A juicio exrectores de la UPR por alegado fraude en Crece-21

El fiscal especial independiente Emilio Arill no precisó si recurrirán en alzada por los delitos a los que no se les encontró causa a los funcionarios. (Sadot Santana/Diálogo)

28 de marzo de 2018 Por Sadot Santana Miranda Resaltado UPR

Los exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Juan Ramírez Silva, Yanaira Vázquez Cruz y Juan Varona Echeandía, enfrentarán un juicio criminal por su participación en un alegado fraude con fondos de la institución. Así lo determinó hoy la jueza Yazdel Ramos Colón, tras varios meses de vista preliminar.

A Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo; Varona Echeandía, exrector de la UPR en Cayey y Vázquez Cruz, exrectora de la UPR en Utuado, se les acusa de haber participado en el esquema de fraude por medio del programa de Certificación y Re-Certificación, mejor conocido como Crece-21. Jonathan Ramírez Pérez, hijo del exrector Ramírez Silva y la excoordinadora del programa Crece-21 Ada Liz López Hernández, también figuraban como acusados.

El programa Crece-21 se estableció entre la UPR y el Departamento de Educación (DE) para adiestrar a maestros en materias de difícil reclutamiento bajo la presidencia de Miguel Muñoz (2011-2013).

A Vázquez Cruz se le encontró causa por los delitos de apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito del Código Penal y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental (LEG).

A Varona Echeandía, por su parte, se le encontró causa por el delito de aprovechamiento ilícito y violaciones de ética gubernamental. Mientras que a Ramírez Silva se le encontró causa por el delito de apropiación ilegal agravada y por una violación de ética gubernamental.

A López Hernández, la jueza Ramos Colón le encontró causa por los delitos de aprovechamiento ilícito, apropiación ilegal agravada y violaciones de ética gubernamental.

A ninguno se le encontró causa por el delito de malversación de fondos.

En el caso de Ramírez Pérez, la jueza no encontró causa para juicio.

El juicio contra los cuatro funcionarios comenzará el próximo 25 de abril.

Durante las argumentaciones finales, la representación legal de López Hernández, Carmelo Dávila, cuestionó la ausencia de la administración del Caribe Hilton como acusados en el proceso criminal. Según el letrado, los directivos de la corporación debieron haber figurado como acusados en el caso debido a que fueron ellos los que realmente se apropiaron ilegalmente de fondos del erario.

Durante el proceso de vista preliminar, el testigo Marco Hernández —quien fue oficial de facturación del hotel Caribe Hilton, donde se celebraban actividades y adiestramientos relacionados al programa— confesó que López Hernández le indicó en varias ocasiones que no detallara en las facturas los gastos en que incurrían los funcionarios.

Sin embargo, a su salida de la sala, el fiscal especial independiente, Emilio Arill, indicó que “el Caribe Hilton no se ganaba un dinero más… cobraba lo mismo en la factura original como en la factura alterada. ¿De qué lo vas a acusar?”

Según Hernández, habitualmente la hospedería detallaba en sus facturas los gastos que luego cobraba a sus huéspedes. No obstante, durante la vista de Varona Echeandía, el testigo precisó que una de las facturas del funcionario figuraban gastos como bebidas alcohólicas y ropa.

Estas facturas, de acuerdo con Hernández, fueron cobradas a la UPR, a pesar de que no tenían que ver con las actividades relacionadas al programa Crece-21.

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