Las huelgas estudiantiles de la UPR, aquellas que se repiten y continúan (Parte II)

Esta es la segunda parte de este reportaje especial. Para leer la primera parte pulse aquí.

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El desánimo de los 90

Para la década de los 90 el estudiante de la Universidad de Puerto Rico era otro. Para el profesor Waldemiro Vélez Soto, quien ha participado  en varias protestas de la Universidad –como estudiante y como profesor– el perfil del alumnado de la UPR había empezado a cambiar en esta década.

La nueva generación de estudiantes era menos combativa y agresiva que las generaciones anteriores. Estaba también menos interesada en los procesos políticos de la Universidad. De hecho, según se registra en artículos del archivo de Diálogo, por primera vez los consejos estudiantiles de las facultades no tenían la asistencia necesaria en sus asambleas ni en las votaciones. Consecuentemente hicieron enmiendas en el reglamento para reducir el quorum necesario para validar las votaciones; sin embargo con todo y reducción, continuaron sin lograr quorum.

En el Recinto de Río Piedras, la UPR en Bayamón y Cayey el desinterés de los estudiantes era agudo y sin precedentes. Los consejos, en busca de aquél utópico quorum, llevaron a cabo centros de votaciones ambulantes. Iban por todo el recinto cargando las urnas en busca de los votos.

Aunque era poca la actividad de política estudiantil, no significa que todo marchaba bien en los recintos. La cantidad de estudiantes había aumentado y las secciones de cursos eran escasas. Desde el 1986, en los recintos de Humacao y Arecibo se quejaban por la insuficiencia de secciones. Además, la planta física en todos los recintos estaba deteriorada. Habían pasado años sin que las estructuras de los campus fueran acondicionadas.

Los decanos y los rectores estaban conscientes de los problemas que estaban enfrentando y de que estos debían ser resueltos. Por eso, en agosto del 1986 se llevó a cabo la primera reunión sistémica donde participaron los rectores y decanos de todos los recintos y el presidente de la UPR.

En esta reunión salió a relucir lo similar que eran las situaciones en los recintos. Casi todos enfrentaban los mismos problemas. “Hemos comprobado que tenemos más o menos los mismos problemas y la discusión ha sido efectiva porque se han identificado ideas y estrategias comunes. Es importante saber lo que están haciendo los demás y qué podemos hacer juntos por los estudiantes, quienes son el fin último de la Universidad”, comentó José Martínez Picó, entonces rector del Recinto de Mayagüez, en una entrevista que Diálogo le hizo en aquellos días.

Los estudiantes, por su parte, hicieron lo propio. En abril del 1990 se organizaron y crearon el Consejo Nacional de Estudiantes. La idea era mantener un organismo no centralizado que fiscalizara y fomentara la participación estudiantil en los procesos de política universitaria. Los líderes estudiantiles de la UPR en Cayey, Humacao y Río Piedras fueron los primeros en conformar esta entidad. Poco tiempo después se unió el resto de los demás recintos con la excepción de Carolina.

No fue hasta agosto del 1991 cuando este consejo tomó prominencia. Para esta fecha se aumentó la cuota de construcción para atender el deterioro de la planta física de los campus y un número considerable de estudiantes se quejó. Ante la situación el Consejo Nacional de Estudiantes creó una comisión especial para atender la situación.

Sin embargo, era muy poca la atención que se le prestaba a este organismo estudiantil. Esto provocó que los líderes estudiantiles abogaran por una revisión a la Ley Universitaria para que se incluyeran garantías para una mayor participación estudiantil en los procesos de política universitaria.

Acto seguido, crearon la Comisión sobre Derechos de Matrícula y realizaron estudios sobre la situación fiscal de la Universidad. A partir de estos estudios, los estudiantes le ofrecieron a la Administración recomendaciones específicas de cómo atender la deficiencia monetaria sin afectar los derechos de la matrícula, o sea, el precio de estudio.

Este proceso de protesta fue distinto a los anteriores y posteriores en cuanto a que no hubo huelga, sino paros esporádicos. José Rivera Santana, quien fue dirigente durante la huelga del 1981 dijo que, a la protesta del 1990 al 1991, le faltó comunicación. Según él, la falta de comunicación dio paso a que la campaña publicitaria de la administración se impusiera y deshabilitara cualquier deseo de protesta.

En el 2005, otra vez el alza

Fue el 30 de marzo de 2005 cuando se aprobó la conflictiva Certificación 70. Tan rápido como una semana después estalló la huelga en los recintos de Bayamón, Ponce, Mayagüez y Río Piedras.

La Certificación 70 establecía un alza en el costo de la matrícula y la implementación de una nueva cuota de tecnología.

Para lidiar con la situación se creó el CUCA (Comité Universitario Contra el Alza). La entidad fungió como mediadora entre los estudiantes y la administración universitaria.

Tan rápido como empezó la huelga, comenzó el diálogo. El 11 de abril del mismo año las partes se reunieron  en la Administración Central de la Universidad para negociar el asunto sobre el alza. Simultáneamente se llevaba a cabo una manifestación en las inmediaciones del Jardín Botánico.

Esta huelga durante la primavera del 2005, fue la primera en la que los estudiantes tomaron control de los portones. Las protestas anteriores sucedían con las entradas libres de obstrucción, en las calles y avenidas cercanas a los recintos y dentro de los campus. Este año nadie podía entrar a los campus a estudiar o trabajar. Ante el hecho, el 27 de abril alumnos de la Escuela de Derecho fueron al Tribunal de Primera Instancia y reclamaron tener acceso a su centro de estudios. Dos días después el Tribunal Federal determinó que se tenía que dejar entrar a los investigadores.

