La reelección presidencial de Rafael Correa el pasado 17 de febrero ha reanudado el debate sobre la extensión del poder legislativo en Ecuador, luego de que éste obtuviese mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, según datos preliminares. A pesar de que aún no ha publicado resultados oficiales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le confirma un 57 por ciento de los votos con el 97 por ciento del escrutinio presidencial.
Al momento, Correa cuenta con 52 por ciento de los votos para asambleístas nacionales, lo que se traduce en más de 90 escaños. El líder del Movimiento Alianza PAIS aseguró haber logrado más de dos terceras partes del parlamento unicameral, que a partir de mayo tendrá 137 escaños.
Estos resultados presagian el impacto que tendrá la Revolución Ciudadana en los próximos meses, cuando el Gobierno presente proyectos como una Ley de Comunicación y una reforma al Código Penal.
El conflicto entre Correa y la prensa privada es inevitable, señaló Raul Cotto–Serrano, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en entrevista con Diálogo. Los dueños de estos medios son corporaciones económicas, que no poseen un agenda social semejante a la del presidente. Por lo tanto, los intereses que subyacen al debate también van más allá de la libertad de expresión en el país.
“Necesitamos una buena Ley de Comunicación que regule los claros excesos que tiene cierta prensa en Ecuador”, a quien Correa calificó de “corrupta”, “manipuladora” y “mercantilista” en su primera aparición ante la prensa como presidente electo. La mayoría absoluta en la Asamblea Nacional es el impulso que aparentemente necesitaba la legislación que alterará las operaciones de la prensa privada, parte de la oposición al Gobierno. Aparte de regulaciones, el proyecto plantea redistribuir las frecuencias de radio y televisión.
Asimismo, entre las prioridades del PAIS figura una reforma al Código Penal, que tiene más de 70 años. El actual Código “establece delitos que ya no existen, y no incluye otros que se dan ahora como el sicariato”, manifestó Correa, en entrevista con Página/12. También, dificulta el procesamiento de una persona que ha cometido más de una falta, porque no existe la acumulación de penas y sólo se le puede juzgar por un delito.
Distintos sectores del país perciben las medidas sobre la prensa privada y el Código Penal del Gobierno como intentos de silenciar las críticas o de ejercer mayor control social. De igual forma, la gestión del presidente puede entenderse como la búsqueda de cierta homogeneidad institucional para la profundización de la política social propulsada por PAIS.
Al preguntarle por el mayor acierto del mandato de Correa, Cotto–Serrano anotó su intento de redistribución de riquezas en Ecuador, y el hecho de que el Gobierno funja como equilibrador de riquezas en el país. En consecuencia, se “inicia un debate inevitable sobre la función del gobierno”, en donde también se cuestiona “si apoyar a la empresa privada o al pueblo”, subrayó.
Correa y su candidato a la presidencia, Jorge Glas, tomarán posesión de sus cargos el próximo 24 de mayo.
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Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
