En el Capitolio hay disputa sobre cómo controlar los ‘breakers’ de la caja de electricidad del País. Tras aprobarse ayer en el Senado el proyecto 1523 (P. del S. 1523), sutilmente bautizado como el Proyecto de Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la Cámara de Representantes la cosa luce más complicada ante la vocal oposición de varios sectores.
Entre varios aspectos energéticos que trastoca el proyecto, se resalta la revalidación de los poderes de la Comisión de Energía que vigila actualmente las acciones de la AEE, tal y como lo indica la Ley 57 de 2014, conocida como la Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico. Según indicó esta semana el presidente de la Comisión, Agustín Carbó, entre estos poderes figura la supervisión de algún reajuste tarifario para los consumidores, en búsqueda de un balance de distribución de fondos que serán utilizados, tanto para trabajar “con la deuda a los bonistas”, como para “fortalecer el servicio” que se le da al pueblo.
Sin embargo, Carbó sabe que en la Cámara el proyecto brinca más vallas que Javier Culson. Eso le consterna un poco, pero en entrevista el pasado martes con este diario aseguró tener fe en que el proyecto se apruebe. Ayer, en el Senado, el pulseo fue a lo Stallone en Over the Top. Se pudo aprobar en el Senado, con 16 votos a favor y 10 en contra, pero dos legisladores populares se opusieron: María Teresa González y Cirilo Tirado.
Pero en el otro cuerpo legislativo, la historia es más complicada aún, penetra más profundo la oposición vocal de varios sectores del País. La abstención del representante Carlos Bianchi Angleró, pro UTIER, tiene en jaque la ventaja de mayoría de los populares con respecto a este asunto. De igual forma, están los tres notorios disidentes del Partido Popular Democrático (PPD): Luis Raúl Torres, Manuel Natal y Luis Vega Ramos, a quien ahora se les une Javier Aponte Dalmau, del distrito 38 (Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas).
“No es la primera vez que tengo que lidiar con esto. Espero que los compañeros entiendan lo importante que esto es para el País porque, al fin y al cabo, si no se logra un acuerdo, los bonistas tienen poder para llevar esto a los tribunales y quedarse con la Autoridad. Lo que estamos haciendo es un mecanismo para proteger la Autoridad, proteger los intereses del pueblo y que los bonistas se sientan que hay un mecanismo para pagarles”, abundó el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, en la tarde del miércoles a El Nuevo Día.
La UTIER ha sido muy vocal en cuanto a este asunto. (Facebook: abayarderojo.org)
Mientras, otros sectores del País gritan ante lo que sucede, aludiendo a que esto pudiera significar el fin de la AEE y que los aumentos tarifarios serán tamaño de mamut. Está el reclamo de la UTIER, que ayer decretó un paro y hoy se manifestó desde 11:30 AM, tanto en el Capitolio como en el Centro de Convenciones, donde se lleva a cabo una manifestación en repudio a las acciones senatoriales. Pero la cosa es más amplia, según un reportaje a fondo publicado en enero por el portal especializado de negocios Sin Comillas.
El artículo señala que existe magna oposición de parte de “varios grupos que representan a consumidores, trabajadores y empresas” que aseguran que de aprobarse el proyecto “se trastocaría el marco legal que en la actualidad permite la participación del ciudadano consumidor y organizaciones no-gubernamentales como interventores en los procesos de revisión tarifaria; se establecerán cargos arbitrarios por parte de la AEE por generación por medio de energía renovable; se aprobará para la AEE un mecanismo de endeudamiento sin considerar el balance óptimo y legítimo de la deuda vieja y nueva, y se afectará adversamente el derecho al acceso a la energía”. El remedio provisto, indica el artículo, será peor que la enfermedad y afectará negativamente cualquier iniciativa de desarrollo económico.
De igual forma, resalta Sin Comillas, existían preocupaciones de la Asociación de Industriales en que los poderes de la Comisión disminuirían.
“La Comisión como ente regulador independiente debe tener poderes completos sobre la evaluación y validación de propuestos aumentos y es piedra angular en el cambio que debemos iniciar en nuestro sistema eléctrico como propulsor principal de desarrollo económico”, le dijo a Sin Comillas Carlos Rivera Vélez, presidente de la Asociación de Industriales, sobre revertir el control de las tarifas a la AEE, mientras que el presidente del Centro Unidos de Detallistas, Rubén Piñero, indicó que “debemos aspirar a un 50% de energía renovable para el 2035 en todas sus vertientes; centralizada, distribuida, hidroeléctrica, entre otras”.
