Los pensadores clásicos de la ilustración no elaboraron dentro de su liberalismo económico, teoría alguna sobre la austeridad, tal y como la conocemos hoy día. Éstos expresaron cierta sensibilidad por el rol del Estado y su relación con la propiedad privada, el dinero, los comerciantes, el crecimiento económico, la deuda y los impuestos, para mencionar sólo algunos. Entre los pensadores, me refiero, entre otros, a John Locke, el filósofo inglés que escribió sobre la propiedad privada y la defensa de una teoría del Estado como fundamentos apropiados de la gobernación civil oponiendo al individuo con el Estado (ver sus Tratados sobre Gobierno Civil). También, a David Hume y Adam Smith (ambos economistas escoceses), que diagnosticaron con mucho prejuicio que el gobierno sería una institución problemática para el desarrollo.
Para Hume el control del dinero debía estar en los comerciantes y por eso la necesidad de proteger del Estado, las nacientes instituciones mercantiles capaces de incentivar la economía a través de estímulos monetarios. El dinero, en fin, será un instrumento para estimar el valor del trabajo y las mercancías. Como generan ese valor, desde su punto de vista, los comerciantes debían guardar para sí gran parte de los beneficios que en gran medida generaron. Por esa razón, la demanda de ingresos del Estado son peyorativas y es una consecuencia inevitable de la deuda pública, cuya generación él desprecia y no entiende como la responsabilidad de los nuevos adinerados (ver sus Discursos Políticos, en especial, Sobre el Crédito Público).
Por su parte, Smith estaba convencido que el crecimiento del Estado provocaría la imposición de más impuestos y la emisión de más deuda pública, un mal heredado de la actuación unilateral de los reyes (ver la Riqueza de las Naciones). Para Smith, la frugalidad personal y estatal era un elemento indispensable para el desarrollo del capitalismo que él previó en ciernes. Visto de esta forma, el ahorro era virtud y el gasto un vicio peligroso. Desde la perspectiva de esos pensadores, al Estado le correspondía la atribución de proporcionar amparo a la propiedad y muy poco más. Asumir deuda pública era pues, una contraposición a esa idea, una intervención inapropiada del Estado en la economía. Esas objeciones económicas son familiares hoy en boca de las élites políticas a través del mundo que no ocultan su sobresalto y oposición a la asunción de deuda pública y la necesidad de reducirla a través de programas de austeridad.
Sabemos que el pensamiento económico liberal, surgió como reacción al Estado real que le tocó vivir y que se materializaba en un soberano concreto, ambicioso y en muchos casos despiadado porque consideraba que todo era de su propiedad, incluyendo a los que llamaba sus súbditos. Como tal, el afán general de estos pensadores era limitar el alcance de ese Estado, es decir, de ese Rey, haciendo más discreta su gestión económica en la sociedad y menor su influencia política.
Los pensadores liberales consideraban a los comerciantes la esperanza para acceder a la “riquezas de las naciones”, para utilizar un término acuñado por Smith. En esa ecuación, el Estado era la antítesis del desarrollo y el crecimiento del mercado. No tenemos tiempo para discutir en detalle los pormenores de la evolución del pensamiento económico liberal. Nos basta con aclarar que los herederos de ese pensamiento liberal, es decir, los propagandistas del neoliberalismo contemporáneo han heredado una clara aversión por el Estado que les viene de antaño y en su impulso de la austeridad proclaman con todos los argumentos posibles a su alcance, que hay que recortar no solamente los gastos del Estado, sino al Estado mismo.
La ideología de la austeridad
El surgimiento de los programas de austeridad ha estado vinculado con la inquietud sobre las vías de financiación utilizadas por el Estado para sus gastos, sean estas la emisión de deuda o la imposición de contribuciones. Oportunamente, el neoliberalismo convirtió la idea clásica de la austeridad en algo burdo e ideológicamente subordinado a su ideología de dominio. Como tal, es una dispersión del pensamiento liberal clásico. Por eso, no debe sorprender que su propuesta de programas de austeridad hoy, en relación al sector público, siempre ha estado vinculado al conservadurismo fiscal y a la tendencia de que se adopten medidas de sobriedad en el gasto del Estado suspendiendo o limitando grandemente los servicios sociales. Lo ahorrado por este medio, se transfiere en ayuda al sector privado corporativista. De otra parte, y a nivel individual, se han encargado de presentar la austeridad personal como una virtud que debe ser emulada por todos los ciudadanos.
