El personal docente de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA) realizó una serie de recomendaciones al borrador del plan fiscal que la UPR presentó a la Junta de Gobierno de la institución durante una reunión extraordinaria reciente, realizada en ese campus universitario.
Unos 120 miembros de la facultad se dieron cita para presentar propuestas al plan fiscal en el cónclave convocado por la rectora interina, Sylka V. Torres Navas, a petición de la Asociación de Personal Docente de Arecibo (APDA).
Los profesores se concentraron en buscar opciones para detener el recorte inicial, propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF), de $300 millones al primer centro docente del país. Posteriormente a esta asamblea el organismo federal exigió que fueran $450 millones.
Entre las propuestas de la ADPA se menciona renegociar la cubierta del plan médico, con el propósito de disminuir el impacto económico que representa para los empleados de la UPR. También sugieren cumplir con las recomendaciones actuariales de la Junta de Retiro de la UPR. En este renglón recomiendan que por cada dos profesores que se retiren, se contrate uno para mantener un flujo y que no haya un desbalance entre retirados y contratados.
Asimismo, proponen que las exenciones de matrícula de los estudiantes no se consideren en los recortes. Recomiendan, además, evitar en lo posible el aumento de la matrícula de los estudiantes. Igualmente, sugieren facilitar, a través de la autonomía académica, la revisión de los programas académicos existentes en la UPR sin menoscabar la importancia que tienen las artes en la educación integral de nuestros estudiantes.
Mencionaron, además, la eliminación de las licencias políticas y aumentar a un 50% el ajuste del presupuesto operacional de la Administración Central y no un diez por ciento, según lo recomendado en el borrador del plan fiscal.
Por otro lado, los profesores también presentaron siete medidas para allegar fondos a la universidad. Una de ellas insta a fomentar el desarrollo de micro empresas, de estudiantes o de empleados, que alleguen fondos al presupuesto y solicitar a cada departamento propuestas hacia esos fines, atemperando a la realidad actual el mecanismo de práctica intramural.
Sugirieron, además, fomentar la creación de programas de maestrías de forma rápida y abrir el preescolar a toda la comunidad como una empresa universitaria para los espacios disponibles, luego de matricular a los niños que son familia de los empleados. Propusieron administrar las máquinas expendedoras de refrescos o dulces para que los ingresos que se obtengan lleguen al fondo de la UPRA y no al fondo general. Asimismo, recomendaron generar un estudio que garantice que Arecibo logrará la matrícula suficiente para implementar universidad extendida (UNEX), entre otros.
El presidente de la APDA, José Jiménez, solicitó a la rectora interina de la UPRA que las propuestas elaboradas por ese organismo se lleven a la presidencia de la UPR y a la Junta de Gobierno. “Asumo que tan pronto se redacte el documento se enviará”, comentó.
La UPR tiene hasta el 31 de marzo para afinar el borrador del plan fiscal, antes que sea entregado a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Aunque la presidenta interina, Nivia Fernández, ha adelantado que la cifra de $450 millones es inalcanzable y rechazó presentarle a la JCF un plan que contemple la reducción de más del 50% del presupuesto de la universidad.
Los docentes también se pronunciaron en contra de la JCF y los recortes sugeridos. Los miembros de APDA dijeron que están convencidos de que la universidad “necesita reinventarse para tornarla más costo-efectiva y democrática”. Sin embargo, dejaron claro que consideran que las decisiones y el aporte económico lo debe hacer el mismo sector universitario, por lo que solicitaron un plazo mínimo de cuatro años para la implantación de las medidas recomendadas por parte de la comunidad universitaria, de acciones de reestructuración administrativa y organizacional.
Los recortes en la UPR Arecibo
De acuerdo con el plan fiscal propuesto por la presidencia de la UPR, el Senado Académico y la Junta Universitaria de UPRA, serían objeto de dramáticos recortes. Se propone reducir el presupuesto del Senado Académico de $381,544 a $66,929 y el de la Junta Universitaria de $25,151 a $4,462. El Comité de Diálogo Institucional para las Condiciones de Trabajo de los Docentes también enfrentaría una reducción de $25,151 a $4,462. Este organismo es el que establece la descarga o la compensación de los profesores a tiempo completo que realizan investigaciones u otros proyectos académicos, además de dar clases.
Las bonificaciones por funciones de administración tendrían una reducción de 25%. Actualmente, la cantidad asignada a ese renglón es de $319,068.54. Con 25% menos, esa partida quedaría en $239,301.00.