Carbó y la Comisión de Energía
Al mediodía de hoy, jueves, aún no se había presentado el nuevo borrador del proyecto en la Cámara, el cual fue enmendado tras el fogoso debate de ayer en el Senado. De hecho, un entirillado preliminar de la múltiples enmiendas que se le hicieron al proyecto muestra como el mismo parece más bien un largo remiendo de 245 páginas que un proyecto de Ley. A leguas se vislumbra un tranque en la discusión cameral hoy; la disidencia en el PPD y la abstención de Bianchi hace difícil que se apruebe el asunto.
El martes pasado, sin embargo, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, novel proyecto sin fines de lucro impulsado por miembros de la Asociación de Industriales y la Fundación Aireko, que trabaja con organizaciones no gubernamentales, presentó un informe analítico en inglés preparado por la firma consultora estadounidense Customize Energy Solutions (CES). De hecho dos de los directivos principales de CES Stephen Fernands y David Sapper, explicaron los puntos del informe durante la presentación realizada en un hotel capitalino.
El informe, que adjuntamos al final de este artículo, se enfoca en la importancia de la Ley 57 que creó la Comisión de Energía para imponer varios cambios reformativos, como el movimiento fuera de los recursos fósiles y hacia la energía renovable dentro de un período de 20 años. Resolver el asunto de la deuda a los bonistas, sin embargo, es lo primero en la agenda, aunque la Comisión asegura que no es lo más importante.
Según indicó Carbó, el plan de alivio energético que diseña la Comisión, contempla atender la deuda “a corto plazo, a cinco años, mientras que el plan de integración de recursos es a 20, así que tienen que ir a la par”.
“Pero ese plan va a ir evolucionando, porque se revisa cada tres años. De hecho, ya se está trabajando con la revisión que se va a ver en tres años”, dijo Carbó. “Los bonistas son una parte, pero el bienestar del pueblo de Puerto Rico es muy importante para que esto quede aprobado”.
Eran las 2:30 PM de hoy, jueves, y la Cámara de Representantes aún no discutía el proyecto 1523, dándole prioridad a un homenaje en el cuerpo legislativo a favor de los niños y las niñas escuchas. “Aún no se sabe si lo van a ver hoy”, le indicó a Diálogo una persona cercana a los trabajos de la Asamblea Legislativa, que exigió mantenerse en el anonimato. Al cierre de esta edición, se supo que el proyecto e vería el lunes.
A eso del mediodía, el gobernador Alejandro García Padilla había suplicado a los legisladores que lo aprobaran, asegurando que votarle en contra “es votar a favor de la privatización” de la AEE y agregó que “el horno no está para galletitas”.
Afuera del Capitolio, la UTIER y otros grupos se manifestaban, con un discurso también “a favor del pueblo”. En un post en la página de Facebook titulada La Verdadera AEE: Con la boca es un mamey (grupo público), el presidente del Capítulo de Río Piedras de la UTIER, Dionisio Oyola Cintrón, reclamó respaldo para el paro, señalando que el proyecto aniquilaría las aportaciones a los sistemas de retiro y el plan médico de los empleados y que “dejaría sin efecto el contrato del fideicomiso de 1974, donde se establece el orden de prioridades de pago a las responsabilidades de la autoridad, que serían: combustible, nómina, bonistas y suplidores. Y tendrían rienda suelta para subir la factura de energía eléctrica”.
El ajedrez político y cabildero sigue. A ver, al fin y al cabo, qué y quiénes terminan electrocutados.
Así comenzó el día de hoy, jueves, en los círculos interiores de la Legislatura, repasando esta versión remendada del proyecto 1523, luego de las enmiendas que se le realizó tras ser aprobado por el Senado. Aquí presentamos ese borrador, aún en discusión, y recuerde que este documento NO es el del proyecto con las enmiendas finales:
Proyecto del Senado 1523 by Diálogo
Informe presentado por la firma consultora Customized Energy Solutions, durante un simposio del Instituto de Competividad y Sostenibilidad Económica en un hotel capitalino el martes pasado:
CES – Present and Future Opportunities for Beneficial PREPA Reform by Diálogo
