Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
La representante estudiantil ante la Junta Universitaria Wilmarí De Jesús criticó que no se dieran datos concretos que justificaran los recortes. (Archivo)
El próximo 20 de junio, el Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria se verá forzado a entregar un informe de presupuesto limitado al pleno del ente, debido a que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no presentó datos concretos y justificaciones de los recortes que se impondrán en el sistema universitario para el próximo año fiscal que inicia el 1 de julio.
Así lo denunciaron varios miembros del comité a la salida ayer de una reunión con la vicepresidenta interina de la UPR, Ilka Ríos, la directora ejecutiva interina de Administración Central, Katherine Meléndez, y el director interino de Finanzas, Agustín Cabrer, en la que se presentó un resumen del borrador de presupuesto.
“La reunión fue un poco atropellada porque no nos habían dado los documentos. Los documentos que circularon anteriormente no son los documentos que se presentaron allí. Hubo un cambio en las partidas en algunos recintos a los que le quitaron un poquito más y en otros un poquito menos. Pero se mantiene prácticamente igual”, explicó la representante estudiantil por el Recinto de Río Piedras, Wilmarí De Jesús.
El pasado 4 de junio, miembros de la comunidad universitaria circularon un documento que la UPR entregó la Junta de Control Fiscal con las partidas que se destinarían a las diversas unidades y recintos y otras dependencias de la institución. Según ese primer documento, la UPR le asignaría $683 millones a los recintos y unidades, lo que se traduciría en un recorte de $7.9 millones respecto a los $690.9 millones que –según el presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno– repartió durante este año.
No obstante, según De Jesús, durante la reunión de ayer, el personal de Administración Central no brindó “ninguna explicación fuerte de cómo se hicieron los recortes más allá de que se miró más o menos el presupuesto del año pasado”.
“No nos brindaron un análisis específico de cómo se hace la distribución presupuestaria. De hecho, ellos no fueron en ningún momento al detalle de por qué se le dan tantos millones a un recinto, versus lo que se les quita a otro”, comentó la estudiante de economía.
Con ella coincidió su homóloga por el Recinto de Ciencias Médicas, Marysel Pagán, quien señaló que salió de la reunión “con más dudas que respuestas sobre el presupuesto”.
“No sentimos seguridad de parte de la administración en cuanto a lo que se estaba presentado. Sentí que estaban improvisando bastante con lo que estábamos discutiendo y el hecho de que se desconociera qué se va hacer con ciertas partidas y cuáles eran las versiones que se daban por parte de la administración”, señaló Pagán.
La estudiante graduada criticó además que a la reunión no acudiera la directora interina de presupuesto, Brunilda Pereira Valentín.
A las estudiantes se sumó el profesor de la UPR en Humacao y también miembro del comité Félix López, quien, si bien agradeció que finalmente se les ofreciera datos sobre las finanzas que regirán a la UPR el próximo año fiscal, lamentó que fuera una información “tardía”.
“No nos da prácticamente tiempo para hacer un análisis mesurado sobre la información y hacer recomendaciones puntuales”, sostuvo el docente.
Reprochó, no obstante, la aparente luz verde que le está dando la administración universitaria a la Junta de Control Fiscal en la toma de decisiones dentro de la institución.
“Me sorprendió del presupuesto que hay una reducción de 34% a todas las oficinas en materiales y 25% en gastos operacionales en todas las unidades sin considerar las realidades de cada unidad. Cuando pregunté de dónde venían esos números, me dijeron que fue la Junta de Control Fiscal la que está haciendo esas recomendaciones. Me sorprende, entonces, cómo la Junta de Control Fiscal está haciendo microgerencia en la UPR y sugiriendo de qué partidas hacer los recortes”, señaló López.
Diálogo buscó una reacción de la administración de la UPR, pero no obtuvo respuesta.
De todos modos, el comité de presupuesto de la Junta Universitaria –al que también pertenecen la profesora en la Escuela de Derecho Ana Gómez; el profesor del Recinto de Mayagüez Carlos Martínez Cruzado (quien se excusó de la reunión); y Jorge Valentín y José Heredia Rodríguez, rectores interinos de las unidades de Carolina y Utuado, respectivamente– se embarcará en la preparación de un informe con recomendaciones generales.
“Nuestras recomendaciones serán bien generales de lo que pudimos obtener. Se le va a llevar a la Junta Universitaria el problema del proceso y el informe que presentará el comité va dirigido a esos aspectos. En efecto, no será como el año pasado que teníamos un informe de presupuesto más específico con las partidas que se entendían que se tenían que mantener, evaluar o cambiar. Esta vez inclusive no hubo vistas de presupuesto en los recintos, tampoco es que el comité participara en todo el proceso. Nosotros no vinimos a ver los documentos hasta hoy (ayer)”, puntualizó De Jesús.
De acuerdo con el reglamento institucional, antes de que la Junta de Gobierno apruebe el presupuesto, la Junta Universitaria debe presentar sus recomendaciones.
El presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, aseguró en la pasada reunión ordinaria que el presupuesto “va a ser conforme a la certificación de cómo se confecciona un presupuesto de la UPR, pasando por todos los canales hasta tener un presupuesto final”.
La Junta Universitaria tiene pautada su reunión ordinaria para el miércoles 20 de junio, mientras que la Junta de Gobierno se reunirá el lunes 18.
Para el año fiscal 2019, las aportaciones gubernamentales a la UPR se redujeron de $668.3 millones a $628.7 millones, sin incluir los ingresos derivados de estatutos tales como la Ley de Juegos de Azar, que se proyecta genere hasta $57 millones para la UPR.
Para compensar por la pérdida de ingresos, la institución impuso aumentos en los costos de matrícula tanto a sus estudiantes de bachillerato como graduados.
Los aumentos permitirán a la UPR ingresar hasta $160.8 millones por concepto de matrícula, casi el doble de los $85.8 millones que debía generar en el 2017-2018.
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