¿Qué reciben los puertorriqueños a cambio de los impuestos que paga? Según José González Freyre, presidente de Pan American Grain MFG., Inc. la respuesta es nada ya que todo ese dinero termina en Wall Street.
González Freyre, quien participó en el foro “IVU vs. IVA, Segunda Fase”, que se celebró el miércoles 14 de octubre en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP), denunció que el Gobierno toma el dinero de sus contribuyentes para saldar sus deudas con los bonistas del centro financiero estadounidense que ubica en Manhattan. Manifestó a los asistentes a la actividad que se realizó en la Escuela de Arquitectura de la UPR, que el Gobierno está “robándole a ustedes para pagarle a otro, para sacar el dinero del País. Te van a robar a ti para pagarle a Wall Street”.
“Un sistema tributario es para el mejoramiento de la calidad del individuo y se supone que el consumidor o el ciudadano reciba algo a cambio”, argumentó González Freyre. “Ninguno de nosotros, ciudadanos de Puerto Rico, debemos pagar una contribución que no tenga un impacto a mejorar nuestra calidad de vida”, sentenció González Freyre, presidente de la empresa que distribuye productos como Arroz Rico, Café Mami y Gasolina.
También sostuvo que el Gobierno ha creado todo un sistema para empobrecer a los puertorriqueños. Han dicho “vamos a hacer de la pobreza una industria porque queremos transferencias federales”, según él.
Puerto Rico tiene un desequilibrio entre lo que recauda y lo que gasta, esto lo ha llevado al déficit actual que atravesamos. “Tenemos que salirnos del vicio de los préstamos”, exhortó finalmente González Freyre.
El evento organizado por el Proyecto Iniciativas de Investigación y Actividad Creativa Subgraduadas (iINAS) de la UPR en colaboración con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, también contó con la participación de Edwin Prado Galarza, catedrático asociado del Departamento de Contabilidad de la UPR-RP; Mark Anthony Bimbela Quiñones, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; Antonio Bauzá Torres y Alexis Hernández, fundador y asociado (respectivamente) del bufete Morell, Bauzá, Cartagena & Dapena, LLC y Argeo T. Quiñones Pérez, catedrático del Departamento de Economía de la UPR-RP.
El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, anotó durante su exposición que la Ley 72 del 29 de mayo de 2015 que impuso el aumento del IVU y la implementación del IVA en el mes de abril del próximo año, no siguió los trámites establecidos en nuestra Constitución. Además, indicó que ese estatuto no es inteligible para un ciudadano común lo que la hace inconstitucional.
El gremio que dirige Bimbela logró exentar su profesión del impuesto del IVA en el Tribunal Supremo al declarar que la Ley 72 supone una violación de poderes, pues los abogados -siendo de la Rama Judicial- iban a tener que reportarse al Departamento de Hacienda -que pertenece a la Rama Ejecutivo-, lo que implicaba un conflicto con visos de inconstitucionalidad. Bimbela aseguró que la ley en su totalidad afecta los derechos de los ciudadanos.
El abogado indicó que el País no puede seguir cargando sobre sus hombros las deficiencias administrativas de todos los gobernadores que ha tenido la Isla. “El pueblo tiene la responsabilidad de enfrentarse al Estado, de recordarle que el Estado tiene que funcionar en beneficio del pueblo”, urgió. “A veces estamos dormidos”, lamentó.
¿Cómo llegamos al IVU y al IVA?
La base contributiva principal de Puerto Rico había sido la contribución sobre ingresos hasta el 2006. Bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el modelo se invirtió colocando el consumo como la mayor parte de la base contributiva. Así, se implementó el IVU, pues según ellos, era más eficaz fiscalizar a los 400 mil comerciantes en la Isla que a los más de un millón de personas que rinden planillas.
El profesor Prado Galarza, mencionó que en los últimos 13 años Puerto Rico ha acumulado un déficit de $ 21,831 millones sin contar las deudas vencidas. Según él, año tras año solo se ha destinado entre un uno y un ocho por ciento al pago de la deuda. “Es como si de su tarjeta de crédito usted pagara un por ciento del balance anualmente”, explicó.
“El IVU fue un rotundo fracaso”, afirmó el catedrático. El Gobierno, cada año, solo logra captar entre el 40 y el 60 por ciento de las contribuciones de los comerciantes.
Ahora se implementará el IVA, que busca de manera sistemática registrar estas contribuciones. Los 400 mil comerciantes tendrán que llenar unas planillas mensuales de forma cibernética en el portal de Hacienda, explicó con ironía el catedrático.
“Es un acto regresivo”, expresó por su parte el licenciado Bauzá. El que tiene más dinero no le afectará, pero el que no posee el capital necesario tendrá que dejar de pagar su carro para poder comprar el pan, sostuvo. Además aseguró que “el sistema está radicado en mucho papeleo” prestándose para mucha evasión contributiva.
Una economía perforada
De otro lado, el economista Quiñones Pérez, insistió en que la deuda pública vine desde el gobernador Luis A. Ferré, cuando creció un 90 por ciento y no desde Hernández Colón como se insiste en los medios de la Isla. De acuerdo a Quiñones, desde finales de la década del 60, hasta el día de hoy, se ha favorecido el apoyo a las grandes empresas reduciéndole impuestos contributivos y brindándole beneficios que han desencadenado en una crisis fiscal.
“Aquí en Puerto Rico lo que tenemos es un gran centro de transferencia de ganancias a través de los precios de transferencia […] vamos a cortarle todo a esa transferencia y no pagar”, sugirió Quiñones. El catedrático añadió que las grandes empresas en Puerto Rico buscan cada año la forma de minimizar el pago de sus contribuciones a escala global.
“Que se le cobre a quien se le tiene que cobrar”, sentenció el profesor, añadiendo que Hacienda perdió el año pasado cerca de 400 millones por 21 empresas que no quisieron radicar planillas.
