La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, también conocida como la reforma laboral, tiene como objetivo “hacer de Puerto Rico una jurisdicción más competitiva, sin menoscabar los derechos esenciales de los trabajadores”, según esbozado en la exposición de motivos del proyecto. No obstante, el término “competitividad” parece tener una multiplicidad de definiciones de acuerdo a quien se le pregunte.
Diálogo le inquirió al economista Ricardo Fuentes Ramírez; al presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Rodrigo Masser; y al presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Andrés Lloret sobre qué significa el término “competitividad laboral” y cómo Puerto Rico dejó de ser un país competitivo, en un intento por entender las justificaciones de la medida legislativa, aprobada por el Senado en la madrugada del jueves y ahora reenviada a la Cámara de Representantes.
Para algunos, la competitividad laboral es sinónimo de abaratar los costos de mano de obra, como sugirió Lloret. Mientras, para otros como Masser y el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra, es una manera de posicionar a Puerto Rico como un lugar atractivo para hacer negocios.
A juicio del economista Fuentes Ramírez, el término competitividad es relativo, por lo que no puede tomarse como la base única de cualquier argumento.
“Quizás respecto a un país, desde el punto de vista del empresario nosotros tenemos salarios muy altos o demasiados derechos para los trabajadores. En cambio, respecto a otro país, nuestros salarios son bastante bajos y los derechos son mínimos. O sea, todo depende de con quién tú nos estés comparando”, declaró Fuentes Ramírez, catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El presidente de la Asociación de Industriales, por su parte, mostró oposición a ese planteamiento. A su entender, la competitividad laboral debe adoptarse como un indicador de cómo debe ser la economía de un país.
“Cuando hablamos de competitividad, es cuando comparamos un escenario con los escenarios que tenemos a nuestro alrededor”, alegó Masser en entrevista con Diálogo.
Masser dio el ejemplo de Tampa, Florida donde el mercado laboral no está tan regulado como el de Puerto Rico, lo que permite que más personas sean empleadas, según él.
“Tú me puedes decir que eso implica que el empleado va a tener menos derechos. Ahí yo te voy a decir que eso implica que lo van a emplear más rápido, y que este empleado tiene que hacerse indispensable y relevante precisamente para crecer y desarrollarse en el empleo”, argumentó.
El líder de la Asociación de Industriales aludía a que a nivel federal no existe una ley que regule los beneficios para los trabajadores, a diferencia Puerto Rico. La licencia de vacaciones, por ejemplo, es conferida bajo la Ley 180 de 1998—y ahora enmendada por la reforma laboral—mientras que en Estados Unidos no existe esa obligación.
Por otro lado, el presidente de la Federación Central de Trabajadores manifestó su disgusto con el término ‘competitividad laboral’ y recalcó que en Puerto Rico lo que hace falta es crear empleos.
“Yo no entiendo qué es competitividad laboral en un país en donde cerca del 26% de la fuerza trabajadora no tiene trabajo. ¿De qué competitividad laboral ellos hablan? Aquí lo que hay es una ausencia de trabajo”, aseguró Lloret.
Según el líder sindical, el problema que tiene la isla es que el sector privado recibe demasiadas subvenciones por parte del Estado, pero no crean las condiciones necesarias para el desarrollo económico.
En la vista pública realizada por la Cámara de Representantes sobre la reforma laboral, el designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el ingeniero Manuel Laboy, destacó esa falta de empleos como un factor crucial.
“El mercado laboral de Puerto Rico se caracteriza por el alto desempleo y la baja participación en la fuerza laboral, particularmente entre los jóvenes y aquellos con nivel de educación más baja. Por lo tanto, la creación de puestos de trabajo y la estimulación de la participación activa en el mercado laboral, especialmente para este grupo altamente afectado, es uno de los retos más importantes que enfrenta Puerto Rico y es una prioridad”, señaló, al añadir que, en octubre 2016, la tasa de participación laboral del país estaba en 39.8%.