También, habría una reducción de 25% por concepto de gastos de viajes y dietas en misiones oficiales. Actualmente, la cifra es de $55,557.94 y se propone reducir esa asignación a $41,668.00. La economista y profesora de la UPRA, Martha Quiñones comentó que esa partida ya había sido reducida en presupuestos anteriores y agregó que “la mayoría de los profesores viajan pagando de su propio bolsillo o por dinero de propuestas”.
Otro 25% se reduciría en Gastos de Proyectos Institucionales y Actividades para la Comunidad Universitaria. De $53,809.69, se recortarían $13,452.42.
Con respecto al recorte de $27,371.90 menos del presupuesto para compra de materiales y mantenimiento de planta física, la profesora de economía no dudó en que no solo significará menos materiales para el mantenimiento, sino un impacto directo al bolsillo de los estudiantes, quienes serán los que invertirán en ellos.
Asimismo, la UPRA se enfrentaría a una reducción de 11% anual en la partida para energía eléctrica. A $1,300,000 destinados a este renglón se le quitarían $143,000.00. Sobre esto, Quiñones lamentó que dicha recomendación evidencie que “no se reconoce la capacidad que tenemos de establecer proyectos alternos de energía, y se debe incluir lograr ahorros en agua”.
También se recortaría un 14% en la aportación patronal al seguro médico de empleados, que actualmente es de $1,835,122.41, así como a la aportación patronal al seguro de cubierta de farmacia de empleados que en el presente es de $970,214.41
Según el borrador del plan fiscal preliminarmente esbozado por presidencia, se estiman recortes al presupuesto de la UPR de unos $142 millones para el año fiscal 2017-2018. De estos, $111 millones se sufragarían a través de ajustes a gastos operacionales de la UPR, y los restantes $31 millones se obtendrían por “la revisión de cargos de matrícula mediante un modelo ajustado a los ingresos y la revisión de la política de concesión de exenciones de matrícula”.
Al respecto, Quiñones observó que se se realizó un foro sobre este tema en la UPR en Río Piedras donde se indicó que no es real la posibilidad de lograr ingresos por concepto de matrícula. “La mayoría [de los estudiantes] son de bajos recursos”, aseguró. Señaló que en el caso de UPRA los alumnos de bajos recursos son alrededor del 80% de la población estudiantil. “Ajustarles la matrícula será problemático para justificarlo ante las becas. No existe tanta posibilidad para lograr obtener becas, afectando a los que menos tienen”, aseguró.
Por otro lado, la economista cuestionó las opciones que presenta el plan fiscal de la UPR para allegar nuevas fuentes de ingreso a la universidad. “Se le ofrece a la UPR la alternativa de recibir ingresos al ofrecer Educación Continua y educación nocturna a los empleados públicos. El problema es que esto se basa en la cantidad actual de agencias y se proyecta como posibles ingresos”, anotó.
Quiñones destacó que esto es caer en una trampa, pues el gobierno ha propuesto reducir las agencias gubernamentales de 118 a alrededor de 40. “A la mayoría ya le han reducido la cantidad de educación continua y lo que se ofrece es adiestramiento para los nuevos empleos, pero eso no generará la cantidad de ingresos que cuadren los ingresos que nos quitan. O sea, es ‘comida para hoy y hambre para el futuro’. En el futuro no van a existir esas partidas y mucho menos la cantidad de agencias”, afirmó.
La experta planteó que la UPR puede ofrecer: asesoría en ética, en presupuesto base cero, en métricas (desarrollarlas) de evaluación, en procesos de evaluación, en la medición de resultados, servicios de tutorías, el desarrollo de programas de computadoras para los procesos en línea y en la implementación de energía verde. Además de las asesorías en planes de usos, planes de desarrollo, planes de proyectos y otros. Agregó también la posibilidad de que la UPR pueda ayudar en la auditoría de la deuda pública del país.
Rechazo unánime al borrador de plan fiscal y las propuestas de la JCF
De otro lado, durante esa misma reunión la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios de la UPR en Arecibo se pronunció en contra del borrador de plan fiscal realizado por la presidencia de la institución, que propone un reajuste presupuestario de casi $200 millones. También se expresaron en contra del recorte de $300 millones inicialmente exigido por la Junta de Control Fiscal (JCF).
El rechazo se dio en medio de una reunión extraordinaria del claustro de la UPR en Arecibo donde, además, expresaron que una reestructuración a la UPR debe surgir por parte de la comunidad universitaria, resguardando la autonomía universitaria. Rechazaron un aumento en la matrícula y exigieron la auditoría de la deuda tanto de la UPR como la del país.
Según la resolución enviada por el capítulo de la APPU de Arecibo esto debe ser “antes de que se impongan recortes a los servicios esenciales del país y en particular a la educación”.
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