra.
El asunto es que la estructura de México está construida para generar círculos viciosos de desigualdad: no hay suficientes alimentos para los pobres. Por la que, el gobierno establece programas de subsidios para incentivar su producción. Sin embargo, estos programas son acaparados por los más ricos y los productores pobres apenas tienen acceso a ellos.
De manera que, al existir un acaparamiento y distribución oligopólica alimentaria los precios se mantienen altos lo que hace que los pobres no puedan comprar lo necesario para nutrirse adecuadamente. Más todavía: gracias a sus enormes ganancias, los oligopolios agroalimentarios disponen de grandes cantidades de dinero para hacer propaganda a sus productos y montar enormes redes de distribución, lo que induce el consumo masivo de sus productos de baja calidad nutritiva, lo que a su vez genera en los consumidores malnutrición, obesidad, sobrepeso.
Ante esta realidad no deja de ser positivo el que, gracias a la lucha de organizaciones campesinas y sociales, el Senado de la República haya establecido recientemente en la Carta Magna de México el Derecho a la Alimentación.
No obstante, falta aún que lo ratifique la mayoría calificada de las legislaturas estatales. Asimismo, falta, sobre todo, que como concluye el relator, haya una verdadera coordinación entre las políticas agrícola, alimentaria y social en un modelo económico destinado al bienestar de todos y no al beneficio de unos cuantos.
Fuente www.ecoportal.net
