La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), así como el Overseas Press Club (OPC) y la periodista y relacionista Sandra Rodríguez Cotto expresaron su oposición al proyecto de ley que busca crear unas estructuras oficiales que velen por el acceso y la transparencia en el manejo de la información pública.
Si bien todos reconocieron que es necesario tomar pasos para facilitar el acceso a la información pública, no están convencidos de que los mecanismos propuestos en la medida representen la solución a las complicaciones que habitualmente surgen al momento de solicitarla a agencias gubernamentales.
En las vistas que se celebraron entre el martes y jueves de esta semana, las tres partes expresaron su preocupación en torno a la burocratización que el Proyecto de la Cámara 2944 (PC 2944) crearía y las dificultades que ello podría acarrear en el proceso de búsqueda de información, tanto para periodistas como para la ciudadanía en general. Igualmente, señalaron la falta de especificidad de la medida en cuanto a los costos que requeriría construir el andamiaje administrativo que estaría encargado de atender aquellas solicitudes de información y documentación que en un principio sean denegadas.
“Con la aprobación de esta medida no se está facilitando el proceso de la divulgación de la información. Se está estableciendo el parámetro por el cual las agencias de gobierno podrán hacer esperar a la parte interesada en la divulgación. En el caso de la prensa, y en una época en que la fluidez de la información se da a alta velocidad a través de las redes sociales, esto fácilmente podría ser luego de que la noticia haya perdido relevancia”, manifestó en la vista de ayer el licenciado Cirilo Cruz, en representación del OPC.
El proyecto según radicado, establece en su artículo 9 que las entidades gubernamentales tendrán siete días laborables para responder a una solicitud de información, aunque podrán prorrogarlo por cinco días laborables adicionales. En caso de que el solicitante no recibiera respuesta para ese entonces, podría llevar su caso ante la Junta Administrativa Revisora que propone la medida, que a su vez tendría 60 días para atender el recurso presentado, de acuerdo al artículo 15.
“No creemos que estos términos puedan considerarse necesariamente expeditos ni para los ciudadanos, ni para los periodistas solicitantes de información pública”, dijo por su parte el presidente de la ASPPRO, Juan Hernández.
Asimismo, se cuestionó el gasto que incurriría el gobierno tanto en los salarios y dietas que devengarían los miembros de la junta, que asciende a $90 mil anuales, en el caso de su presidente y otros $90 mil para el Defensor de la Información Pública, quien sería el encargado de llevar los casos de solicitantes de información ante la junta.
Otro señalamiento que se trajo a colación en la vista ante la Comisión de Gobierno de la Cámara fue lo complicado que resultaría llevar a la práctica todo lo establecido en el PC 2944.
“Los servidores públicos ahora tendrían que pasar una cantidad sustancial de su tiempo en documentar lo que estén haciendo; todo lo que estén haciendo, sea relevante o no a su función, aunque alguien vaya a solicitar la información o no. Hasta sus anotaciones a mano las tendrían que transcribir ahora”, criticó Cruz, dando a entender que tanta documentación solo conseguiría limitar el acceso a la información.
Poca representación
Por otra parte, se planteó que el proceso que fija la medida para escoger los miembros que conformarían la junta, al igual que al Defensor de la Información, excluye a muchos sectores relevantes y que se verían directamente afectados por la implementación de estos cuerpos.
“¿Cómo es que la selección de candidatos recae sólo en cuatro entidades? (Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, el Centro de Periodismo Investigativo, Abre Puerto Rico, Casa Pueblo y el Instituto para el Desarrollo de la Juventud) ¿Por qué estas y otras no? ¿Por qué no incluir en esa terna a otras de las 30 entidades que apoyan la medida como la misma Comisión de Derechos Civiles, Pro Bono, a otros sindicatos bonafide, a más universidades e institutos de educación superior, a iglesias o entidades del sector privado o profesional?”, cuestionó Rodríguez Cotto, aludiendo a las entidades que someterían la lista de candidatos de la cual se escogerían dos de los cuatro miembros de la junta, así como al defensor.
“Queda manifiesto que este proyecto está hecho a la medida, para favorecer los intereses de los que lo proponen”, esbozó Hernández.
En tanto, Rodríguez Cotto mostró su preocupación ante lo que consideró es la poca información que, en general, tienen los periodistas acerca del proyecto, quienes en su mayoría “no se han leído la medida propuesta ni todas las ponencias a favor o en contra” y cuyas opiniones se basan “en comentarios de colegas o en la percepción que se ha generado por los titulares”.
Asimismo, la comunicadora especuló que, en parte, el interés de ciertos grupos de periodistas en la aprobación de esta ley se debe a lo que calificó como el “periodismo light” que según ella predomina en la actualidad y en la que se quiere “todo rápido y digerido”.
Por último, Rodríguez Cotto advirtió al sector mediático del peligro que a su entender supone poner en manos de los políticos el libre acceso a la información, lo que echaría a un lado las “buenas intenciones” de los proponentes de la llamada Ley de Transparencia.
“Con todo el respeto a los legisladores presentes, es un hecho que los representantes y senadores pueden y en efecto, legislan de noche, de madrugada y hasta los fines de semana, por descargue. De esa manera, pueden cambiar estatutos incluyendo el de transparencia de la manera que más le convenga a sus intereses en el momento”, subrayó Rodríguez Cotto.
A favor la Cumbre Social
La organización Cumbre Social de Puerto Rico, por su parte, se cantó a favor del proyecto, al enfatizar que representa una vía hacia un gobierno más abierto, así como un mecanismo que promueve la participación ciudadana.
En su ponencia en representación de la entidad, la licenciada Eva Prados indicó que varias de las propuestas que incluye la medida, tales como la figura del Defensor de la Información y la propia Junta Revisora “son todos elementos indispensables para atender el problema de transparencia y acceso a la información en la isla”.
Además, Prados señaló que este tipo de ley atempera la realidad puertorriqueña a las tendencias globales en cuanto al manejo de la información pública, destacando que este proyecto imita los parámetros de los procedimientos que se siguen en muchos países, por lo que se justifica el gasto que conllevaría formar las estructuras que pretende el PC 2944.
Puede leer las distintas ponencias en los siguientes enlaces:
Asociación de Periodistas de Puerto Rico
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Manuel Guillama Capella
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.
