Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
La Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico coincidió con el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, José Figueroa Sancha, en cuanto a que Puerto Rico es un país de ley y orden. Por ello, la ACLU pidió que se radique cargos contra el Superintendente Auxiliar de la Policía, José Rosa Carrasquillo, “por agresión a patadas” contra un estudiante inmovilizado e indefenso cuyo único delito fue ejercer su derecho constitucional a protestar. En un comunicado oficial, la ACLU fue clara en su pedido de destituir a Rosa Carrasquillo, asegurando que “el Superintendente Auxiliar de la Policía, debería además ser destituido de su puesto y objeto de investigación inmediata”. La organización, cuya misión es defender y preservar los derechos y garantías individuales en la Isla, argumentó que “pertenecer a la Uniformada de Puerto Rico no concede a la policía de Puerto Rico licencia para violar las leyes del país”, y de paso recordó que Puerto Rico es “un país cuya ley suprema es su constitución”. “El derecho de expresión goza de alto rango constitucional, por lo que la ACLU le recuerda a la Policía de Puerto Rico que no es sólo a la ciudadanía que le incumbe cumplir con la ley, sino que mas aún a la Uniformada”, añadió la unión. También, la ACLU pidió expresamente al Superintendente de la Policía revisar los videos que muestran el violento incidente contra los manifestantes en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones. Además, que identifique a los oficiales que “incurrieron en agresiones criminales indebidas contra ciudadanos” y que proceda “a formular los cargos administrativos y criminales” contra ellos. “No sólo incurre la policía de Puerto Rico en delitos comunes de agresión cuando le da patadas, le aplica una pistola eléctrica (Taser) reiteradamente a ciudadanos inmovilizados e indefensos o agreden con macanas a una persona en silla de rueda, sino que infringen también garantías constitucionales de la ciudadanía”, explica la organización, con respecto al comportamiento de integrantes de la Uniformada en el lamentable evento. En la comunicación, la ACLU agregó que contrario a lo que ha declarado el Superintendente de la Policía, en casi todas las manifestaciones, incluyendo la del Hotel Sheraton, gran número de policías no llevaban su nombre ni placa sobre sus uniformes. Situación que la organización calificó como “un grave problema, ya que ésta es la única manera que un ciudadano tiene para identificar a un policía agresor que viola las leyes del país”. Este video, obtenido por Diálogo a través de una fuente, tiene relación con las denuncias hechas por la ACLU. La pieza audiovisual fue filmada el 14 de mayo de 2010; el mismo día en que el estudiante de maestría en Sociología, José Pérez, alias “Osito”, fue brutalmente golpeado por policías; muestra al Superintendente Auxiliar de la Policía, José Rosa Carrasquillo, junto a otros agentes, “fichando” a estudiantes por medio de cámaras. Aquí el mismo estudiante José Pérez, alias “Osito”, el día 14 de mayo, cuando fue brutalmente golpeado por efectivos de la Policía en el portón de Ciencias Sociales de la UPR-RP.< b> El estudiante de maestría José Pérez, alias “Osito”, fue nuevamente agredido en los incidentes del Hotel Sheraton del Centro de Convenciones. La ACLU condenó la utilización de una pistola eléctrica (Taser) en la agresión. La ACLU aseguró que “es sumamente preocupante que los manifestantes se sientan tan desprotegidos durante actividades consagradas en nuestro ordenamiento constitucional”. El capítulo puertorriqueño hizo alusión a las recientes entrevistas televisadas en donde el Superintendente de Policía, “indicó que la policía de Puerto Rico usó la técnica del Roten Controlado para controlar a los manifestantes”, para luego añadir que “buscaban intervenir para evitar más daño a la propiedad, que a su entender ya sumaba a $8,000.00”. Expresión inmediatamente desmentida por la gerencia del hotel. “En cuanto al uso del Roten Controlado”, indicó la Unión, “las imágenes captadas por la prensa del país hablan por si mismas”. Asegurando que el Gobierno de Puerto Rico “tiene la obligación de garantizar el derecho a la libre expresión de quienes lo ejercen sin temor a ser sometidos a violencia por parte del Estado, represalias o carpeteo”, la ACLU indicó que es “inconcebible creer que en Puerto Rico existe un verdadero derecho de expresión cuando en todas las manifestaciones anunciadas llega la fuerza de choque y otras unidades especializadas e intimidantes antes que los propios manifestantes”. La ACLU instó a las personas perjudicadas por estos acontecimientos a radicar las querellas correspondientes ante cualquiera de los foros incluyendo ante la Policía de Puerto Rico, la División de Derechos Civiles de la Fiscalía Federal en Washington, D.C., que hace un tiempo investiga la policía de Puerto Rico o la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico – para que así se documente los hechos desde la perspectiva del perjudicado. Asimismo, se invitó a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico a que documente el incidente y se asegure que las agencias con potestad, fijen responsabilidad.
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