La discusión del rumbo de la educación pública a nivel elemental y secundario en la Isla es un tema de nunca acabar. Año tras año aflora en la palestra pública un sinnúmero de debates acerca de las directrices -cumplidas o no- del Departamento de Educación (DE) y sus consecuencias. Uno de los temas más discutidos a través de estos últimos años ha sido la falta de cumplimiento de los estudiantes puertorriqueños con el aprovechamiento académico requerido por el Departamento de Educación federal, tras la implantación de la Ley 107-110, del 8 de enero de 2002, conocida como el Acta Que Ningún Niño Quede Rezagado (NCLB, por sus siglas en inglés).
Al día de hoy, luego de diez años, tres cuatrienios, siete secretarios de Educación y tres gobernadores, los estudiantes puertorriqueños no cumplen con el por ciento de aprovechamiento académico en los renglones de matemáticas y lenguaje, establecido por el gobierno federal y solamente tiene hasta el año 2014 para lograrlo, según establece la propia Ley. Sin embargo, esta realidad no es única para la Isla, pues la situación se extrapola a la nación norteamericana en la cual, según las estadísticas, los estados tampoco cumplen en un cien por ciento con los estándares requeridos.
Pero, ¿cuál era el objetivo de la Ley? ¿Cómo su implementación afectó la educación en la Isla? ¿Se logrará cumplir en tan solo dos años? ¿Qué alternativas existen?
Sus inicios
La ley “No Child Left Behind Act” fue aprobada tras un esfuerzo bipartidista en el Congreso Federal por el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, el 8 de enero del 2002. Esta medida legislativa enmienda la Ley de Educación Elemental y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) que data del 1965, incluyendo el programa de Título I que sirve a estudiantes desventajados. La premisa de la reforma es, que el aprovechamiento académico de los estudiantes y la educación en general pueden mejorar a través del establecimiento de estándares educativos altos y de metas cuyo cumplimiento puedan ser medibles.
Asimismo, el Estatuto introdujo cambios entre los que destacan un mayor énfasis en la fiscalización de los recursos (“accountability”), la administración anual de pruebas estandarizadas, el cumplimiento de un progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en inglés), tener maestros altamente calificados y un mayor poder decisional a los padres.
Actualmente, el DE cuenta con unos 437 mil alumnos.
No obstante, a poco menos de dos años del término de cumplimiento, muchos conocedores del campo educativo consideran que la Ley, contrario a mejorar los estándares académicos, ha resultado en un “fracaso” como política pública.
“El desarrollo de la lectura y el dominio de algunas destrezas básicas fueron un buen intento. Sin embargo, las restricciones y la manera en que se implantó derrotó el propio propósito de la NCLB. Yo creo que se convirtió en un juego de aprobación y de cubrir espaldas, desde el punto de vista del yo me acredito para recibir los fondos, de lo contrario voy a ser penalizado”, sostuvo el exsecretario de Educación (2001- 2004) César Rey Hernández.
El también catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), añadió que durante el proceso de implementación tuvo varias reuniones en Washington, D. C. y descubrió que cerca del 35 al 45 por ciento de los estados disminuyeron sus estándares para poder cumplir con las expectativas, y así no se les penalizara privándolos de fondos federales. “Pero aún, hubo estados que decidieron no acogerse a la NCLB para no tener que cumplir con las expectativas”, dijo.
De hecho, el actual Secretario del Departamento Educación de los Estados Unidos (ED, por sus siglas en inglés), Arne Duncan, reconoció que hace falta una nueva legislación en pro de la educación. En una carta titulada “After 10 Years, It’s Time for a New NCLB”, publicada el 8 de enero de este año en el portal cibernético del ED, el Secretario de Educación federal señaló que “la NCLB tiene fallas significativas”. Aunque indicó que la Ley “ha mejorado la educación americana en ciertos aspectos”, reconoció que “sigue teniendo fallas que necesitan ser corregidas”. El funcionario denunció que el Estatuto “creó una meta artificial de pro eficiencia que animó a los estados a establecer bajos estándares para hacer más fácil que los estudiantes llegaran a la meta”.
