Si sucede desobediencia civil en contra de la imposición de la junta federal de control fiscal, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) estará listo para defender a los manifestantes.
Así lo hizo saber en entrevista con este diario y mediante comunicado de prensa general el presidente de dicha colectividad, el licenciado Mark Anthony Bimbela. Puntualizó que es su deber, “como institución” defender a quienes enfrenten consecuencias con la ley por realizar desobediencia civil o cualquier otra manifestación. De igual forma, expresó su repudio a la imposición de la junta, a la cual calificó como “una dictadura moderna”. Se anticipa que la junta sea aprobada en un futuro cercano por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días la legislación que impone la junta de control vaya a votación ante el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso, y posteriormente pase al Senado. De aprobarse en ambos cuerpos legislativos pasará a la Casa Blanca para la firma del presidente. El presidente Barack Obama no ha realizado manifestación alguna, ni a favor ni en contra, sobre la junta de control fiscal a imponerse en la isla.
“La Junta de Gobierno de nuestra institución aprobó una resolución rechazando la junta federal, y esa es la política institucional que estamos ejecutando en el día de hoy. El Colegio pondrá a disposición del pueblo de Puerto Rico, un ejército de abogados y abogadas voluntarias para representar a la ciudadanía en caso de que haya oleadas de desobediencia civil en la isla en contra de la imposición de la junta”, destacó Bimbela.
“De la misma manera que nuestra institución estuvo al lado del pueblo de Vieques y de las miles de personas que fueron arrestadas en los terrenos restringidos en aquel entonces, que sepa el pueblo de Puerto Rico que no está solo y que nuestra institución estará siempre para velar y proteger los derechos civiles y constitucionales de todas las personas”, sostuvo el abogado, presidente de la institución profesional que ahora en junio cumple 176 años de fundación.
“La condición colonial de Puerto Rico ha llegado a su punto más álgido. En ese sentido la junta controlaría todos los aspectos de la vida diaria gubernamental, y por ende de la ciudadanía. La mínima autonomía gubernamental que tenía el país va a ser suplantada por las decisiones de unas personas que en nada le interesan resolver nuestros problemas económicos. Su verdadera intención es repartir a los bonistas los pocos ingresos que le quedan al gobierno, relegando a una tercera posición las necesidades básicas de nuestro pueblo. Lo anterior, a simple vista, es la implantación de una dictadura que desdeña el alegado sistema democrático puertorriqueño que nos han hecho creer que permea en la isla. Esta es la cruda realidad y el pueblo tiene que estar consciente de ello”, destacó.
Bimbela indicó que envió misivas al presiente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Rob Bishop, y al presidente del Senado, Orrin Hatch, dejando en evidencia la oposición que hay de parte del gremio que representa, al igual que de otros sectores.
“Es importante que los líderes congresionales sepan que en Puerto Rico hay una oposición fuerte y vibrante en contra de la junta de control. Hay mucha desinformación en el ambiente, especialmente por personajes que no colocan a Puerto Rico primero, y eso hay que atacarlo informando la verdadera realidad. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles y la única manera de superarlos es remando todos y todas en la misma dirección”, expresó.
Bimbela recalcó a Diálogo que todo apunta a que las acciones que tomará la junta a favor de los bonistas desembocarán en claras violaciones a los derechos humanos de los puertorriqueños. Comparó la situación con una “de esclavitud moderna”, donde no se toma en consideración el pensar y sentir del pueblo puertorriqueño, “como si esto fuese un mercado de esclavos”.
“La forma en que se nos ha tratado, es a todas luces la del amo que tiene sometido a todo un pueblo a una servidumbre, solo comparado con la época de la esclavitud estadounidense. A tales efectos, la legislación federal propuesta no solo viola la propia Constitución norteamericana, sino todo el derecho internacional sobre derechos humanos”, puntualizó.
Adjunto incluimos la cartas que el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico le envió a los líderes de los cuerpos legislativos de Estados Unidos, al igual que la resolución de la Junta de Gobierno de la institución repudiando a la imposición de una junta de control fiscal.
Carta Orrin Hatch-Junta de Control by Diálogo
Resolucion de La Junta de Gobierno Del Caapr en Rechazo a La Junta de Control Fiscal by Diálogo
