Al igual que otros sectores de la comunidad universitaria, la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) criticó el plan fiscal de la institución porque no considera el impacto –estimado en unos $212 millones– que tendrá en el fideicomiso del Sistema de Retiro, en potencial violación de la reglamentación universitaria y la ley Promesa.
La ley federal dispone en su sección 201 que los planes fiscales “deben proveer un financiamiento adecuado de los sistemas de retiro públicos”.
La contención de la Junta de Retiro, ventilada en la Resolución 3-2017-2018 a principios de mes, es que las medidas del plan fiscal de la UPR –como la congelación de plazas y la reducción de puestos de confianza en 20% y de puestos temporeros en 50%– “tendrán un impacto directo” en la sostenibilidad del fondo de pensiones, lo que significaría una pérdida de ingresos de $211,888,000 en los próximos diez años.
El cálculo anterior no considera el efecto en la capacidad de repago de la deuda actuarial –es decir, las obligaciones a corto, mediano y largo plazo con los empleados activos y retirados del sistema– del centro docente frente al fideicomiso del Sistema de Retiro de la institución, que en junio de 2016 rondaba los $1,456 millones.
La Junta de Retiro repudió asimismo que el plan fiscal de la UPR –al momento bajo la consideración de la Junta de Control Fiscal (JCF)– se haya hecho sin habérsele consultado, lo que explica por qué contiene datos no actualizados del Sistema de Retiro.
En el documento se detalló incorrectamente que la deuda actuarial totalizaba $1,460 millones al 30 de junio de 2015. La cifra y fecha correcta es $1,456 millones al 30 de junio de 2016.
Lo mismo ocurre con respecto a la solvencia del sistema: se detalla que es de 46.6% al 30 de junio del 2015, cuando en realidad es de 48.7% al 30 de junio del 2016 –el mejor porcentaje entre los sistemas de retiro gubernamentales–.
Delegada la controversia
El presidente de la Junta de Retiro, Eduardo Berríos, indicó ayer a Diálogo que tanto él como la directora ejecutiva del Sistema de Retiro, María del Carmen López, se reunieron con el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez, para discutir estos señalamientos.
En el encuentro, celebrado el pasado 15 de agosto, el único acuerdo al que se llegó fue que la Junta de Gobierno delegaría los señalamientos a su Comité de Asuntos del Sistema de Retiro, dijo Berríos.
El problema es que el plan fiscal podría ser certificado en cualquier momento por la JCF, lo que tornaría la controversia en una académica, aún cuando los datos estén incorrectos y las disposiciones del documento violenten las certificaciones de la propia Junta de Gobierno.
Por ejemplo, el plan fiscal de la UPR propone una reducción total de $40 millones por los próximos diez años en el pago de amortización de la deuda actuarial de la institución con el fideicomiso del Sistema de Retiro, en contravención a la Certificación 146 (2014-2015) de la propia Junta de Gobierno.
“Se le cuestionó la reducción anual de unos $4 millones y en qué se basó, y [Alomar Jiménez] no tuvo respuesta porque tenía que consultar con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para ver de dónde había salido ese recorte”, sostuvo Berríos.
“El asunto es que [la UPR] se comprometió, a través de su Junta de Gobierno, a pagar $82 millones este año, y ahora me dices sin razón que me vas a reducir $4 millones. Esto violaría no solo el pagaré de amortización de la deuda, sino la propia reglamentación universitaria”, agregó, lo que amenazaría el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Retiro con los empleados activos y retirados.
Diálogo procuró una reacción de funcionarios de la Junta de Gobierno de la UPR, pero las peticiones quedaron en el tintero.
Perpetuaría una insolvencia
De acuerdo con la resolución de la Junta de Retiro, el plan fiscal de la UPR –aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 31 de julio– “perpetúa” la congelación de plazas, lo que a su vez repercute en la solvencia del sistema.
Es decir, a mayor congelación y reducción de plazas, menor aportación patronal y del participante, lo que redunda en limitar la capacidad del sistema para cubrir las obligaciones con los pensionados y, simultáneamente, aumentar la deuda actuarial de la UPR con el fideicomiso.
Solo en el congelamiento de plazas –2% cada año en todos los campus y dependencias administrativas, más 4% en las unidades que se consolidarán a un recinto entre el 2019-2022– sumaría una liquidez de $722 millones para el 2026. La reducción en puestos de confianza y en puestos temporeros totalizaría $17 millones para el mismo año.
Desde el 2009 se han congelado 1,000 plazas, devela el documento.
La Junta de Retiro planteó que, de implementarse tal cual esta medida, “pone en riesgo la estabilidad económica del fideicomiso del [Sistema de] Retiro [de la] UPR, contribuyendo a la disminución de la razón de cobertura de fondos versus deuda”.
Como alternativa, propone que se reclute al menos 1% de esas plazas congeladas, pues los empleados cotizarían al 12%, lo que contribuiría a mantener la solvencia del sistema.
El fideicomiso del Sistema de Retiro de la UPR está inscrito en el Registro de Fideicomisos del Tribunal Supremo de Puerto Rico desde julio de 2016, por lo que sus activos no forman parte de las arcas financieras de la universidad. Dicho de otro modo, el sistema de retiro es un acreedor de la universidad.
El registro del fideicomiso significa a su vez que sus fondos tienen una protección adicional frente a una medida de clawback que le permitiría a la UPR arrogarse fondos para cumplir obligaciones de otra índole.