Criticó, además, que el énfasis de la Ley en las puntuaciones de las pruebas como el método primario de medición del rendimiento escolar redujo el currículo y el sistema homogéneo de fiscalización etiquetó de manera errónea a las escuelas como fracasadas, aunque sus estudiantes estuvieran demostrando un crecimiento académico real. “La Ley es demasiado rígida y no le permite a los distritos crear planes de mejoramiento basados en sus necesidades particulares. Tampoco apoyó a los estados mientras creaban sistemas de evaluación de maestros que utilizan múltiples medidas para identificar maestros altamente calificados y para fomentar su desarrollo profesional (…)”, puntualizó Duncan en la misiva.
Hablan las estadísticas
Precisamente, algunas de las fallas mencionadas por el secretario Duncan están reflejadas en los resultados de las pruebas estandarizadas que se ofrecen en la Isla durante el mes de abril. Las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) son el instrumento de medición que se utiliza en el País para analizar el progreso educativo de los estudiantes. Éstas son administradas a los alumnos que cursan del tercero al sexto grado a nivel elemental, del séptimo al octavo grado a nivel intermedio y en undécimo grado a nivel superior. Cabe señalar que cada estado o territorio se encarga de establecer la meta anual de habilidad por materia, pero la Ley federal indica que todos deben cumplir con la meta de cien por ciento de rendimiento para el año 2014.
Según los informes presentados por el Departamento de Educación federal, los estudiantes de cuarto grado en Puerto Rico obtuvieron un 56 por ciento en la materia de matemáticas, un 35 por ciento los de octavo grado y un 33 por ciento los de nivel superior para el año escolar 2003 al 2004. Asimismo, en lenguaje, reflejaron un 53 por ciento los de cuarto grado, un 30 por ciento los de octavo y un 43 por ciento los de nivel superior. Para el año 2004 al 2005 los estudiantes reflejaron mejorías. Los de cuarto grado obtuvieron un 69 por ciento en matemáticas, un 46 por ciento para los de octavo y un 45 por ciento para los de nivel superior. En el renglón de lenguaje, los de cuarto grado aumentaron un cinco por ciento en relación al año anterior, con un 59 por ciento, un 45 por ciento los de octavo y un 53 los de nivel superior.
| Año Escolar | Matemáticas | Lectura y Lenguaje | ||||
| Cuarto | Octavo | Undécimo | Cuarto | Octavo | Undécimo | |
| 2003-2004 | 56% | 35% | 33% | 53% | 30% | 43% |
| 2004-2005 | 69% | 46% | 45% | 59% | 45% | 53% |
| 2005-2006 | 60% | 42% | 40% | 51% | 36% | 48% |
| 2006-2007 | 64% | 45% | 45% | 58% | 41% | 51% |
| 2007-2008 | 72% | 47% | 44% | 65% | 44% | 53% |
| 2008-2009 | 41% | 4% | 3% | 41% | 4% | 3% |
| 2009-2010 | 48% | 7% | 4% | 40% | 39% | 35% |
| 2010-2011 | 52% | 9% | 8% | 44% | 45% | 38% |
(Datos obtenidos del Departamento de Educación Federal)
Del año 2005 al 2008 hubo un aumento en el aprovechamiento académico de los estudiantes elevando sus niveles porcentuales durante cada año en relación con el año anterior. Esto convirtió al año 2007-2008 en el año de mejores puntuaciones en las evaluaciones de matemáticas y lenguaje, siendo un 72 por ciento el porcentaje más alto.
No obstante, las estadísticas también mostraron un dramático descenso el siguiente año escolar (2008-2009) cuando el aprovechamiento en matemáticas y lenguaje llegó a rozar el tres por ciento para unos y el cuatro por ciento para otros.
Las escuelas y el Plan de Mejoramiento
Para la NCLB, los resultados en las pruebas de aprovechamiento académico son de suma importancia, pues de ello dependen las medidas académicas y administrativas que se tomen para intentar llevar las escuelas al nivel de aprovechamiento deseado. Las escuelas que no consigan aumentar su progreso anual por segundo año consecutivo son puestas bajo un plan de mejoramiento y a los estudiantes de esas escuelas se les da la oportunidad de transferirse a otro plantel que no se encuentre bajo un plan de mejoramiento.
