La esperanza de poder traducir utopías en reformas ha llevado a un renacer del movimiento universitario latinoamericano que se verifica desde finales de la década de los noventa. Además de luchas estudiantiles que siguen activas en diversos lugares, incluyendo a Puerto Rico, los profesores, los investigadores, los rectores, trabajadores universitarios, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios de los Ministerios de Educación, se han movilizado reiteradamente en defensa de la educación superior pública. En disputa a nivel internacional están dos visiones de la educación superior: una que la define como un bien público social, como un derecho humano fundamental; y otra que la concibe como un servicio sujeto a las leyes del mercado; por ende, se piensa que debe ser el mercado quien se encargue de ofrecerla y organizarla a través de la Organización Mundial del Comercio. La primera visión la defienden con ahínco todos los países de América Latina y el Caribe, mientras que en Estados Unidos y en varios países europeos y asiáticos importantes sectores políticos suscriben la visión mercantilista de la educación superior. Hace menos de un año, se celebró en Paris la Segunda Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO. Allí las delegaciones latinoamericanas abogaron porque ésta fuera considerada un instrumento fundamental para la construcción de un futuro mejor para toda la población del planeta. Insistieron en la necesidad de contar con recursos adecuados para que las universidades públicas puedan atender una creciente demanda, asegurando oportunidades educativas a toda la población. Plantearon, además, su compromiso de convertirse en pivote de un desarrollo económico y social sostenible, ya que es en ellas donde se concentra la mayor capacidad de investigación y de generación de nuevo conocimiento. América Latina está unida en este empeño y desarrollando numerosos programas bilaterales y regionales dirigidos a fortalecer sus universidades públicas. Es impensable que un jefe de estado de la región pueda arremeter contra la universidad pública, como se está haciendo en Puerto Rico. Las corrientes avasalladoras de la privatización y la expansión de mercados que buscan los países desarrollados amenazan seriamente a las universidades públicas de la región. En la Cumbre de la UNESCO se dio una fuerte confrontación de posiciones, donde las delegaciones de América Latina y del Caribe fueron actores principales de la defensa de la educación superior como un “derecho humano y un bien público social”. Previamente, se había hecho una Conferencia Regional en junio de 2008 en Cartagena de Indias, Colombia, donde se reunieron sobre 3,500 líderes universitarios latinoamericanos y caribeños que reafirmaron los siguientes principios básicos: * La educación superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho y de asegurar una educación pertinente y de calidad. * El acceso a la educación superior debe ser un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas, para lo cual los países deben instrumentar estrategias que lo aseguren. * Calidad y pertinencia son conceptos indisociables. La pertinencia se refiere al papel y lugar de la educación en la sociedad, en la investigación, la enseñanza, el aprendizaje y en los compromisos con el mundo laboral, que ayuden a lograr un alto nivel de desarrollo económico y de cohesión social. La calidad requiere de buenos procesos de selección de personal, de planes de estudio adecuados y de programas que faciliten la movilidad de estudiantes y profesores, así como el uso de las nuevas tecnologías y un fuerte componente de investigación. * Se reafirma que es ineludible la libertad académica para poder determinar prioridades sobre la base de la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad universitaria, así como para tomar decisiones según los valores públicos que fundamentan la ciencia y el bienestar social. * La autonomía universitaria se concibe como un derecho y una condición necesaria para el trabajo académico con libertad; ella implica un compromiso social y con la rendición de cuentas hacia la sociedad. * La participación de las comunidades académicas en la gestión y, en especial la participación de los estudiantes, es esencial al buen funcionamiento de la universidad pública. * Se rechaza la incorporación de la educación como un servicio comercial en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta postura latinoamericana ha debido enfrentar la fenomenal oposición de aquellos que ven en la educación superior un multimillonario negocio global que cada día crece exponencialmente y que busca organizar el suministro transfronterizo de servicios educativos. Estos “educadores con espíritu empresarial” buscan que los países en desarrollo acepten a las universidades e institutos privados transnacionales como el mejor camino estratégico para organizar y ofrecer educación superior. Pero a pesar del intenso trabajo de los delegados latinoamericanos, no se logró que la Declaración de la Cumbre de 2009 hiciera un rechazo expreso a la incorporación de la educación superior en el Acuerdo General de Comercio de Servicios. Ello significa que el proceso en la OMC sigue avanzando con pie firme y que la comunidad académica deberá continuar alerta a la expansión de la educación superior privada y transnacional y a la posible privatización de universidades o instituciones educativas públicas. En América Latina las voluntades de detener el proceso se han coagulado en la creación del espacio Encuentro Latino Americano y Caribeño de Enseñanza Superior (ENLACES), que vincula a todo el subcontinente y cuya creación fue decidida por la CRES 2008, habiendo comenzado su actividad el 2 de junio de 2009 en la reunión convocada por IESALC en Lima, Perú. Es evidente que Puerto Rico necesita definir donde queda en esta discusión. La huelga estudiantil iniciada el 22 de abril busca justamente afianzar la visión de la educación superior como un derecho fundamental y un bien público social. Pero sería importante que en esta coyuntura los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria pudieran concertar acuerdos relacionados a la misión de la universidad, la forma de gestionarla y los contenidos de la oferta educativa, de manera de mover el debate más allá del necesario reclamo de recursos financieros que aseguren su estabilidad. Se necesita discutir lo que es pertinencia y calidad en el contexto puertorriqueño. Como institución, la UPR necesita mirarse a sí misma con ojos serenamente críticos para definir su propia ruta de transformación interna, que le permita potenciar toda la capacidad que tiene, a fin de articular estrategias para el desarrollo del país. Creo que la sagacidad y cordura que han demostrado los estudiantes en este conflicto los coloca en una posición privilegiada para estimular una discusión colectiva sobre lo que la UPR puede hacer para reencauzar el desarrollo económico y social de Puerto Rico, atendiendo a las múltiples crisis que hoy tenemos: la de carácter económico, la de legitimidad político-partidista, la crisis medioambiental, la crisis social, así como la crisis ética, de valores y de confianza. Entre los universitarios del sistema UPR están los mejores talentos del país y de este conflicto pueden salir propuestas mucho más sensatas e innovadoras que las que han sido capaces de generar los legisladores y el poder ejecutivo. Brindemos todo nuestro apoyo para que ello sea así. La autora es una conocida Cientista social; Directora del Área de Políticas Sociales del Centro Latinoamericano de Economía Humana en Uruguay e investigadora del Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo en Puerto Rico.
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