La evolución del pensamiento económico sobre el concepto es igualmente digna de examen. La austeridad como concepto ideológico ha sido inmune a hechos empíricos que demuestran que las llamadas “reformas estructurales”, (que por una parte y en su mayoría, se limitan a grandes reformas laborales para substraer derechos a los trabajadores y una reducción de servicios sociales para la comunidad más pobre y por el otro, se expresan en efímeras medidas de control para los sectores más ricos y poderosos, que en general se aplican tardíamente o no se aplican), no funcionan y siempre la culpa de su fracaso como política pública se le imputa al país que ha tratado de aplicarlas. Parte de esa ideología es acompañar esos juicios de similares prejuicios contra los habitantes de los pueblos sumidos en la desesperación económica. Un ejemplo claro de esto fueron los editoriales conservadores recientes de la prensa alemana condenando la pereza de los griegos, durante el debate del los rescates en el seno de la Unión Europea, aunque las estadísticas de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) develan que trabajen en promedio 600 horas al año más que los alemanes.
El fracaso de “la solución” neoliberal
Con múltiples programas de austeridad, los portugueses aumentaron su deuda neta a un 108% de su producto interior bruto en el 2012, cuando seis años antes representaba el 62%. De igual forma, los intereses para colocar sus obligaciones en el mercado aumentó de 4.5% a 14.7% entre el 2009 y el 2012. En el caso de Irlanda, entre el 2007 y el 2012, su deuda neta en relación a su producto interno bruto se elevó 81.6 puntos, es decir del 24.8% al 106.4 y los intereses entre 4% y 14% en apenas tres años. Asimismo, Italia con un porcentaje de deuda aumentado a un 105.7 % en el mismo periodo. El caso más dramático de la euro-zona es Grecia, que durante el mismo periodo sufrió el ascenso del porcentaje de su deuda del 107 al 170% y hemos visto cómo en la actualidad se le siguen imponiendo nuevas restricciones a sus políticas sociales y un aumento vertiginoso de todo tipo previsible de imposición tributaria. De manera que para los griegos como para gran parte del sur de los países que componen la Euro-Zona, la austeridad es una política permanente. Con estos números quién en su sano juicio puede argumentar a favor de la efectividad de los programas de austeridad y mucho menos que a través de éstos se alcance la reducción de las deudas nacionales o el desarrollo del crecimiento económico.
Y qué ha sucedido con países como Inglaterra que de manera preventiva adelantó medidas de austeridad antes que nadie en Europa. Nada, que sus proyecciones de crecimiento no se han cumplido, que sus “inversores” no han recuperado la confianza y los programas de provisión urgente de liquidez a los bancos y las operaciones practicadas de refinanciación de la deuda no han mejorado sus indicadores económicos. Es evidente, que la austeridad acarrea más problemas que ventajas a largo plazo.
Los programas de austeridad no funcionan como política pública. Sin embargo, medio mundo incluyendo nuestros líderes políticos, están convencidos sin pruebas empíricas, que es la solución para enfrentar la supuesta crisis de nuestra deuda soberana. Deuda que es realmente de los bancos, generada por los mercados de obligaciones financieras y que habilidosamente le han adjudicado al gobierno. Los bancos y el sistema financiero mundial fueron rescatados y en promedio, los gobiernos gastaron con ese fin más de 13 billones de dólares de nuestro dinero. Ese monto de deuda propiciada por los bancos se transfirió a los gobiernos y de ahí a todos nosotros que hemos tenido que hilar fino para sobrevivir.
Mientras tanto se oculta una crisis latente que comenzó en los bancos y allí tendrá que eventualmente solucionarse. De la misma manera, que hace casi una década, los Estados Unidos decidió rescatar sus bancos porque eran demasiado grandes para permitir su fracaso y para eso convirtieron a la Reserva Federal, sin permiso de sus ciudadanos, en un zafacón de malos préstamos, aumentando el monto de su deuda y el déficit gubernamental. Ahora Europa, se enfrenta a una situación similar, pero diferente. La realidad es que la suma de los pasivos de todos los bancos europeos es muy voluminoso para que se les pueda rescatar. Por tal razón, Europa está sumida en programas de austeridad, todo para lograr las reservas necesarias en los Estados para respaldar una muy posible y real crisis financiera de los bancos rescatados.
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Guayamés y Catedrático en Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, destacado en la Facultad de Derecho de la UCM–Madrid y el Departamento de Sociología del Trabajo II del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, ambos en España. Artículo octavo de una serie sobre la peligrosidad de la austeridad como política gubernamental. Una discusión más a fondo de este tema se puede encontrar en los últimos libro del autor: (1) El Periodo de Prueba en España: Estudio con Especial Referencia a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y la Normativa del Ámbito Internacional. Madrid: España, 2015 y (2) 2da. edición de Derecho Laboral: Leyes en Puerto Rico y su Jurisprudencia, 1900-2015. San Juan: Editorial SITUM (Biblioteca Jurídica), 2015.