Las escuelas que no cumplan con el AYP por tercer año tienen que brindar servicio de tutorías gratuitas a sus estudiantes y otros servicios educativos suplementarios para ayudar a los alumnos de bajo aprovechamiento académico. Además, aquellas que estén en su cuarto año en plan de mejoramiento son identificadas como candidatas a “acción correctiva”, lo que significa que se podría reemplazar al equipo de trabajo escolar, introducer un nuevo currículo educativo o extender los periodos de clases. Finalmente, en el caso de las escuelas que estén en su quinto año de plan de mejoramiento en adelante, se podría comenzar un plan de reestructuración de toda la escuela, el cual podría incluir el cierre de la escuela, su apertura como una escuela ‘charter’, la contratación de una compañía privada para que la administre o el manejo directo de la escuela por parte del Departamento de Educación estatal.
El 91 por ciento de las escuelas del País están dentro de un plan de mejoramiento.
Según las estadísticas reportadas por el Departamento de Educación federal, para el año escolar 2004-2005 la Isla tuvo unas 598 escuelas bajo plan de mejoramiento, lo que supone un 40 por ciento del total de las escuelas en funcionamiento para ese año. Al año siguiente, 2005- 2006, se reportaron 834, para el 2006-2007 el número se redujo a 725 y aumentaron a 748 para el 2007 al 2008. Asimismo, en el año 2008-2009 hubo unas 730 y el número se incrementó a 942 para el año escolar 2009-2010. Durante el año 2010-2011 la cantidad de escuelas bajo el plan de mejoramiento volvió a aumentar y se reportaron unas 1,256, lo que representa un 84 por ciento del total de escuelas. Al año siguiente, 2011-2012 se incluyeron unas 1,262 en la lista. Preliminarmente, para el año escolar 2012-2013 el Departamento de Educación de Puerto Rico indicó que unas 1,322 escuelas de 1,451 están bajo dicho plan. Esto significa un 91 por ciento del total de escuelas en funcionamiento.
Diálogo intentó conversar con el Secretario del DE, Edward Moreno, para conocer la estrategia que trabaja la Isla en torno a la Ley federal, pero al momento del cierre de esta edición no había concedido la entrevista.
A principios del presente año escolar, el gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, indicó que solicitaría al gobierno federal que la Isla fuera eximida de ciertos requisitos de la NCLB, lo que dotaría de mayor flexibilidad al Departamento de Educación de Puerto Rico. Desde el mes de febrero de este año, unos diez estados fueron liberados de cumplir con ciertos estándares que están contenidos en la Ley federal y otros 26 ya han sometido la documentación requerida para que se les exima de ello. Los estados que así lo han solicitado, enfatizan en el crecimiento y progreso de los estudiantes a través de múltiples métodos de medición en lugar de los resultados de las pruebas estandarizadas.
¿Qué significa la NCLB para dos exsecretarios de educación?
Para el exsecretario de Educación César Rey Hernández, despuésdediezañoslasexpectativ
Finalmente, Rey Hernández apuntó que una de las consecuencias más graves de la Ley ha sido que su filosofía era cumplir un examen y por ende se abandonó la calidad educativa y se basó el proyecto educativo en la expectativa de pasar una prueba.
“De ahí ha habido corrupción, manipulación de datos -y Puerto Rico tiene un caso- y en los Estados Unidos todas las semanas arrestan a superintendentes o acusan a directores de escuelas en los distintos condados porque se convirtió en una obsesión para no perder financiamiento. Aquí el dinero se convirtió en el eje principal del proyecto educativo en lugar del aprendizaje”, puntualizó.
Por otro lado, el también exsecretario de Educación, Rafael Aragunde Torres (2005- 2008), expresó que entre los estados siempre hubo una resistencia a la Ley porque se atendía la educación sin tomar en consideración el contexto. “El problema con la NCLB es que no toma en consideración lo que a mí me parece es evidente. Tú no transformas la educación como transformas la producción en línea de automóviles. La educación es un asunto complejo que está íntimamente relacionado con la cultura y no se transforma de un día para otro”, esbozó.
Aragunde Torres opina que se tienen que transformar los medios de comunicación, la cultura política de un país e incidir donde los estudiantes se forman día tras día fuera de la escuela para que los logros académicos sean posibles.
