La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público cuestionó el gasto de 16 millones de dólares en una investigación sobre la deuda pública del País, impulsada por la Junta de Control Fiscal (JCF).
“Luego de revisar el informe y escuchar la vista pública de la Junta y Kobre & Kim, es lamentable que el País, en medio de toda esta crisis, esté pagando 16 millones por una investigación que está muy lejos de ser una auditoría de la deuda”, declaró la entidad en un comunicado de prensa.
El ente federal realizó una audiencia pública ayer para presentar los hallazgos del informe del investigador independiente Kobre & Kim sobre la deuda de Puerto Rico y su relación con la crisis fiscal.
“El informe ni siquiera señala a los responsables de esta crisis, no contesta las preguntas más importantes sobre la constitucionalidad de la deuda y se publica en un contexto en el cual el Gobierno y la Junta han anunciado acuerdos de restructuración de la deuda con los bonistas de Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), COFINA y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que parten de la premisa de que esas deudas son legales y exigibles. ¿En qué se benefició el pueblo de Puerto Rico de esta investigación?”, manifestó Luis José Torres Asencio, profesor de derecho constitucional y vice-presidente de la Comisión.
La Comisión se describe, en el comunicado enviado, como una corporación sin fines de lucro que busca realizar una auditoría integral del crédito público para beneficio del pueblo de Puerto Rico. El organismo, de naturaleza estrictamente ciudadana, intenta darle continuidad a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97-2015, que fue eliminada.
“Esta investigación no cumple con los elementos básicos de una auditoría de la deuda que tanto necesitamos. Por ejemplo, no se pasó juicio sobre los actos que llevaron al problema de endeudamiento que estamos sufriendo. Sólo se hace un relato de los hechos. Pero en una auditoría se tiene que hacer una evaluación detalla y hacer conclusiones sobre si se actuó correctamente o no. Tampoco se señala responsabilidad, como una auditoría forense haría”, añadió José González Taboada, CPA e integrante de la Comisión.
La Comisión intentó infructuosamente comparecer a la audiencia y presentar una ponencia exponiendo las principales fallas del informe, así como la necesidad de realizar una auditoría integral ciudadana de la deuda, de acuerdo con sus integrantes.
“Resulta verdaderamente lamentable que la Junta le haya cerrado las puertas a la Comisión y al pueblo de Puerto Rico para participar efectivamente en la discusión del informe. Su proceder refleja que la audiencia no era más que un pretexto para intentar transmitir la impresión de que hubo alguna participación ciudadana en la evaluación del documento. Sin embargo, el hecho de que controlaran quiénes servirían de ponentes en la actividad, así como que hasta se abstuvieran de mencionar y contestar las preguntas enviadas por la Comisión, revela que la audiencia pública es otra burla más al País”, acotó Roberto Pagán Rodríguez, líder sindical y presidente de la Comisión.
Las preguntas sometidas por el organismo fueron:
1- Ante los señalamientos incluidos en el informe, así como el reconocimiento de que hay varias controversias constitucionales sobre las cuáles el informe se abstiene de pronunciarse, ¿por qué no se paralizan los procedimientos dirigidos a llegar a acuerdos con acreedores y dar inmunidad a personas y entidades por su rol en estas transacciones, hasta realizar una auditoría integral de la deuda?
2- Independientemente de que las disposiciones sobre conflictos de interés de la Ley de 1940 no fueran extensivas a Puerto Rico, ¿no podría plantearse que la existencia de esos conflictos incide sobre el deber de fiducia de las entidades financieras con los acreedores y el Gobierno (y el pueblo de Puerto Rico)?
3- ¿Por qué no se hace público el depositorio de información recopilada por Kobre & Kim, o al menos toda la información sobre la cual no se haya reclamado confidencialidad?
4- Con toda la información que surge de esa investigación, ¿ no hay más base todavía para una auditoría de la deuda?
5- Conociendo el costo tan alto que tiene el sistema de salud de Puerto Rico y ante la ausencia de un análisis en el informe de cómo el modelo de sistema de salud ha contribuido a la deuda pública, ¿comisionarán un estudio que permita la implantación de un modelo más costo-eficiente?
6- ¿Por qué el informe no incluyó un análisis del sistema de salud y su relación con la deuda pública?
