La Ley Especial Sobre Emergencia Fiscal de Puerto Rico (Ley 7 del 9 de marzo de 2009) forma parte de la política económica del gobierno de Luis Fortuño dirigida a efectuar una reestructuración abarcadora y profunda de la economía y sociedad puertorriqueña, y la Universidad de Puerto Rico (UPR), según explica el catedrático de economía política Argeo Quiñónez, no está fuera de esa agenda. El impacto financiero de esta legislación en las arcas de la UPR luce adverso, pues ésta no podrá contar con los recaudos adicionales que surjan de la implantación de la Ley 7. Este estatuto dispuso además, el aumento de la asignación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), por lo que los primeros $600 millones recaudados por concepto del IVU se destinarán a dicha institución. COFINA es una corporación adscrita al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, con la facultad de emitir bonos y utilizar otros mecanismos para el financiamiento de la deuda extraconstitucional, creada por la Ley Núm. 91 del 13 de mayo de 2006, bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá. La Ley 91 creó además el Fondo de Interés Apremiante, que se nutría del 1% de los recaudos generados por el IVU. No obstante, la primera medida de la administración de Fortuño, la Ley 1 del 14 de enero de 2009 aumentó la porción del IVU a destinar a los bonos COFINA, del 1% al 2%, y, posteriormente, la Ley 7 asignó un .75 adicional del IVU a este fondo, para un total de 2.75 por ciento. Según concuerdan los bonistas, se prevé que durante los próximos 35 a 50 años, la deuda de COFINA crecerá a un 4% anual. Un panorama poco alentador pues todo esto ocurre en el contexto de una reducción de alrededor de $2,000 millones en los ingresos netos al Fondo General. De modo que, en los próximos ejercicios de presupuesto para el gobierno central la base sobre la que se calcula el 9.6% para el presupuesto de la UPR será mucho menor y la institución enfrentará mayor competencia con otras áreas operacionales del gobierno. “Me temo que hay un modelo que persigue unos lineamientos de la contabilidad empresarial. Se ha tomado como guía un documento titulado Recomendaciones para promover una verdadera reforma en las operaciones del gobierno de Puerto Rico que propicie un sistema de desarrollo económico sostenido para la Isla, y fue elaborado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA)”, apuntó. En dicho documento se proponen recortes que representarían $231 millones en ahorros al gobierno; una cifra que se aproxima a los $250 millones que el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García, anunció recientemente y que implicaría la eliminación de cerca de 40 agencias públicas. “Es una reorganización que no sigue un sentido lógico operacional, sino un resultado financiero inmediato. No se plantearon los nefastos resultados de los despidos ni cuáles van a ser las funciones que desempeñará el gobierno”, criticó. Según la propuesta del CCPA, en lugar de asignar el dinero de la fórmula, “que beneficia y fortalece la autonomía de la institución”, se plantea que se les provea el dinero a los estudiantes para que escojan la universidad a la que prefieran asistir y paguen los créditos a precios de mercado. “Se estaría lanzando al Primer Centro Docente del país a competir con las universidades privadas por los fondos públicos provenientes de la fórmula del 9.6%. Una propuesta fatal porque le quitaría todo el elemento de bien público que tiene la educación superior provista por el Estado. Es una privatización de facto. Algunos recintos de la UPR no serán viables y con toda posibilidad los privatizarán”, afirmó el catedrático. A juicio de Quiñónez, esta propuesta de asignar el dinero que recibe la UPR mediante la fórmula a los estudiantes no toma en consideración que estos vienen precisamente a la universidad a formarse y educarse. Es decir, que aún no cuentan con criterios suficientes para determinar la oferta y contenido curricular correspondiente a las diversas disciplinas. “Por lo general, pueden evaluar la forma pero no el contenido de las asignaturas. Ahí sucumbiría la excelencia y calidad de la enseñanza, porque la evaluación de la educación no puede estar sujeto a una lógica de clientela”, denunció Quiñónez. De otra parte, el mentado plan de los contadores públicos tiene como objetivo descentralizar todo el sistema universitario público, de manera que cada recinto se convierta en una universidad independiente. Una auténtica dicotomía porque de un lado se descentraliza la Administración Central de la UPR –hecho que tiene partidarios y detractores– pero, de otro lado, se le otorgaría autonomía a cada uno de los 11 recintos. Es decir, que los fondos operacionales serían mayores. Estudiar lo rentable La privatización de la educación universitaria lleva consigo el encarecimiento de una serie de disciplinas porque éstas dejarían de ser “rentables” en la medida en que el conocimiento no se puede mercadear. “No puedes endeudarte para estudiar eso, por lo tanto no lo estudias”, podría ser la recomendación a estudiantes que quisieran optar por inscribirse en programas académicos con materias del pensamiento abstracto, como