Costra en las costas: Puyas del erizo 1621 de Fas y Seilhamer

 

María Luisa, no seas mala, llévame contigo pa’ la playa… si es que aún no ha sido privatizada.

Lo ola de maremoto que abre la puerta para repartir las costas de Puerto Rico azotó duro en el Capitolio mediante el proyecto senatorial 1621 según la opinión erudita de dos de los más reconocidos ambientalistas a nivel internacional. De hecho, “robo”, “amiguismo” e “intereses privados” fueron algunas de las palabras y frases más utilizadas por los que se oponen al proyecto, entre ellos un pescador de La Parguera.

Sin embargo, los propulsores del controvertible Proyecto 1621 (P. del S. 1621) que emendaría la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, “a los fines de establecer la ‘Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles sobre el agua y terrenos de dominio público de La Parguera”, entienden que el mismo resolvería un problema de ilegalidad que “existe hace más de 60 años”, según uno de los autores del mismo, el senador saliente Antonio Fas Alzamora, y que impulsaría la economía del área.

Hay un dato ineludible: mediante esta acción legislativa se dispondría de bienes de dominio público, recursos naturales marítimo-terrestres del archipiélago borincano, como lo son las playas, manglares y otros ecosistemas del litoral que compone el área de La Parguera, deshabilitando su uso y disfrute por el resto de los ciudadanos de Puerto Rico. Además, dejaría en ley las construcciones que el propio Senado resalta que se hicieron de manera ilegal en la zona, sin planificación ambiental alguna, y abriría espacio para que se siga esta nefasta costumbre.

El P. del S. 1621 fue radicado en mayo ante la Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización por su presidente, Fas Alzamora, del Partido Popular Democrático (PPD) y natural de Cabo Rojo, y por el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista, el senador ponceño Larry Seilhamer. Fue aprobado en la Cámara al filo de la media noche de sábado a domingo, y faltando minutos para concluir el último día de la sesión legislativa, tras haber sido aprobado apenas un día antes en el Senado.

La iniciativa recibió el aval de 17 votos en el Senado con tres en contra y, mientras que en la Cámara fue aprobado con 36 votos a favor, nueve en contra y seis ausentes. En la Cámara fue aprobada con enmiendas, por lo que pasa ahora a un comité de conferencia para ser discutido por ambos cuerpos legislativos hasta el 30 de junio, desde hoy, día 28.

Expertos en el tema claman a viva voz por acción. La Legislatura de Puerto Rico y el gobernador Alejandro García Padilla aún están a tiempo para frenar el proyecto que es visto por los más que saben del mantenimiento de las costas como el inicio del “robo” de las playas de Puerto Rico, el controvertible P. del S. 1621.

No culpes a la playa… será que son humanos

“Esto constituye un robo al Pueblo de Puerto Rico con la intención expresa de favorecer a personas particulares que se han querido adueñar de la orilla del mar para pasar sus días de playa, y ahora bajo la protección de los legisladores que votaron por esta medida”, reclamó Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental que en abril pasado fue galardonado con el Premio Ambiental de la Fundación Goldman, reconocido mundialmente como el “Premio Nobel” de la conservación ambiental.

“¿Con qué fuerza moral pretenden estos funcionarios que el resto de los ciudadanos cumplamos con las normas y paguemos los impuestos que legislan, cuando lo que están haciendo es premiando aquellos que han violado las leyes descaradamente por años?”, agregó el también coautor de la Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto de Restauración Ecológica del Caño Martín Peña, adoptada en mayo pasado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

El P. del S. 1621 también cuenta con matices de legislación aprobada ‘a la trágala’ para favorecer a unos pocos. En la única vista pública que se celebró sobre este proyecto de ley, Rivera Herrera depuso, pero según denunció el laureado ecologista, “el informe de la Comisión de Turismo del Senado, presidida por Fas Alzamora, obvió por completo el testimonio que ofrecí”.

“Esta omisión tuvo el efecto de excluir información del récord legislativo que justificaba el rechazo a la medida, induciendo así al resto de los legisladores a favorecer su aprobación”, puntualizó Rivera Herrera, del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, una entidad creada por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

De hecho, esta única vista pública contó con poca participación de miembros de la comunidad costera de La Parguera, los que han nacido y se han criado allí, no los propietarios de las casas, que solamente van allí a vacacionar.

“No se recogió la opinión de la comunidad ni de los pescadores. Lo plancharon en el Senado sin escuchar el sentir del poblado de la Parguera”, denunció en entrevista con Diálogo el pescador Froilán López, de 71 años de edad.