La Comisión Ciudadana también informó que que está próxima a publicar un análisis detallado sobre el informe de Kobre and Kim para el beneficio de la ciudadana.
Finalmente, Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda expresó que esa organización se reafirma en la urgencia de una auditoría integral y ciudadana de la deuda pública.
“Es lamentable que la Junta de Control Fiscal mienta e insista en que con el informe de la firma Kobre & Kim se cumple con este pedido. Nada más lejos de la verdad. Este informe para lo que sirve es para seguir dando pie a la necesidad de una auditoría real de la deuda. El mismo recoge una cantidad de instancias donde se actuó lejos de los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, pero sin señalar quiénes deben responder por estos actos”, denunció.
La auditoría de la deuda ha logrado el respaldo de más de 150,000 personas a través de la petición de firmas en www.auditoriaya.org y reunir el respaldo público de distintas organizaciones públicas, entre las que destacan la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la Asociación de Economía Política, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Liga de Cooperativas, Empresarios por Puerto Rico, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, VAMOS y Espacios Abiertos, entre otras.
JCF: “El informe contiene recomendaciones específicas”
Por su parte, la JCF indicó en otro comunicado de prensa que el informe de Kobre & Kim incluye un análisis exhaustivo de las posibles causas de acción y numerosas recomendaciones para Puerto Rico y sus funcionarios de gobierno, para asegurar que la Isla nunca tenga que volver a pasar por una crisis de endeudamiento.
“El informe contiene recomendaciones específicas para varias de las entidades gubernamentales emisoras de deuda de Puerto Rico, así como con respecto a las prácticas de administración financiera, presupuestaria y contable del gobierno y reformas de gobernanza de las utilidades públicas”, asegura el comunicado.
El documento, sin embargo, se concentra en hacer recomendaciones a las entidades gubernamentales y no aborda el tema de la legalidad de la deuda ni pasa juicio sobre las acciones de quienes intervinieron en los procesos decisionales relacionados con la deuda pública del País, ascendente a más de $70 mil millones.
Algunas de las recomendaciones incluidas en el informe de 600 páginas son: recomponer las juntas de directores de las utilidades públicas para que incluyan una combinación de miembros nombrados por el gobernador e independientes, con plazos más largos y escalonados en todas las administraciones; establecer juntas tarifarias independientes para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y enmendar la Constitución de Puerto Rico para que las deudas estructuradas bajo titularización de impuestos, tales como COFINA, cuenten para el cálculo del límite de la deuda constitucional.
También sugiere adoptar un estatuto que requiera que los bonos o la estructura del emisor sean validados por un tribunal de jurisdicción competente antes de que se emita la deuda; adoptar un sistema de contabilidad y presupuesto conjunto y modernizado que, entre otros mecanismos, incorpore controles automáticos de suspensión de pagos para las categorías presupuestarias agotadas; reducir permanentemente el porcentaje de activos de Puerto Rico en el que deben invertir los fondos en la isla, y hacer que la Oficina de Ética Gubernamental emprenda reformas específicas, incluida la implementación de un programa de denuncias o recompensas.
“Las recomendaciones contenidas en el informe intentan evitar que Puerto Rico vuelva a enfrentar el tipo de crisis de deuda que enfrentamos ahora. La evaluación seria de estas recomendaciones es fundamental para garantizar que esto nunca vuelva a ocurrir”, señaló Ana Matosantos, miembro del Comité de Investigaciones Especiales.
“El informe encontró muchas prácticas problemáticas, así como instancias en las que los ingresos de los bonos no se usaron para los fines para los que fueron emitidos. También identifica problemas que podrían conducir a posibles reclamaciones. Lo más importante es que provee una base sólida para el trabajo que está por venir: resolver la deuda y los asuntos fiscales que tenemos ante nosotros, y para que el gobierno de Puerto Rico y su gente decidan qué cambios hacer para evitar que esto vuelva a suceder”, dijo Matosantos.
El organismo federal señaló que creó un Comité Especial de Reclamaciones para evaluar los hallazgos del informe que podrían conducir a potenciales reclamaciones y decidir cuáles perseguir. El comité está compuesto por los miembros de la Junta Arthur González, Ana Matosantos, David Skeel y Andrew Biggs.
Se indicó que el informe completo está disponible en la página de Internet de la Junta: www.juntasupervision.pr.gov.
