Tal vez usted recuerde el caso de Viviana M. Rivera Acevedo, una joven viequense fallecida en el 2010 luego de recibir una brutal golpiza en la cárcel de mujeres de Vega Alta. Si le falló la memoria, sepa que Viviana llegó a la cárcel tras ser condenada a un año de prisión por no tener dinero para pagar una multa de $1,000 impuesta tras ser arrestada por poseer una pequeña cantidad de marihuana.
Quizás también recuerde a Jeremy Ruiz Tomassini, el joven estudiante de cuarto año en la escuela vocacional de la Base Ramey en Aguadilla, quien encendió y compartió un cigarrillo de marihuana en zona escolar. Hoy cumple una sentencia de cuatro años en la cárcel Guerrero de dicho municipio, un centro penitenciario de máxima seguridad.
¿El factor común entre Jeremy y Viviana? La criminalización por poseer marihuana para su consumo personal. En el caso del primero, una vida joven privada de libertad, pero en fin una vida con esperanzas. En el caso de la segunda, una vida perdida.
La cuestión de la marihuana —su uso, su permisibilidad, su potencialidad medicinal o paliativa, su aspecto legal y su capacidad empresarial— sigue siendo tema de discusión en la sociedad puertorriqueña, y por eso de continuar con el debate, la doctora Carmen Maldonado Vlaar, el doctor Arnaldo Cruz Igartúa, el profesor Mario Jordi Maura y el licenciado Oscar Miranda Miller protagonizaron el panel Cannabinoides: Su medicalización desde un enfoque multidisciplinario, que se llevó a cabo en el Anfiteatro 3 de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
“La marihuana no es medicinal”, afirmó Cruz Igartúa, quien es psiquiatra. Aclaró que “hay que superar los mitos de los que pretenden la legalización diciendo que la marihuana es buena porque es medicinal”.
Al igual que Cruz Igartúa, Maldonado Vlaar, profesora en el Departamento de Biología, piensa que “la marihuana es una droga adictiva que afecta la memoria”.
“Los consumidores de marihuana deben ser tratados con la misma rigurosidad que se maneja la rehabilitación de un adicto a otras sustancias ilegales o al alcohol. En Estados Unidos son pocos los programas de rehabilitación que tratan al adicto a marihuana y si es así allá, en Puerto Rico es peor”, dijo Cruz Igartúa para justificar su posición en contra de la legalización de esta droga en Puerto Rico.
De acuerdo a los expertos, el cannabis es la droga ilícita de más uso en los Estados Unidos.
Durante sus presentaciones, Cruz Igartúa y Maldonado Vlaar expusieron un acercamiento científico al asunto de la criminalización y aclararon que la marihuana es un producto de la planta cannabis sativa. Esta planta es una de las tres especies de cannabis, y la de más contenido de THC, el agente químico que provoca los efectos psicológicos de la marihuana: la pérdida de memoria, coordinación y pensamiento, entre otros; y, en el caso de los usuarios regulares, una reducción anual de 0.5 del I.Q. (coeficiente intelectual).
Más allá de la ciencia: el aspecto legal y el rol de la UPR
“Yo soy abogado criminalista. En toda mi carrera como abogado ningún acusado de robo me ha dicho que robó para costear su adicción a la marihuana. Sí puedo decir que muchos adictos a cocaína y heroína me han dicho que robaron para poder costear su adicción. Creo que ahí hay algo que no cuadra con lo antes mencionado. No tengo problemas con que la ciencia diga que la marihuana es tóxica; el alcohol es tóxico y el hecho de que consumamos alcohol una que otra vez no nos hace adictos al alcohol”, dijo Miranda Miller, profesor en la Escuela de Derecho, en respuesta a lo expuesto por los doctores.
Para el licenciado, el problema fundamental “no es si el usuario de marihuana es adicto o no. El problema es si por usar marihuana hay que encarcelar a la gente”.
Agregó que “en Puerto Rico no se está encarcelando a los verdaderos criminales, a los distribuidores de la droga. Aquí en la isla se arresta a la gente del cacerío, a la gente de la calle, no se arresta a quien utiliza a esa gente para hacerse de mansiones y vivir como ricos, siendo los verdaderos culpables”, apuntó Miranda Miller.
Mientras, Jordi Maura, profesor en la Facultad de Administración de Empresas del recinto riopedrense, considera necesaria alguna iniciativa de la universidad estatal para el desarrollo de redes que permitan la investigación y la creación de nuevos modelos alternativos para tratar el asunto. “Necesitamos poner a correr las mentes del principal centro docente del país”, afirmó.