“Yo vivo en La Parguera, en la calle Ángel Luis López, al lado del estacionamiento público en el Poblado. Nací y me crié en Lajas. Estas casas no son de gente de La Parguera, son segundas y terceras casas de gente de San Juan y otros lados. Personas pudientes, jueces y abogados de otros lugares. He sido pescador toda la vida en esta área, esta gente no es de aquí. ¿Y le vamos a otorgar un título de propiedad? ¡Las costas de Puerto Rico son de libre acceso! Estas casas se han hecho clandestinamente, se las han construido en las narices de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). ¿Dónde está el trabajo de vigilancia del DRNA?”, cuestionó por teléfono.

A pesar de que el DRNA ha sido negligente con esto, dicha dependencia se opuso al proyecto de Fas Alzamora y Seilhamer. Igualmente, fue rechazado por la Asociación de Pescadores de La Parguera a la que López pertenece. El septuagenario hombre de mar resaltó que nunca se realizaron vistas públicas en la comunidad de La Parguera, “solamente he sabido lo que me ha informado el licenciado Pedro Saadé”, abogado ambientalista que también habló con Diálogo. López dijo que dentro de la comunidad de pescadores y residentes de La Parguera existe ánimo para acudir a los tribunales buscar un recurso legal que detenga el proyecto de Ley.

“Esto también me hace pensar que luego irán detrás de Joyuda y Buyé y por ahí pa’ abajo”, suspiró el experimentado obrero del mar.

El diario digital NotiCel publicó durante la mañana del martes un listado de la DRNA de los dueños de propiedades en la costa de La Parguera, un cuerpo de alto valor turístico por su rara bioluminiscencia y el atractivo de sus islotes y mangles. El DRNA dijo que según la Asociación de Dueños de Casas en La Parguera, su matrícula es de 90 miembros. En la lista que alude a más de 100 casas para vacacionar construidas sobre propiedad de dominio público existe también incluso una residencia identificada como propiedad del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

 

Aquí el inventario de casas de la Parguera del DRNA, publicado por Noticel.

 

Inventario Casas Parguera by Diálogo

A pesar de haber tenido en contra las opiniones más expertas que existen y a gente que durante más de siete décadas han sido parte integral de la comunidad de La Parguera, Fas Alzamora, Seilhamer y el resto de la Legislatura boricua siguieron hacia adelante con el proyecto. En la mañana, el senador que se ha distinguido por su logo del hacha roja, dijo en la radio local que la intención es “legalizar lo que ya existe ahí durante más de 60 años”.

“No pagan nada que no sea el CRIM (recaudación de ingreso municipal). El propio gobierno ya reconoce estas casas. Le dieron agua y le dieron luz”, dijo el expresidente del Senado en el show de Rubén Sánchez por Univisión Radio 580.

El dinero de los títulos de propiedad que se otorguen será usado, según Fas Alzamora, para ayudar a “proyectos capitales de la reserva”. El fogoso legislador hizo hincapié en que el dinero ayudará a sufragar la crisis fiscal en la zona, “con la concesión de más de $2 millones anuales para La Parguera.

“Esta medida busca resolver la incertidumbre jurídica relacionada con las residencias y estructuras existentes en el litoral costero de esta zona turística de La Parguera, así como establecer un régimen de pago mediante el cobro de cánones de arrendamiento por el uso de las porciones de terrenos públicos y de agua que ocupen dichas estructuras existentes. De esta manera, se autorizaría crear una reglamentación sobre el uso y mantenimiento de dichas estructuras y para financiar obras permanentes en beneficio de la Reserva Natural y comunidad de La Parguera”, había dicho Fas Alzamora en declaraciones a la prensa en mayo, previo a presentar el proyecto.

“Pintorescas” casas de vacación con “mística” y “amas de llaves”

Otro que defendió el proyecto por radio fue el alcalde de Lajas, Marco Antonio Irizarry, resaltando que muchas de estas casas “cuentan con amas de llave” y con “lanchas que las vigilan, seguridad”, ya que sus propietarios no las viven a menos que no sea en su tiempo de vacación.

“Y esta gente que emplean es de La Parguera. El impacto es grande”, arguyó Irizarry al ser entrevistado también en Univisión Radio 580 en alusión a estas casas, las que dijo “que ya son parte de la mística de La Parguera”.

 

 

Sí, “mística” es un término que se ha utilizado para defender este proyecto. El licenciado Saadé, abogado ambiental que labora con múltiples grupos locales e internacionales en pro de la ecología recordó otro.

“La excusa o justificación para beneficiar a estas casas que les he visto decir durante el proceso es que son casas pintorescas”, dijo Saadé en entrevista con este medio. En la vista celebrada por el Senado, Saadé fue muy vocal a la hora de verbalizar el epudio del sector de defensa ambiental de Puerto Rico.