“Mientras el país siga pensando que la educación consiste en un proceso escolar no va a ver ningún tipo de transformación. Yo creo que NCLB cogió el rumbo equivocado, pensó que de lo que se trataba era de insistir solo en la ‘auditabilidad’ y perdió de vista las dinámicas sociales de transformación que se están dando en Puerto Rico y en los Estados Unidos”, dijo.
Aragunde Torres indicó que lo positivo de la legislación es su insistencia en la fiscalización. Para el también profesor de la Universidad Interamericana, Recinto Metro, el Estatuto logró que en lugares como Puerto Rico se hiciera un acopio constante y específico de información que hasta el momento de su implantación estaba desorganizada. “Eso ha obligado a las distintas agencias de educación a tener una visión más clara de los recursos que tiene y cumplir adecuadamente con los fondos que se reciben”, concluyo.
Opinan los gremios magistrales
Otra de las personas que piensa que el “No Child Left Behind Act” no cumplió su cometido es María Lara Fontánez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR). La educadora opina que la pieza legislativa ha traído problemas al sistema educativo del País, al pretender imponer medidas que no se ajustan a la realidad de la Isla.
“Se ha demostrado que no mide nada, que no sea el interés del Gobierno en que se imponga un instrumento fraudulento a propósito para que las escuelas salgan mal y así tener la excusa para privatizar posteriormente. Ese es el objetivo que entendemos hay detrás”, exclamó.
A Lara Fontánez le parece contradictorio que se les exija utilizar múltiples métodos de evaluación para medir el progreso de los estudiantes y que luego se enfoquen en dar una prueba generalizada. “El DE nos indica que no podemos evaluar solamente con exámenes y que tenemos que utilizar distintos métodos de evaluación porque no todos los estudiantes aprenden de igual forma. Sin embargo, en abril todos los años pretenden que nos circunscribamos a una sola prueba estandarizada”, sostuvo.
Los maestros temen que el Estatuto federal redunde en el desplazamiento de educadores para la incursión de compañías privadas en las escuelas.
Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la presidenta de la FMPR es la posible implantación de ciertas acciones contenidas en la Ley para las escuelas bajo el plan de mejoramiento. “Van a sacar a la mayoría de los maestros del plantel y van a entregarle la administración de la escuela a una compañía privada. Por lo tanto, lo que nosotros hemos venido diciendo, de que el objetivo es privatizar las escuelas, que por eso no hay plan de mejoramiento real, que por eso no se asignan los recursos necesarios a las escuelas, es cierto. El Gobierno pretende privatizar las escuelas y para eso necesita justificarlo con el fracaso de las pruebas de aprovechamiento académico”, alertó.
Finalmente, para Aida Díaz de Rodríguez, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), la Ley fue diseñada por personas que nunca habían sido educadores y tenían una opinión distinta a la realidad de lo que es educación.
“En Puerto Rico tuvimos el problema de que la Ley se aprobó y se implantó y se quiso hacer ver que se estaba cumpliendo con la Ley. Se supone que se prepararan unos planes de mejoramiento y nunca hubo tal plan de mejoramiento. Lo que había era que muchas escuelas copiaban el plan de otra escuela y el plan de mejoramiento tiene que estar basado en el plan de cada escuela por individual”, informó.
Díaz considera que la NCLB ha hecho “más daño que bien” a la educación. La presidenta dijo que la cantidad de fondos que llegan al salón de clases es mínima, pues gran parte del dinero se utiliza para la contratación de compañías que ofrecen servicios educativos suplementarios.
Indicó que el Departamento debió aprovechar los primeros años para implantar y dar a conocer a los maestros los estándares contenidos en la Ley, a fin de que estos pudieran hacer sus planes a base de esos estándares. Opinó que, de haberse utilizado dicha estrategia, el resultado hubiera sido distinto. “Aquí el problema fue que Educación fue por un lado y cumplió con los requisitos en papeles, pero en la implantación, en la práctica, no cumplió”, enfatizó.
Díaz concluyó que el problema es que se ven a las escuelas como un ente aislado de la sociedad cuando el problema es mayor. “No es la escuela; es el hogar, escuela y sociedad. Hasta que nosotros no logremos que un gobierno entienda que para que tengamos una educación de excelencia todos los componentes de la sociedad tienen que trabajar entrelazados, no vamos a mejorar”, afirmó.
