Un grupo de profesores y estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) participó ayer en una asamblea para exponer sus preocupaciones por la deuda pública que atraviesa el País y su efecto en la comunidad universitaria.
El grupo, que también denunció un alegada falta de transparencia por parte del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, en los procesos concernientes a la crisis fiscal que afronta la institución, lleva reuniéndose desde hace cuatro semanas, convocados por el catedrático Rafael Acevedo de la Facultad de Humanidades.
Entre las preocupaciones que mencionaron los asistentes se encuentra: el déficit operacional de la Universidad de Puerto Rico que asciende a los $95.8 millones, un supuesto depósito de $70 millones en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por parte de la UPR y la alegación de que podrían tomar $100 millones al Sistema de Retiro de Retiro de la UPR para cubrir otros gastos no relacionados al mismo. No obstante, en entrevista con Diálogo esta semana, el presidente aseguró que “no se contempla en este momento, ni se ha contemplado acudir al sistema de retiro (de la UPR) para utilizar los fondos que allí están”.
Durante la reunión, Acevedo respaldó la decisión del Consejo General de Estudiantes (CGE) de solicitarle al presidente de la UPR y a la Junta Universitaria una reducción de al menos 25 por ciento en el personal y en la nómina de confianza de la Administración Central y las oficinas adscritas. Esa medida, sugiere que los fondos recuperados por dicha reducción y que no han sido estimados, vayan dirigidos a la descongelación de plazas docentes.
“Es quizás la primera vez que los profesores, no docentes y estudiantes se encuentran en situaciones más o menos similares”, sostuvo Acevedo y añadió su preocupación al ver la falta de interés por parte de los estudiantes, el desconocimiento y la falta de movimiento para hacer algo por la situación.
Por otro lado, Teresa Córdova Rodríguez, estudiante del Programa Graduado de Traducción y participante del Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF) aseguró que “la reducción de fondos legislativos significa no poder estudiar”. La joven aludió a los ajustes aprobados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto que incluye una reducción a las Becas Legislativas. Según Córdoba, la reducción en las Becas Legislativas incluye al PEAF y por consiguiente, no solo afecta a los estudiantes beneficiarios del programa, sino también a los profesores y sus investigaciones.
“Nunca hay recortes que mejorarán las cosas… Aunque se cerrara la UPR eso no resolvería la crisis porque tienen que haber más ingresos que gastos”, sentenció Rui Costa Santos, profesor del Departamento de Lenguas Extranjeras.
El grupo -que incluye docentes, no docentes y estudiantes universitarios- se volverá a reunir el jueves, 11 de febrero en la Plaza Antonia Martínez en la Facultad de Humanidades para seguir dialogando y si fuera necesario llegar a acuerdos para una manifestación.
