El proceso criminal contra los nueve estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que el pasado 27 de abril irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno de la institución fue nuevamente aplazado.
El juez Aldo González Quesada concedió la solicitud de la Fiscalía para posponer la vista de regla 6 en alzada para el próximo 20 de septiembre debido a que el agente investigador del caso, Luis Muñiz Rodríguez continúa recibiendo atención médica en el estado de la Florida. El pasado 21 de agosto, la vista se pospuso por las mismas razones.
Los estudiantes acusados son Verónica Figueroa Huertas, Francisco Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Randiel Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Collazo Vázquez, Paola Figueroa Carrasquillo, Juan Silén y Mikael Rosa Rosa.
La Fiscalía acusó a los estudiantes por haber incurrido en motín (art. 242), escalamiento (art. 195), daño agravado (art. 199), violar el derecho de reunión (art. 179), restricción de libertad agravada (art. 156) y empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (art. 245), de acuerdo con el Código Penal de Puerto Rico.
Contra Silén y Rosa, la fiscalía buscará obtener una determinación de causa probable contra todos los delitos originalmente imputados. Mientras que para los restantes siete estudiantes, buscarán obtener similar determinación, pero solo para los delitos de motín y escalamiento. A estos siete estudiantes ya se les determinó causa probable para arresto por los delitos de restricción a la libertad, violar el derecho de reunión y por empleo de fuerza o intimidación.
A su salida del tribunal, la abogada Mayra López Mulero indicó que los términos que tiene Fiscalía para el proceso de regla 6 en alzada “técnicamente vencieron”. La letrada, sin embargo, aclaró que debido al paso del huracán Irma los términos fueron extendidos. El 20 de septiembre, de acuerdo con López Mulero, figura como el último día para que se dilucide el proceso de regla 6 en alzada.
Empero, para la abogada lo esencial del proceso de hoy fue la presentación de “prueba exculpatoria” por parte de la fiscalía. Durante la audiencia, la Fiscalía le comunicó al juez González Quesada la presentación de una declaración jurada del profesor José Martínez Cruzado que podría constituir prueba “beneficiosa” para la defensa de los estudiantes.
Martínez Cruzado fue representante claustral en la Junta de Gobierno durante el semestre académico 2016-2017.
De acuerdo, con la abogada Mayra López Mulero la declaración jurada del profesor “tiene una información que favorece la defensa de todos esos muchachos”.
Por su parte, el abogado Alvin Couto sostuvo que la declaración jurada del profesor, expresa que durante la irrupción de los estudiantes en la reunión “no se sintió amenazado”. Según el abogado, el hecho de que Martínez establezca no haberse sentido amenazado resulta fundamental para probar el delito grave de restricción a la libertad.
Naturalmente, la fiscal Yanira Colón -en un aparte con la prensa- no coincidió con los planteamientos de la representación legal de los estudiantes. “Una cosa es donde está sentada una persona si se siente amenazada o no se siente amenazada, no todo el mundo necesariamente tiene que sentir lo mismo. Eso no quiere decir que sea prueba exculpatoria. Eso simplemente es que si beneficia en algo al acusado nosotros estamos en la obligación de entregar dicha evidencia”, puntualizó.
A preguntas de los medios, la fiscal adujo varias razones por las cuales no entregaron antes la declaración jurada del profesor entre ellas la “falta de luz” en su oficina, la falta de contacto con los abogados y que ella “no trabaja esta jurisdicción”. Sin embargo, aclaró que “no necesariamente las declaraciones juradas se toman justamente antes de comenzar el proceso, se va levantando el expediente según sigue transcurriendo el caso”.
Durante la huelga estudiantil que mantuvo paralizado a varios de los recintos y unidades de la institución, un grupo de estudiantes irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno. Precisamente, en dicha reunión el ente rector universitario discutía el Plan Fiscal que la institución debía entregar a la Junta de Control Fiscal.
Fiscalía solicita teléfono celular de Santiago Cintrón
Asimismo, el ministerio público solicitó, por medio de una moción al Tribunal, que Santiago Cintrón hiciera entrega de su teléfono celular. El juez, por su parte, le otorgó 10 días al abogado Enrique Juliá, quien representa al estudiante, para expresarse en contra de la solicitud de fiscalía.
La fiscal, a su salida de la sala 1104, indicó que la solicitud obedece a que “probablemente” el equipo electrónico contiene videos de los hechos que se suscitaron ese día.
Sin embargo, Juliá -en un aparte con Diálogo– advirtió que dicha solicitud “es una expedición de pesca”. “Ellos especulan que ahí él puede haber grabado algo que les pueda ayudar a ellos en el caso”, precisó.