“El proyecto de ley 1621 de la Parguera básicamente traslada el disfrute, control y posesión de bienes públicos de La Parguera a manos privadas por contratos renovables cada 40 años. No es otra cosa que no sea un traspaso de las costas a personas y entidades privadas. Jurídicamente, esto valida lo que en estos momentos tiene un estatus jurídico de ocupaciones ilegales. Hay más de 90 casas en el borde de La Parguera, en islotes de mangle, casas levantadas en socos en el medio del mar”, expuso Saadé.

“Todo eso es ilegal, son bienes públicos. Ilegal es el término, esto es un escándalo, porque no hay ninguna necesidad apremiante del Estado para esto. La mayoría son casas de veraneo, muelles, etcétera”, agregó, incluyendo que “los intereses que están detrás de eso, se han estado moviendo”. Resaltó que las partes a favor comparecieron a las vistas, entre ellos abogados cabilderos con casas allí y el propio alcalde de Lajas.

“Legislación típica de privilegios”

“Se sabe que el DRNA se opone a esto, pero el proyecto tampoco recibió el visto bueno de la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)”, apuntó Saadé. “En Puerto Rico, las legislaciones muchas veces responden a favores políticos y cabildeos. Esta es una legislación típica de privilegios”, sostuvo.

Insólito le resultó a Saade que “proyectos tan importantes se hayan llevado a cabo de forma sorpresiva y dentro de un caos de última hora”. El letrado especialista en casos ambientales no duda que “tan pronto se apruebe esto, otras personas poderosas que ocupan bienes públicos van a recibir el mismo trato”. Además, interpuso Saadé, “crea un precedente fatal en contra del concepto social de bien público, una incepción grande que pone en peligro todos los bienes públicos del país y de la costa”. Saadé mencionó también que acá hay una desatención a un asunto de seguridad ante el dilema probado del calentamiento global, y los peligros que estas estructuras presentan ante la posibilidad de huracanes y marejadas ciclónicas o sísmicas.

 

Mira el controvertible proyecto aquí:

P. del S. 1621 sobre costas Parguera by Diálogo

El reclamo se intensificó hoy, martes, al anunciarse una coalición de una decena de organizaciones que se reunió en la tarde de ayer para desarrollar estrategias y reclamar al gobierno que sea cónsono con la política pública ambiental y que proteja los recursos y los bienes de dominio público. Entre las organizaciones participantes de esta alianza están la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, Iniciativa de Desarrollo Sostenible, Sierra Club capítulo de Puerto Rico, la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, CAMBIO, Coalición de Organizaciones contra la Incineración, Boricuá, Amigos del Mar, Grupo Reserva Natural de la Parguera, Toabajeños en Defensa del Ambiente, Arrecifes Pro Ciudad y vecinos de Lajas.

Vía parte de prensa, el colectivo de organizaciones dijo que el proyecto 1621, al igual que el P. de C. 2894 que promueve establecer política pública para el manejo del humedal Caño Tiburones, “establecen precedentes nefastos para los recursos naturales, especialmente promoviendo la privatización de estos”. El 1621, denunciaron, “da exclusividad del uso de La Parguera y todo el litoral costero a los dueños de casas vacacionales ubicadas allí. Estas casas, según el propio Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, son ilegales y debieron ser removidas hace años”.

“Nos preocupa que en el afán de complacer a amigos y donantes políticos, se esté regalando este valioso recurso que es de todos los que vivimos en Lajas y de todos los Puertorriqueños”, expresó Braulio Quintero Nazario líder ambiental de La Parguera.

Durante hoy, lunes, el reclamo fue llevado mediante una protesta de varios grupos ambientalista en el Capitolio. Mañana martes, se supo, acudirán a Fortaleza para una manifestación pautada para las 10:00 AM.

“Con este proyecto de ley se pretende dar por bueno el robo de terrenos y recursos naturales que pertenecen a todos en la Isla, y no solamente a aquellos que han estado intentando adueñarse ilegalmente de estos por años para su disfrute único”, puntualizó Rivera Herrera. El ambientalista hizo un llamado urgente a la ciudadanía para llamar por teléfono o acudir al Capitolio donde el presidente del Senado, Eduardo Bathia; el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, y a los portavoces del PNP en ambos cuerpos: Seilhamer, coautor de la medida, y la representante Jennifer González, a “solicitarles que ejerzan su liderato dirigido a que sus respectivas delegaciones rechacen este proyecto de ley”.

“Los legisladores tienen la oportunidad todavía de corregir este grave error.  De lo contrario, se harían cómplices confesos de este robo,” sentenció Rivera Herrera.

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