Desde horas de la madrugada, la División de Operaciones Tácticas y un camión del Departamento de Vivienda crearon un perímetro alrededor de la comunidad Villas del Sol en Toa Baja para, según la información recopilada, desalojar a la comunidad compuesta por sobre 200 familias. Efectivos de la Policía comenzaron a agredir a los residentes con golpes y con pistolas de electricidad o “taser”. La líder comunitaria Maritza de la Cruz, que está en su octavo mes de embarazo, se encuentra en un hospital luego de haber sido embestida por miembros de la uniformada. Hay también otros tres heridos a los que se les había negado atención médica, denunció Ramón Díaz, de la organización la Nueva Escuela, y quien estuvo presente durante los incidentes. “Es totalmente abusivo como han cogido a esa mujer, y se ha visto como le lanzan gases lacrimógenos en la cara de la gente sin ninguna justificación. Esto es una fuerza totalmente desproporcionada”, denunció el licenciado Osvaldo Burgos, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados en entrevista radial. El coronel José Morales justificó la intervención de la Policía en el lugar, así como el uso de macanas y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y poder colocar las vallas para delimitar la zona, reseñó la prensa. De igual forma, el superintendente de la Policía José Figueroa avaló las medidas usadas por el coronel. ”Si hay personas que retan a la Policía de Puerto Rico, la Policía tiene que establecer el orden. Esto es un país de ley y orden”, declaró Figueroa quien supervisó el operativo. A pesar de las razones expresadas por la Policía, las causas de esta intervención aún no son claras. Para Díaz, esto se trata de un operativo para un futuro desalojo ya que el Departamento de la Vivienda había anunciado en diciembre pasado que llevaría a cabo desalojos en la comunidad y la uniformada indicó que está allí presente para apoyar a la dependencia. Pero los residentes no han recibido ninguna notificación al respecto. Hace varias semanas, que la comunidad hizo una exhortación, tanto a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energía Eléctrica, para que les cobren el servicio y poseer un título de propiedad. “El Departamento de la Vivienda ha solicitando que se establezca un perímetro en la zona porque desde que salió la Policía a finales de 2008 y principios de 2009 había 168 viviendas y ahora hay 211. Que quiere decir que la gente continúa invadiendo el área”, dijo el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges. Borges alegó que “no hay desalojos” y que lo que se está haciendo, a petición del secretario de la Vivienda, Yesef Cordero, es colocando unas vallas de seguridad para que no entren más rescatadores de terrenos. Además, indicó que el Departamento de la Vivienda y la Autoridad de Tierras van a acudir el lunes al tribunal para que se les permita proceder con los desalojos.
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