No obstante, las disputas en los tribunales dejaron de ser necesarias, pues el 5 de mayo los recintos dieron por terminada la huelga. Sucedió tras el acuerdo al que llegaron el CUCA y la administración universitaria.

Se acordó que el alza en el precio de la matrícula se mantendría, mas habría ciertas salvaguardas. La primera de ellas estableció que los fondos recaudados de la cuota de tecnología debían ser utilizados para brindar y mejorar los servicios educativos a los estudiantes. Se logró además que se estableciera un sistema de pago por prórroga, que se garantizara estabilidad en la oferta académica y que ningún estudiante se quedara sin estudiar a causa del alza. Y por último, se creó un comité presupuestario por cada recinto que tendría participación estudiantil y no docente.

Esta huelga solo duró un mes y fue catalogada por muchos como atropellada. En una entrevista realizada por Diálogo en el 2005, Fernando Picó opinó que  fue un proceso de protesta apresurado en parte debido a la falta de notificación a la comunidad estudiantil de que se consideraba un alza en la matrícula. Picó además sostuvo que en esta huelga escaseó la cohesión entre el estudiantado.  Es reseñable la presencia de un movimiento anti-huelga que ganó prominencia durante este proceso político del 2005.

En el 2010: la protesta romántica

En el 2010 ocurrió la última huelga estudiantil que ha enfrentado la Universidad de Puerto Rico. La queja no era nueva. Era recurrente. Se protestaba contra el alza en costo de estudio y la escasez de la oferta académica. No obstante, esta huelga tuvo algo que no tuvieron las anteriores.  En el 2010, a diferencia de las protestas anteriores a los 80, los estudiantes no tiraron piedras, no se incendió nada y no hubo bombas molotov; en cambio, repartieron flores, leyeron poesía, bailaron con sus cuerpos pintados.

Fue además una huelga que contó con la solidaridad de muchos. Las madres y lo padres de los alumnos estuvieron presentes, piquetearon en ocasiones, y le pasaban comida y agua a los jóvenes que se encontraban detrás de los portones de sus recintos. Los artistas, también se solidarizaron y hasta cantaron en honra al movimiento estudiantil en un concierto que se llamó ¡Que vivan lxs estudiantes!. En este cónclave musical se presentó Calle 13, Orquesta El Macabeo, Fiel a la Vega, Mima y otros. La causa estudiantil también recibió el apoyo de profesores, blogueros, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica (UTIER), la Unión General de Trabajadores, la empleados no docentes de la Universidad y otros sectores y entidades de Puerto Rico.

Todo comenzó el 13 de abril de 2010. Ese día los estudiantes del Recinto de Río Piedras reunidos en asamblea decidieron realizar un paro en protesta a la Certificación 98 –la medida a través de la cual la Administración universitaria pretendía manejar la crisis presupuestaria de la Institución. La certificación proponía eliminar las exenciones de pago de matrícula, reducir la oferta académica y establecer una cuota de $800.

A partir de las deliberaciones realizadas en esta asamblea se creó el Comité Negociador. Este sería el organismo que representaría el reclamo de los estudiantes y negociaría con la administración universitaria. Lo que los alumnos pedían era la derogación de la Certificación 98, acceso a los documentos financieros de la Universidad y que no se tomasen represalias contra los estudiantes que protestaban.

Comienza la huelga

El paro fue realizado una semana después, el 21 y 22 de abril. Como la administración universitaria no se sentó a discutir la situación con el Comité Negociador, tal y como se decretó en la asamblea, los estudiantes iniciaron la huelga. A partir de este momento comenzó un proceso donde constantemente se alternó la negociación con el tranque.

Mientras transcurría el primer día del paro, Ana Guadalupe, rectora del Recinto de Río Piedras, decretó cierre administrativo y autorizó la entrada de la Policía al campus. Al día siguiente, el juez Negrón Fernández ordenó a un grupo de estudiantes a que no impidieran el acceso al campus riopedrense. Entre estos estudiantes se encontraba, Gabriel Laborde, entonces presidente del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras.

Como respuesta, dos estudiantes de la Escuela de Derecho, Fernando Moreno Orama y Jorge Farinacci Fernós, demandaron a la administración universitaria exigiendo que se respetasen los derechos de libertad de expresión y de asociación.

El 23 de abril ya había comenzado la huelga.  Profesores, empleados no docentes y madres y padres custodiaban los portones del Recinto de Río Piedras los cuales estaban  bordeados por miembros de la Uniformada.

Con el tiempo, los demás recintos se unieron al voto de huelga. Así,11 recintos una UPR, se convirtió en el lema que resonó a medida que pasaban los días de protesta.

El 11 de mayo, tras el anuncio de los acuerdos preliminares a los que habían llegado el Comité Negociador y la Administración Universitaria en el cual el estudiantado de los recintos no se mostraron conformes, se amplió el Comité Negociador y se incluyó participación del liderato estudiantil de otros recintos que no eran el de Río Piedras. El nuevo organismo se llamó Comité Negociador Nacional (CNN).

No fue hasta el 21 de junio cuando la huelga llegó a su fin.  La administración universitaria se comprometió a no eliminar las exenciones, a no privatizar la universidad, no aumentar el costo de la matrícula y fijó un plazo de expiración a la nueva cuota la cual no se estableció hasta enero del 2011.

Luego, entre el 14 de diciembre del 2010 y el 28 de enero del 2011, resurgió la huelga, aunque esta vez no se logró nada.

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