Agricultores puertorriqueños hicieron un llamado urgente al Centro Unido de Detallistas, (CUD Puerto Rico), para que el gobierno provea mayores incentivos para sus empresas.
Destacaron que no pueden competir con las empresas importadoras para vender sus productos porque las regulaciones son excesivas y onerosas y alegaron que el gobierno elimina las ayudas sociales y “cada día los subsidios se están eliminando”.
El presidente del CUD, Jesús E. Vázquez convocó a los agricultores de diversos pueblos de la Isla, a una reunión donde se comprometió a llevar la problemática a las agencias gubernamentales para ser puente de ayuda para el sector agrícola.
“Tenemos un deber con este grupo de empresarios que se le va la vida para poder echar hacia adelante sus negocios y el gobierno no le da la mano. Haremos lo imposible para que sus reclamos sean escuchados”, sostuvo.
Por su parte, Cindy Cruz agricultora, dijo que la implementación de las regulaciones que se le exige al agricultor para estar en cumplimiento con FSMA son excesivas y onerosas. Por otra parte, también mencionó la preocupación de que se están cancelando las inversiones de los agricultores.
“Conozco compañeros con proyectos de inversión aprobados de sobre $250 mil dólares, no ha logrado completar el proyecto o comprar los equipos, solicitan prórroga de tiempo, la misma se les concede por un periodo de tiempo no mayor a tres meses. A pesar de los esfuerzos humanos por cumplir con la inversión no es posible ya que la situación del COVID-19 ha afectado los suministros de materiales a nivel mundial. Una gran parte de los suministros y equipos que conforman parte de estas inversiones vienen del extranjero. A esto le agregamos la falta de mano de obra disponible en la industria de la construcción que ha provocado que todos los proyectos se retrasen. PRIDCO también está desalojando a inquilinos otorgándole un periodo de tiempo inaceptable para mover una operación agrícola en producción. El agricultor no tiene lugar donde ubicarse con su operación”, denunció Cruz.
Otro asunto que discutieron los agricultores fue la certificaciones de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA, por sus siglas en inglés) que la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, en inglés) comenzó a hacer cumplir a principios de 2020, donde tienen que pagar sobre $15 mil.
Los agricultores exigen además que se establezca un plan de siembra a nivel isla y que se cree un plan de trabajo con siembras escalonadas. Cruz dijo que es cuesta arriba competir en la industria agrícola contra un 90% que es extranjera.
Además, los agricultores entienden que debe haber una mejor comunicación del gobierno con la industria agrícola. “Las agencias gubernamentales deben ayudarnos en la mano de obra e imponer un impuesto a los importadores para poder competir en igualdad”.
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