Sopesando la vehemente oposición del gobierno, la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó hoy unánimemente la reducción de dos días a la jornada laboral a todos los empleados de la Rama Ejecutiva –menos agentes de la Policía– efectivo desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018, cuando cierra este año fiscal, para lograr una liquidez de $218 millones.
Según datos del gobierno, la medida afectará a 138,415 empleados públicos que verán 10% menos en su salario y tendrá un impacto de $600 millones en la economía puertorriqueña en dos años, que se encuentra en recesión desde hace más de una década. Esta y otras consecuencias comenzarán a verse en menos de un mes.
El gobernador Ricardo Rosselló, así como los principales directivos fiscales de su administración –Gerardo Portela, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), y Christian Sobrino, representante del gobierno ante la JCF– habían rechazado la necesidad de una jornada laboral reducida.
Ayer, en conferencia de prensa en La Fortaleza, los tres funcionarios indicaron que el gobierno tenía en liquidez casi $1.8 mil millones.
Sin embargo, la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, justificó la reducción de la jornada laboral no solo porque se trata de lograr liquidez, sino porque la actual operación del gobierno es insostenible, lo que afecta simultáneamente los servicios a la ciudadanía y el costo de hacer negocios en la isla.
En síntesis, para el presente año fiscal el gobierno tenía que lograr $880 millones en ahorros por concepto de “right-sizing” del gobierno. Sin embargo, solo pudo evidenciar medidas de ahorro ascendentes a $662 millones. Las medidas para alcanzar los restantes $218 millones no convencieron a Jaresko, por lo que propuso la reducción de la jornada laboral a la JCF. Originalmente se contemplaba una reducción de cuatro días.
La directora ejecutiva del ente federal adelantó que la posible eliminación del bono de Navidad en los empleados públicos se considerará el 30 de septiembre.
El litigio dependerá de la junta, dice el gobierno
Sobre lo que sucederá después de hoy dependerá de si la reducción de la jornada laboral es una “recomendación” hecha por la JCF –como alega el gobierno– o una “condición” inherente al plan fiscal –como alega la junta–.
Con la jornada laboral reducida para lograr $218 millones en liquidez, la JCF plantea que ejecuta la “condición” que había impuesto en el plan fiscal certificado del gobierno en marzo pasado.
Sobrino, por su parte, argumentó que en el plan fiscal certificado “no se habla en ningún lado” de reducción de jornada laboral, que el gobierno “desde el día uno” no estuvo de acuerdo con tal propuesta y que, para todos los efectos, la reducción en la jornada laboral es una “recomendación” que pueden desacatar bajo la sección 205 de Promesa.
Dicha sección dispone que, de rechazar una recomendación de la JCF, el gobierno debe notificar por escrito la negativa y sus razones al organismo federal, al presidente Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos.
Pero bajo el supuesto de que es una “condición”, es previsible que la JCF recurra a los tribunales federales para obligar al gobierno a que ejecute la reducción de la jornada laboral.
Sobre esa posibilidad, el presidente de la JCF, José Carrión, expuso a la prensa que, de entablarse un pleito, se considerará el costo de la litigación. Advirtió, además, que si el litigio se extiende, podría tener el efecto contraproducente de aumentar el número de días de la reducción de jornada.
Rosselló ofrecerá un mensaje a las 5:30 p.m., en el que se espera reitere su a rechazo a la medida.
En repudio a la determinación de la junta, Sobrino dijo que “ha vivido toda su vida adulta en un Puerto Rico en crisis” que administraciones anteriores han fallado en atender. Adujo que las medidas que ha tomado este gobierno en cuanto a legislación y política pública para enfrentar el problema económico “no se ven desde los tiempos de [Rexford] Tugwell”, el último gobernador estadounidense.
JCF investigará las emisiones de deuda
Durante la novena reunión de la JCF en el hotel El Conquistador en Fajardo, la JCF aprobó la creación de un comité –compuesto por Carrión, Ana Matosantos, David Skeel y Arthur González– que seleccionará a un ente externo para investigar las emisiones de deuda del gobierno puertorriqueño.
Para todos los efectos prácticos, se trata de una auditoría. Carrión señaló que, como parte del proceso de investigación, dicho ente externo tendría el potencial de develar actuaciones ilegales.
“Siempre se partía de la premisa de que el tema se iba a atender en la corte. Lo que nos encontramos es que la acción fue limitada y entendíamos que para ser justos y correctos había que ampliar la base e investigar, no solo a un grupo selecto, sino a todo el que pudiese haber tenido una acción sobre este tema”, explicó el presidente de la junta.
Carrión aludía a una moción presentada la semana pasada por el Comité de Acreedores No Asegurados del Gobierno en el proceso de reestructuración de deuda en la corte federal, donde se solicita investigar a los bancos Santander, Popular y el Banco Gubernamental de Fomento con respecto a las representaciones que se hicieron en el proceso de venta de bonos.
“El comité escogerá a un tercero para presentarle al pueblo de Puerto Rico lo que nosotros descubramos. Si se descubre algo ilegal pues lógicamente lo referiremos a las autoridades”, sumó.
Aprueban plan fiscal para Cossec, postergan el de la UPR
En otros asuntos, la JCF certificó con enmiendas el plan fiscal de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec).
La corporación pública no emitió deuda, no tiene déficit, ni depende de fondos del gobierno central, por lo que puede operar sin mayores contratiempos. Uno de los riesgos que enfrenta, empero, es su responsabilidad como aseguradora frente a cooperativas que sí compraron bonos del gobierno o de sus instrumentalidades, por lo que reservó $283 millones para este año fiscal como contingencia.
Entre las enmiendas propuestas por Jaresko al plan fiscal de Cossec se incluye la necesidad de una legislación que dé más independencia al cuerpo de gobernanza de la entidad.
En cuanto al plan fiscal de la UPR aprobado el lunes, Carrión se limitó a decir que ya está bajo la revisión de la JCF.
