Centro para una Nueva Economía se opone a PROMESA

El Centro para una Nueva Economía (CNE) informó que se opone al HR 5278, proyecto que implementaría una Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, porque no cumple a cabalidad con principios básicos de política pública.

Así lo dejaron saber el presidente del CNE, Miguel A. Soto Class, y el director de política pública, Sergio Marxuach, en una mesa redonda que se realizó ayer en las instalaciones de la entidad Espacios Abiertos, localizadas en San Juan.

Como es de conocimiento general, el HR 5278 fue radicado por el representante republicano Sean Duffy y tiene como propósito inicial la implementación del “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA)”. Esta junta ‘asistiría’ al gobierno de Puerto Rico en el manejo de sus finanzas y reestructurar la deuda, entre otros propósitos.

“El costo que este proyecto le impone a Puerto Rico es muy alto para los beneficios inciertos que otorgaría. Nos obliga a canjear la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia gestión pública a cambio de acceder a un proceso que—luego de sortear más de 45 requisitos, pasos y niveles distintos—pudiera permitirnos quizás acceder a la posibilidad de que un tribunal acceda o no a autorizarnos a reestructurar alguna parte de nuestra deuda”, manifestó Soto Class.

Según la evaluación del CNE, el proyecto cumple totalmente con uno de los principios de política pública; parcialmente con otro y falla en otros tres de un total de seis.

Dichos principios son:

1. Cualquier junta federal tiene que respetar las instituciones y procesos políticos de Puerto Rico.
2. La decisión final sobre materias impositivas y de gasto público debe residir con los oficiales democráticamente electos de Puerto Rico que deben actuar de manera transparente y rendir cuentas.
3. Los procesos para reestructurar la deuda deben tratar a las partes de forma justa y equitativa. Deben proveer un camino claro y viable para que se produzca un alivio significativo en el pago de la deuda.
4. Ninguna clase de deuda debe ser excluida del proceso de reestructuración.
5. Se debe crear un Task Force congresional sobre crecimiento económico de Puerto Rico.
6. Si el Congreso no puede actuar, debería autorizar expresamente que Puerto Rico legisle su propio marco para reestructurar la deuda.

Los documentos provistos por el CNE esbozan que el HR 5278 solo cumple en su totalidad con el cuarto principio mencionado, debido a que el proyecto de ley “incluye los Bonos de Obligación General (GO’s) y COFINA en la reestructuración, pero respeta la jerarquía de sus reclamos”.

Sin embargo, deja muchas áreas grises en los demás, parte de esto se debe a la manera en que está redactado. Por ende, cumple parcialmente con el quinto principio, pues el HR 5278 crea un task force de crecimiento económico pero “no le asigna fondos ni incluye entidades no-gubernamentales y de la sociedad civil en el proceso de consulta”.

Finalmente, el proyecto incumple con los primeros tres principios. Esto se debe principalmente a la otorgación excesiva de poderes y fallos en proveer caminos viables para aliviar la deuda de Puerto Rico.

El sexto principio no aplica por el momento, ya que depende de acciones futuras.

Puede ver las razones aquí:

Preocupaciones generales

Una de las incomodidades surgidas luego de la lectura del proyecto es que el HR 5278 contiene muchas áreas grises.

Según la Sección 201, bajo el Título III del proyecto, mientras la junta de control fiscal (JCF) se mantenga en vigor, será responsable de crear, editar y certificar un Plan Fiscal para Puerto Rico. Ese documento funcionaría como plan maestro para determinar el presupuesto del País cada año. Si bien establece que le otorgará prioridad a los servicios esenciales, no especifica cuáles caen bajo ese renglón.

La JCF podrá entrar entonces en un proceso de negociación con el gobierno local, pero al final del día serán ellos quienes tomarán las decisiones. Este acto va en contra del principio número dos, mencionado arriba, acerca de las decisiones finales sobre materias impositivas y gasto público.

“Yo creo que es previsible que va a haber choques serios entre cualquier gobierno (de Puerto Rico) y la gente en la junta respecto a muchas cosas que estarán en el Plan Fiscal…Es un proceso que va a ser bien adversarial, bien contencioso”, aseguró Marxuach.

De esta preocupación se desprenden otras. Por ejemplo, la Sección 205 del proyecto autoriza a la junta a “recomendar” posibles privatizaciones o comercializaciones de entidades del gobierno de Puerto Rico. De haber oposición, el gobierno local debe enviar una carta explicando las razones detrás de ello. No obstante, la JCF puede ignorarla y someterlas para su aprobación de todos modos.

También, la Sección 204, descrita por Marxuach como una de las más controversiales, requiere que toda ley aprobada por la Legislatura de Puerto Rico se someta al escrutinio de la junta. Deben ir acompañadas con un estimado de costos y un certificado de cumplimiento con el Plan Fiscal. Nuevamente, la JCF mantiene el control, ya que decidiría si se aprueban o no.

Además de eso, una de las secciones especifica que no se podrían reasignar fondos sin el aval de la Junta, proceso sin un tiempo determinado en el proyecto presentado.

“Eso me preocupa porque no vi algo que hable sobre reprogramar fondos en casos de emergencia, ya sean naturales o de salud pública. Si viene un huracán desastroso y tenemos que mover fondos de una agencia a otra, eso tiene que ser aprobado por la junta”, explicó.

Otra preocupación gira en torno al hecho de que la junta de control fiscal tendría demasiado poder y, con el documento actual, no podemos trazar una línea clara de sus límites.

“No hay poderes ilimitados, pero dónde está la línea es lo que está en debate”, expresó.

Los siete miembros de la junta no tendrían supervisión directa, pues solo deben someter un informe al presidente de los Estados Unidos. Más allá de eso, las únicas medidas fiscalizadoras dentro de la propia junta serían aquellas que velan por el cumplimiento ético entre los mismos miembros. O sea, no debe existir conflicto de intereses relacionados al manejo de Puerto Rico por razones monetarias, por dar un ejemplo.

Los siete miembros también trabajarían sin sueldo, aunque el director ejecutivo, su personal y asesores externos, entre otros, sí tendrían un sueldo no especificado y que saldrá de las arcas del gobierno local.

Igualmente, el representante de Puerto Rico no necesariamente debe residir en la isla. Si su negocio primario se encuentra aquí, esa persona puede ocupar el puesto en la junta.

Ayer, miércoles, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este proyecto de ley, con votación de 29-10. La legislación pasará al comité de Reglas, y de ahí a la votación en el pleno de la Cámara de Representantes.

Se espera que la votación en esa cuerpo legislativo comience en junio.

Comentarios