Organizaciones civiles presentan informe para luchar por los derechos humanos

Más de 42 organizaciones representativas de la sociedad civil de Puerto Rico y la diáspora solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia pública para denunciar los efectos de la deuda y de las políticas fiscales asumidas, tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por el gobierno local, y sus respectivos efectos en los derechos humanos en la Isla.

El esfuerzo tiene como meta la adopción de una política fiscal que proteja los derechos humanos, así como el desarrollo de un informe donde se presente un análisis amplio de las relaciones entre la deuda pública, la pobreza y las implicaciones de las políticas fiscales sobre poblaciones específicas, como las mujeres, la clase trabajadora, la niñez y las personas privadas de libertad.

“Esta es la segunda vez en un periodo de poco más de un año que la Comisión ha decidido recibir organizaciones locales para atender denuncias sobre el tema de Puerto Rico. (Sin embargo), es la primera vez que se discute la deuda pública de Puerto Rico ante un foro internacional que es el único órgano de esa naturaleza que puede emitir decisiones sobre violaciones de derechos humanos en los Estados Unidos y Puerto Rico”, sostuvo hoy en rueda de prensa la directora ejecutiva del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, la licenciada Annette Martínez-Orabona.

“El 4 de abril el pueblo tiene una cita con nosotros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estaremos haciendo nuestras denuncias y donde los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico estarán presentes para responder”, añadió Martínez-Orabona.

De acuerdo con la información recopilada, que se presentará el 4 de abril en Washington, D.C., Puerto Rico es el segundo país más desigual de Latinoamérica y el quinto más desigual en el mundo. Según el borrador del Informe de Desarrollo Humano Puerto Rico 2016, elaborado bajo el plano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el año 2012 el ingreso del 10 por ciento más rico de la población local era 33 veces más alto que el ingreso del 10 por ciento más pobre.

Asimismo, datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos destacan que el 43 por ciento de la población puertorriqueña vive bajo el nivel de pobreza federal. Y es que, según los datos contenidos en la Ley de Sostenibilidad Fiscal (Ley 66 de 2014), desde el año fiscal 2006 la economía nacional ha sufrido una baja de alrededor de 207 mil empleos, lo que representa una disminución acumulada de un 16.6 por ciento.

“El enfoque es que toda política fiscal tiene que partir de la premisa de la protección de los derechos humanos. Nuestro argumento ante la comisión es que los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico tienen unas obligaciones internacionales y esas obligaciones van a adelantar los derechos humanos en la Isla y (por tanto) las políticas fiscales no pueden ir en contra de ello”, aseguró la licenciada Eva Prados Rodríguez, coordinadora general de la Cumbre Social.

“Hemos documentado el impacto en el derecho al trabajo, que se ha visto afectado desde las políticas de la Ley 7, Ley 66 y Ley de Retiro. […] Pero lo más importante que queremos resaltar en este informe es la cara humana, cómo se está impactando la población en general, en especial los grupos que históricamente han sido más desventajados”, añadió Prados Rodríguez.

Para el catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, José Caraballo, la estrechez económica actual que Puerto Rico enfrenta es la más severa desde que se comenzó a hacer el producto interno bruto (PIB) en la Isla.

“Se han perdido más de 200 mil empleos y se ha duplicado la proporción de personas pobres que trabajan. Hoy día, 1 de cada 5 personas que trabajan son pobres. La tasa de pobreza ha aumentado, cosa que no pasaba desde hace más de 60 años, tomando en cuenta que la tasa de pobreza en el 1950 era un 70 por ciento. Esa tasa era de 45 por ciento en el 2006 y por primera vez en muchos años sube a 46 por ciento en el 2014”, afirmó el profesor.

“Uno se preguntaría, ¿qué ha hecho el gobierno, las personas que hemos elegido, para contrarrestar esta situación? Han implantado dos impuestos a la importación del crudo, se ha eliminado el crédito por trabajo, han aumentado las tarifas de electricidad, las tarifas de agua potable, los peajes, han privatizado peajes y aeropuertos. El gasto gubernamental se ha reducido a lo que es el gasto público y se ha dirigido a pagar la deuda. De 2012 a 2015, el pago de la deuda aumentó $1,000 millones y en el 2015 el pago de la deuda fue $4,500 millones”, puntualizó Caraballo.

El académico aprovechó la rueda de prensa para recalcar que las organizaciones que representarán a la sociedad civil nacional en Washington, D.C., entienden que el momento de reclamar el derecho que tiene el pueblo para reivindicar sus derechos humanos es este. Resaltó que quienes más se ven afectados en la situación que enfrenta el País son las personas que están en una posición vulnerable: los pobres, las personas con trabajos precarios.

En la solicitud de Audiencia Temática sobre la deuda pública, la política fiscal y la pobreza en Puerto Rico dirigida al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Emilio Álvarez, las organizaciones alertan que la situación que atraviesa la Isla es urgente y “en muchos aspectos única en la región”. De acuerdo a estas, la Comisión Interamericana tiene ante sí la oportunidad de actuar y cumplir con una política fiscal que proteja los derechos humanos.

 

 

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