El estado de emergencia que dejó el pasó del huracán María en la isla y en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao sirvió de justificación para otorgar contratos a tres compañías cuyos representantes donaron al Partido Nuevo Progresista (PNP). Entre las tres, los contratos suman $1.4 millones.
La compañía de construcción HOD Investments, incorporada en mayo del 2006, tiene un contrato de $729,901.00. La compañía de construcción Reyes Contractor Group, incorporada en abril del 2007, tiene dos: uno de $200,000 y otro de $292,690.75, para un total de $492,690.75. La compañía de seguridad West Security Service, incorporada en julio de 2007, tiene un contrato de $187,846.40. La cifra final, cuando se agregan las cuantías, es $1,410,438.15.
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Según los datos de la Oficina del Contralor Electoral, solo en el 2016 el presidente y vicepresidente de HOD Investments –Héctor Colón Avilés y Derling Acevedo Rivera, respectivamente– donaron conjuntamente $6,450 a varios candidatos del PNP, entre ellos el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y la senadora Evelyn Vázquez. Esa cifra es apenas 0.88% de lo que tendría que pagarse a la compañía por los servicios que rindió en la UPR en Humacao.
En ese mismo año eleccionario, el presidente de Reyes Contractor Group, Dennys Reyes Vega, efectuó una donación de $2,000 a Rosselló Nevares –0.41% de lo que ganará su compañía con los contratos de la UPR en Humacao–. Tanto Reyes Vega como el vicepresidente de la compañía, Alexis Berríos Torres, también donaron conjuntamente $2,750 al entonces candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier.
En cuanto a West Security Service, el actual presidente, Miguel Pujols Soto, llegó a la compañía en abril de 2017. En el 2016, el presidente era José Infante Olavarría, que realizó tres donaciones ascendentes a $1,950, una de las cuales benefició a Rivera Schatz y otra al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez. Eso es el 1.03% de lo que se ganará la compañía con el contrato en el campus humacaeño. Además de Infante Olavarría, el vicepresidente de West Security Service en el 2016, José Durán, donó igualmente $1,950 a alcaldes del PPD.
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Diálogo solicitó en tres ocasiones (el 29 de mayo, así como el 1 y el 15 de junio) una entrevista con el rector interino de la UPR en Humacao, Héctor Ríos Maury, con la intención de conocer cómo había sido el proceso de otorgación de dichos contratos y qué criterios se siguieron para escoger a estas compañías –particularmente West Security Service, pues sus oficinas están en San Sebastián, que es el pueblo de origen del funcionario– pero no tuvo éxito, más allá de conseguir una entrevista con el decano interino de Administración de la UPR en Humacao, Carlos Figueroa Pérez. El decano dijo “desconocer” y no tener detalles de que los contratistas de estas compañías estuvieran vinculados de forma alguna con el PNP.
Este medio también interesaba ver la documentación relativa al Reglamento sobre adquisición de equipos, materiales, y servicios no personales de la Universidad de Puerto Rico, que dispone en su artículo 12 que, en casos de emergencia, no hay que realizar una subasta, pero sí solicitar –como mínimo– tres ofertas para la compra de bienes o servicios, de las que habrá que seleccionarse la que represente “la mejor oferta”. Dicho artículo también dispone que se podrá comprar un bien o servicio a una sola persona o compañía, “siempre que constituya la solución más rápida, efectiva y económica dentro de las circunstancias”. Para ello insistimos conversar con el rector interino.
El jueves 21 de junio, tras abordarlo en los actos de graduación de la UPR en Carolina, Ríos Maury afirmó estar disponible para una entrevista y para mostrar los documentos al próximo día, el viernes 22 de junio a las 3:00 p.m., para lo que pidió que se hiciera una cuarta petición de entrevista, lo que se hizo. Pero en la mañana del viernes 22 indicó que la concedería el martes 3 de julio.