la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades, entre otras. “Es una reducción de todo lo social a la lógica mercantil”, resume el también consejero del Departamento Graduado de Economía. “Es irónico porque estamos en la Era del Conocimiento y en la que más se enfatiza hoy es en la economía del conocimiento. O sea, lo que prima es generar un conocimiento y devolverlo. Un ejemplo bien ilustrado es la investigación médica en la que se patentiza, se vende y se recupera toda la inversión del estudio”, observó. Desde hace dos décadas se viene hablando, especialmente en la Academia, de la introducción de un sesgo contra todo lo que potencia el desarrollo individual y colectivo, que sirve para nivelar la distribución de oportunidades e igualdades. Si una sociedad no se comunica y no logra un sosiego, esa economía del conocimiento no prosperará. En palabras de Quiñónez, “sería como pretender desarrollar un país sólo en ciencias e ingenierías, mientras el país arde en llamas de criminalidad y todo tipo de males sociales”, observó. Los retos La UPR afronta momentos muy difíciles. Por un lado, está la tensa situación laboral entre la comunidad universitaria y por otro, el dificultoso proceso de la transición presidencial. Resuena que para diciembre la institución aún no podrá contar con un presidente en propiedad. “Se quiere presidir en la abundancia y éste es un momento flaco”, sostuvo la doctora Silvia Álvarez Curbelo, quien hasta el pasado mes estuvo a cargo de la asesoría en materia de comunicación del saliente presidente Antonio García Padilla. Por otro lado, la ausencia de un soporte financiero pone en vilo todo lo que se ha logrado desde el 1966 cuando se le concedió autonomía fiscal a la Universidad. Para cuadrar el presupuesto del presente año fiscal, la Universidad tuvo que recurrir a las denominadas “medidas cautelares”, que causaron bastante malestar entre la comunidad universitaria. Las que más preocupaciones ocasionaron fueron la congelación de plazas vacantes, la reducción del pago de exceso de vacaciones de licencias ordinarias, la incorporación del personal docente en tareas administrativas, la reducción de 90 por ciento en requerimientos de horas extras, que a su vez trae la estela en la reducción de ofrecimientos y cursos académicos. Con estas medidas se consiguieron ahorros de aproximadamente $20 millones, pero, según el Comité de Asuntos Financieros del Presidente de la UPR, aún no es suficiente. Esta cifra no solventará la insuficiencia de la reducción de $111 millones en la aportación estatal al funcionamiento de la Universidad. Entre tanto, quedan pendientes los reclamos contractuales de algunas organizaciones gremiales. Tanto Álvarez como el doctor Samuel Torres, asesor financiero de varias administraciones presidenciales de la UPR, coinciden en que desde el 1993 se han estado honrando los aumentos salariales consecutivamente, pero decretar un gasto recurrente del aumento salarial es algo que no se puede en estos momentos. También queda sobre la mesa la continuidad de una agenda de varios proyectos institucionales. Ambos, Álvarez y Torres catalogaron emblemáticos los proyectos de biotecnología y el de Acceso y Éxito, que desarrolla estrategias para asegurar igual oportunidad de acceso a la UPR en función de sus talentos y probabilidades de éxito. Esta última iniciativa busca reducir para el 2015 las brechas existentes en las tasas de admisión y graduación entre los estudiantes socio-económicamente desaventajados y los provenientes de los grupos más solventes. La UPR ha estado al servicio del País desde su fundación, reducir ese espacio y desconectarlo del diálogo y del debate público es algo que se resiste, y en esto concuerdan los entrevistados: se espera que la presente transición administrativa en la Universidad no interrumpa ninguno de los proyectos estratégicos, lo que resultaría en detrimento de la calidad académica, de la investigación, del vínculo con el ex alumno, y los estándares de acreditación. Pero se teme que el factor político determine las prioridades. Resolución sobre Integridad del Sistema Universitario octubre 9, 2009 Lic. Ygrí Rivera de Martínez Junta de Síndicos A la comunidad universitaria La Junta de Síndicos, ante la desinformación que circula en el País sobre el futuro de nuestra Universidad y de su integridad, aprobó anoche la Resolución en la que la Junta deja plasmado su compromiso inquebrantable con la preservación y mantenimiento del sistema universitario según el mismo está organizado al presente, sus unidades institucionales, sus instalaciones físicas, su libertad académica, y con la comunidad universitaria en ella constituida. La Resolución de la Junta, consecuente con su compromiso, declara con meridiana claridad, que ninguna de sus unidades institucionales ni sus instalaciones físicas ni han sido, ni serán vendidas, enajenadas o privatizadas en forma alguna por esta Junta. No debe quedar duda de que la Junta defenderá la integridad física y orgánica de la Universidad de Puerto Rico en todos los foros. Para ver la edición de Diálogo en PDF haga click aquí
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Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.