En el diagrama social, un empleo es un elemento esencial que facilita el sustento propio y de una familia. Un exconvicto en Puerto Rico, sin embargo, puede ver cerrada esa posibilidad una vez coloca una marca en el encasillado de una solicitud de empleo que indica si ha sido convicto alguna vez por un delito. Para cambiar esa realidad, un grupo de estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) promueve la iniciativa “Dile no al encasillado”, que busca eliminar ese espacio de las solicitudes de empleo en la Isla.
“La población de exconvictos es muchas veces marginada y se les hace muy difícil conseguir trabajo, así que buscamos crear conciencia sobre cuánto esta situación puede afectar a los mismos exconvictos como ciudadanos y miembros de la sociedad, a su familia y nosotros como población general porque se convierte en un problema de salud pública. Nuestras cárceles están sobrepobladas y no tenemos un programa de reinserción a la sociedad de manera adecuada, brindándole al menos la oportunidad de trabajo”, expresó Jennifer Varela, estudiante de la Escuela Graduada de Salud Pública del RCM y una de las propulsoras de la iniciativa, junto a sus compañeros Lorena Feliu, Ángel García y Enrique Mederos.
Los estudiantes llevaron a cabo un foro, el pasado lunes, en el que participaron profesores, abogados, estudiantes y exconvictos que apoyan la eliminación del encasillado de las solicitudes de empleo. Con esta iniciativa, el grupo de jóvenes busca que como primer paso se considere al solicitante de trabajo por sus competencias y capacidades y que, luego, en un segundo paso, el patrono solicite un “backgrond check” o certificado de buena conducta si así lo considera necesario.
Para ello, los estudiantes se han propuesto desarrollar un proyecto de ley que estarían enviando próximamente a la Legislatura de Puerto Rico. Según la Sección 20 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, toda persona tiene derecho a obtener trabajo.
“La excesiva encarcelación de, primordialmente, personas pobres por ofensas de drogas genera una clase vulnerable que sufre disparidades sociales y de salud que también afectan a su familia y comunidad. Se incrementa el daño cuando les privamos de oportunidades para re-inserción social”, puntualizó la doctora Carmen Albizu, catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública del RCM y conferenciante en el foro, en un comunicado de prensa.
En los Estados Unidos, 13 estados y más de 50 ciudades han aprobado leyes para eliminar el encasillado que pregunta si el candidato a trabajo a sido convicto alguna vez por algún delito de las solicitudes de trabajo, entre los cuales destaca New Jersey, Maryland, Illinois, California, Connecticut y Massachusetts. De hecho, durante el año 2015, el presidente Barack Obama eliminó, por orden ejecutiva, el encasillado de las solicitudes de empleo federal. En Puerto Rico, un exconvicto debe esperar hasta cinco años antes de que se borren los antecedentes penales del certificado de buena conducta, en caso de delitos graves, y seis meses en caso de delitos menores.
“El prejuicio es muy poderosos y nos hace mucho daño como País. Señalamos a la gente por cualquier sentencia y tenemos que educar para acabar con el prejuicio. Me parece que el encasillado debe eliminarse y que los patronos, luego de observar si la persona tienen el grado o capacidad requerida, tengan la oportunidad de verificar antecedentes porque sí hay delitos como fraude, de los cuales el patrono tiene derecho a protegerse, pero el encasillado cierra puertas de antemano”, puntualizó la licenciada Yarilis Rivera, abogada criminalista que también formó parte del panel de conferenciantes del foro.