Mientras, en Estados Unidos la tasa de participación estaba en 62.8%.
Niveles de competitividad
Una de las bases para determinar la competitividad a la hora de elaborar esta medida fue el informe anual que publica el World Economic Forum, una corporación sin fines de lucro dedicada a impulsar agendas globales a nivel económico, académico y político.
Puerto Rico no aparece en ese documento desde el 2014, en donde ocupaba la posición 32 en cuanto a eficiencia laboral. La razón para la ausencia se debe a que el Gobierno no entregó los documentos necesarios para ser considerado en el estudio, según la exposición de motivos de la reforma laboral.
Previo a esa fecha, en el informe del 2011-2012, Puerto Rico demostró una puntuación menos favorable en las categorías de paga y productividad, y las prácticas de contratación y despido, además de su posición en el “ranking” general (36).
En ese informe, la nación norteamericana ha sido consistente en ocupar el cuarto lugar en cuanto a la categoría de eficiencia laboral. Este renglón recoge las puntuaciones obtenidas por otras áreas relacionadas al empleo como salarios, capacidad para atraer o retener talento, y las prácticas de contratación y de despido, entre otras.
Mientras, en las relaciones laborales entre el empleado y el patrono en general, Estados Unidos ocupa el lugar 38, según las proyecciones del informe más reciente (2016-17).
República Dominicana, por su parte, ocupa el puesto 109 en eficiencia laboral y el 72 en relaciones laborales, según ese mismo informe. Australia está en los espacios 28 y 54, mientras que Suiza se adjudicó el número 1 a nivel global en ambas categorías.
La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, radicada por la cámara alta como el Proyecto del Senado (PS) 212, destaca a las regulaciones laborales restrictivas como uno de los factores que dificulta hacer negocios en la isla. No obstante, el Índice de Competitividad Global establece que la ineficiencia de la burocracia gubernamental es aún más imperante.
De acuerdo al informe—y en este orden—, estos cinco puntos obstaculizan los negocios en Puerto Rico:
- Burocracia gubernamental ineficiente
- Regulaciones laborales restrictivas
- Las regulaciones fiscales (impuestos)
- Las tasas de los impuestos
- Acceso a la financiación
¿Cómo puede Puerto Rico aumentar la competitividad laboral?
Según los economistas citados en el PS 212, el doctor Elías R. Gutiérrez y Gustavo Vélez, Puerto Rico necesita modificar su legislación laboral y atemperarla a los estándares neoliberales para así alcanzar un nivel más alto de competitividad.
Asimismo, el Informe Krueger y las sugerencias que ha hecho la Junta de Control Fiscal (JCF) proponen adoptar una visión afín a esa filosofía económica. Sin embargo, para el economista Fuentes Ramírez, el mejoramiento de la competitividad laboral va de la mano con arreglar la economía y la adopción de una política que integre otras áreas, como la planificación.
Para lograrlo, según el economista, el Gobierno debe tomar las riendas de los asuntos en vez de liberarse de sus múltiples roles, como propone el neoliberalismo detrás de esta reforma laboral.
“Necesitamos impuestos progresivos. Que proporcionalmente pague más el que más tiene. Necesitamos mejor planificación económica. Lamentablemente, aquí no hay un esfuerzo del Gobierno en jugar un rol proactivo en el proceso de desarrollo. O sea, que el gobierno sea líder en el proceso económico y no tenga un rol pasivo y pretenda que las empresas se encarguen del fomento de la economía”, recomendó el catedrático, quien forma parte de la Asociación de Economía Política.
Masser, por su parte, reconoció que “hay otras variables para aumentar la competitividad”, sin embargo se mantuvo firme en que la reforma laboral es la mejor manera de atacar el problema al momento.
Con la aprobación de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral en el Senado en la madrugada del jueves, la medida será evaluada una vez más en la Cámara de Representantes el próximo lunes, 23 de enero, según salió a relucir en la prensa ayer.