Atraso cuestionable en los trabajos
A pesar de que el contrato de HOD Investments detalla que la compañía tendría cuatro meses –entre el 3 de enero y el 7 de mayo– para realizar los trabajos de impermeabilización en los techos de los edificios de Ciencias Administrativas y Biblioteca, así como reparar el techo del Complejo Deportivo, Diálogo pudo constatar en una visita el 29 de mayo –cuando el contrato, por definición, había finalizado– que los trabajos continuaban en el Edificio de la Biblioteca, y que no había indicios de que hubieran comenzado en el Complejo Deportivo.
El propio decano interino de Administración, Figueroa Pérez, dijo cuando lo entrevistamos el 5 de junio que la impermeabilización del techo de la biblioteca estaba por culminar, que se estaba trabajando en la reparación del techo del Complejo Deportivo, y que la impermeabilización del Edificio de Ciencias Administrativas estaba comenzando. Todo esto, un mes después de que las labores, se supone, estuvieran completas, de acuerdo con los términos del contrato al que este medio tuvo acceso.
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Cuestionado sobre por qué los trabajos no habían culminado cuatro meses después, Figueroa Pérez expuso que “son trabajos que dependen de diversas situaciones de burocracia, inclusive [burocracia] gubernamental, y algunos de ellos son altamente costosos, por lo que necesitamos cash flow para poder trabajar. Aparte de ello, en Humacao hay una distinción particular del clima, que cada vez que llueve pues los procesos de impermeabilización se tienen que detener porque no podemos instalar material con el área húmeda”.
Inquirido, además, sobre si se estaba aplicando la multa diaria de $350 por atraso en las labores, como dispone el contrato, agregó que “si es por situaciones de clima pues tenemos que ser responsables con la empresa porque eso también está fuera de su control. Pero si son atrasos que se deben a otras situaciones que no son el clima, pues sí hay multa”. Sin embargo, el contrato no estipula que los días de atraso por condiciones climatológicas están exentos de multa.
Pero sanción aparte, la necesidad de dinero en efectivo no encaja con el hecho de que HOD Investments obtuvo una enmienda en su contrato para cobrar la totalidad de la cuantía ($729,901) el próximo 30 de junio. La razón de por qué se enmendó el contrato no pudo ser especificada por Figueroa Pérez.
Este proceder se diferencia de los otros contratos por servicios de construcción que fueron revisados: en estos, lo usual es que se realice un pago inicial al contratista de un 20% a un 40% del costo de las labores para que estas puedan comenzarse, y el por ciento restante se pagaría una vez el seguro desembolse, o en otra fecha a determinarse entre las partes –pero no en una fecha fija–.
Además, los $729,901 superan los $432,000 que recibió la UPR en Humacao de la compañía aseguradora.
Figueroa Pérez dijo que ese desembolso del seguro ha ido a financiar los trabajos de esa compañía. El problema es que la mayoría de los contratos de otras compañías de construcción también tienen cláusulas de cobro contingente a que el seguro desembolse dinero. La UPR en Humacao cotizó $32 millones en daños, pero solo ha recibo dichos $432,000. Tampoco hay garantía de que reciba toda esa cuantía, por lo que el pago a esas otras empresas luce, a lo menos, incierto, lo que tiene el efecto en cadena de atrasar los trabajos de revitalización al interior de estos edificios, reconoció el decano interino.
“Algunos de los contratistas tienen unos contratos bien específicos, pero no todos los contratistas vienen y te hacen el trabajo y esperan a que el seguro te pague para después ellos cobrar. Todo depende de cuánto tenemos en caja, y tenemos un poco limitado el presupuesto, por los reembolsos del seguro y también por colaboraciones por parte de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Entonces todo eso se detiene, porque no tenemos $32 millones esperando para invertirlos de hoy a mañana”, expuso.
“La idea nuestra es que ya de cara al nuevo semestre tratemos de tener la mayoría de nuestros edificios impermeabilizados y limpios e internamente pintados”, sumó Figueroa Pérez.
