Ahora que se logró un acuerdo que permita a la UPR regresar a la normalidad, nos enfrentamos a la intromisión de la Legislatura en los asuntos universitarios mediante el P. de la C. 2726. Esta pieza legislativa se gestó durante el conflicto reciente y propone enmiendas a la Ley de la Universidad de Puerto Rico. Su propósito es cambiar el estado de derecho vigente, exigiendo votos secretos y desconectados de las asambleas donde diversos asuntos universitarios se deciden. Las apresuradas vistas públicas tuvieron el endoso de la administración universitaria y el repudio de sectores cuya capacidad de decisión sería erosionada. Entiendo que dicho proyecto es anti-democrático y que, además, violenta la autonomía universitaria. Disfrazado de populismo, su intención es deslegitimar las decisiones que mayoritariamente se toman en una asamblea debidamente convocada.
En una asamblea, una vez existe el quórum requerido reglamentariamente, se garantiza que se tomen determinaciones únicamente después de haberse agotado, mediante el debate, las ideas o asuntos traídos a discusión. No hay nada como el cara-a-cara para estar debidamente informados en asuntos que nos conciernen a todos. Claro que a veces el proceso se hace lento y tedioso, pero ofrece un espacio para el debate que de otra forma no sucedería. Quien desee participar lo hace de manera efectiva y se le escucha. Lo único que se requiere es seguir los procedimientos parlamentarios que garanticen el orden de los trabajos. Las reglas parlamentarias ordinarias—que los universitarios conocemos y suponemos son conocidas también por los legisladores—establecen con claridad el alcance y límite de lo permisible en toda asamblea. Ello incluye el uso de modos alternos de decidir en diversos momentos o para cosas diferentes, y admite el voto secreto si así lo decide mayoritariamente la Asamblea.
Quienes deciden no participar—por las razones que sean—no deberían más tarde alegar que la decisión mayoritaria es inválida. En una asamblea, el silencio siempre es consentimiento. La decisión tomada podrá no ser del agrado de algunos, pero es legítima. Tiene todo el peso de una decisión vinculante debidamente ponderada y argumentada. Este proyecto aplicaría a la comunidad universitaria en su totalidad, pero realmente responde a la inconformidad de ciertos sectores con las decisiones tomadas en las asambleas estudiantiles. Lo que se debe de ofrecer—y esto es lo que la Administración de la Universidad generalmente no hace, precisamente para desalentar la asistencia de números aún mayores de estudiantes—es un espacio apropiado para que nadie que quiera participar se quede fuera.
El P. de la C. 2726 abre la puerta a la desinformación y al poder del dinero, de manera que quien más gaste, más convenza, y quien mejor propaganda utilice, mejor parado salga. Es traer la artimaña del cabildeo como mecanismo de manejo de la opinión pública—sí, la misma que permite que algunas corporaciones poderosas se echen en el bolsillo a los legisladores y se aprueben leyes que nada tienen que ver con el bienestar mayoritario, pero todo que ver con el suyo propio.
Para muestra, con un botón basta. Tomemos la campaña de medios que los directivos de la UPR realizaron en su intento de mover la opinión pública a su lado. Lo hicieron gastando sumas millonarias para mancillar, difamar, ocultar información y mentir. Mientras, en ningún lugar de esa campaña se indicó gestión alguna de su parte que realmente redunde en beneficio institucional—aquel que su deber ministerial les exige que cumplan.
La manera en que se manejan las elecciones generales es otro ejemplo de lo que planteo. Si el público leyera las plataformas de los partidos políticos en lugar de escuchar los cantos de sirena que se usan en los mensajes televisivos y las pautas publicitarias de alto impacto, otro sería el resultado de las elecciones. Igual sucede con todo acto de consumo de bienes y servicios. La letra pequeña y escondida nadie la lee, pero cuando lo hacemos, se nos ponen los pelos de punta.
Esa es la virtud y la función de una reunión o asamblea: permitir que las ideas se intercambien, que los argumentos se expongan, que los puntos de vista diversos se cuestionen y luego, de manera racional, se escoja la alternativa que como cuerpo representativo de una colectividad se entiende es la mejor. Lo otro es introducir en la cultura universitaria un modelo organizacional despótico disfrazado de vanguardista. Es la respuesta improvisada de políticos incapaces que responden al mundo comercial y político del siglo pasado, que no funcionó, y que tanto daño hizo a la economía, al ambiente y al capital social en multiplicidad de países, incluido el nuestro.
En fin, creo que el P. de la C. 2726, de aprobarse, es un clavo más en el ataúd que algunos desean para la UPR. Es sólo cuestión de tiempo y lo que tendremos será el simulacro de la participación, nada más. La universidad será un fantasma. El País estará peor. Solo quedará el recuerdo de lo que fue la educación pública superior. ¿Puede el Puerto Rico que desea insertarse en la economía del conocimiento darse ese lujo? Pienso que no. Repudiemos este nuevo atentado contra la UPR y la democracia.
El autor del texto es catedrático de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico.
Comentarios
Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
