Para entender y explicar la política económica de un país, más allá de las preferencias personales del analista, es recomendable tener claras varias premisas: las estrategias de desarrollo son proyectos políticos que articulan la visión del mundo, los intereses, valores y preferencias de coaliciones políticas que detentan o aspiran al poder: la adopción de una estrategia económica sobre otra es una función del conflicto y el poder político; siempre hay más de una alternativa de política económica, cuál se escoge depende de conflictos y acomodos políticos; en el análisis de políticas y estrategias económicas no existen buenas ni malas políticas, existen ganadores y perdedores. Hay consenso en cuanto a que la recesión puertorriqueña comenzó en 2006 y tiene sus raíces en la crisis de gobernabilidad local. Esto es, convergen hoy en Puerto Rico la crisis económica y la política. La recesión mundial de 2008 profundizó la recesión “criolla” y necesita acciones correctivas drásticas. La crisis política sigue sin resolverse pero la victoria electoral del Partido Nuevo Progresista por un amplio margen se ha construido como un mandato para tomar medidas radicales de ajuste fiscal y asumir una nueva estrategia económica sin buscar consensos. A pesar del reclamo de mandato, las políticas económicas de este gobierno no se articularon en un plan estratégico hasta septiembre de 2009. Hasta la publicación del Modelo Estratégico para la Nueva Economía (MENE), la política económica del Gobierno se articuló sobre la base de una “emergencia fiscal” de corto plazo. El déficit estructural y la precariedad del crédito para el financiamiento público fueron la base de la estrategia económica de “emergencia”. Las políticas de ajuste fiscal La estrategia adoptada por la administración Fortuño ha sido caracterizada como una de ajuste estructural neoliberal. Puede decirse que en Puerto Rico se ha adoptado tardíamente lo que se conoció en la década de los años noventa como el Consenso de Washington. Esta noción se refiere al denominador común más bajo de las políticas pública y fiscal recomendadas para América Latina por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Algunas de las principales medidas recomendadas fueron: disciplina fiscal, privatización, reorientación del gasto público hacia actividades con beneficios económicos y potencial de mejorar la distribución del ingreso, reforma contributiva, reducción en las tasas y ampliación de la base contributiva, desreglamentación de barreras no arancelarias y liberalización comercial. Estas políticas debían estimular la disciplina macroeconómica y la apertura internacional al comercio y la inversión exterior. Ello serviría como base para un desarrollo económico sostenido. Esta expectativa no se cumplió y el Consenso fue duramente criticado incluso por expertos como el ex vicepresidente del Banco Mundial y Nobel de economía Joseph Stiglitz. Mediante la adopción de políticas de ajuste estructural análogas a las del Consenso de Washington el gobierno de Puerto Rico propone alcanzar estabilidad financiera. Se trata de recortar el gasto gubernamental, aumentar los recaudos fiscales y disponer de deudas mediante la venta o concesión de operaciones de entidades públicas al sector privado creando Alianzas Público Privadas (APPs). El primer paso para viabilizar el proceso de ajuste fiscal fue la creación del Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF). En noviembre de 2008, el entonces Gobernador electo de Puerto Rico nombró un consejo de ciudadanos para estudiar la situación económica del País y presentar recomendaciones sobre reconstrucción fiscal, alianzas público-privadas y reconstrucción económica. El CAREF fue integrado por empresarios y miembros de los sectores financiero y manufacturero del País pero no contó con participación de los sectores sindicales ni comunitarios que serían afectados por sus recomendaciones. Las recomendaciones del CAREF contemplaban medidas temporeras y permanentes. Para la reducción del gasto público se recomendaban recortes presupuestarios; reducción en empleos transitorios, irregulares y de confianza; reducción de horarios de los empleados y moratoria en las concesiones económicas de convenios colectivos. Asimismo, se proponían aumentos en impuestos y arbitrios y sobretasas contributivas de 5 por ciento a las corporaciones, las propiedades inmuebles no exentas y a la contribución sobre ingresos de personas con altos ingresos. El segundo paso para implantar el plan de ajuste fiscal fue la aprobación de la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, Ley 7 del 9 de marzo de 2009. Las medidas implantadas por la Ley 7 para la reducción del gasto público se centraron en el despido masivo de empleados de gobierno, más allá de los empleados transitorios, temporeros y de confianza, los cuales se descubrió eran menos de lo que se había alegado durante la campaña política de 2008. No se implantaron tampoco las recomendaciones del CAREF para una sobretasa contributiva a las corporaciones, ni el impuesto a los celulares. La Ley 7 implantó también una serie de impuestos y arbitrios regresivos, entre los cuales se destaca la sobretasa al impuesto sobre la propiedad inmueble y al ingreso personal que afecta a asalariados y pensionados mucho más que a empresarios y profesionales dueños de sus negocios. El impacto del ajuste Las medidas de ajuste fiscal adoptadas por la administración Fortuño en medio de la recesión la profundizan más que aliviarla. Los impuestos regresivos de la Ley 7 son contrarios incluso a la visión neoliberal del Consenso de Washington que plantea promover una reforma contributiva que logre una reducción en las tasas tributarias, la ampliación de la base contributiva y una mejor distribución del ingreso. Así, por ejemplo, la sobretasa a la propiedad inmueble y al ingreso penalizan a los asalariados y pensionados de las clases medias y no así a los profesionales y empresarios dueños de negocios. Muchos de estos empresarios tienen como práctica organizarse en “sociedades especiales”. Según la ley, estas entidades “quedan relevadas de tributar sus ingresos, debido a que las ganancias de la entidad son tributadas por los socios según su participación en la misma. Es decir, cada miembro será responsable de tributar las ganancias individualmente en su planilla de acuerdo con su porcentaje de interés propietario en la sociedad”. Muchos profesionales que trabajan como consultores independientes (médicos, abogados, economistas, ingenieros), organizan sus actividades en estas sociedades y se asignan salarios “relativamente bajos” cargando a las sociedades gastos como celulares, automóviles, viajes, botes y otras propiedades. Ello explica el argumento del Departamento de Hacienda en cuanto a que la cantidad de contribuyentes declarando ingresos sobre $150,000 anuales no guarda proporción con la cantidad de viviendas para las cuales se requiere ese nivel de ingresos. Así, la sobretasa sobre las propiedades inmuebles captura una parte de los evasores, pero también penaliza a los asalariados que pagan altos niveles de contribución sobre ingresos. El IVU, otro impuesto implantado para resolver la crisis fiscal en 2006, es también un impuesto regresivo que afecta más a los asalariados y pensionados. Por otra parte, los despidos del sector público tienen un impacto nefasto en el crecimiento económico. Hasta enero de 2010 el total de despidos se calcula en 15,492. Si estimamos que el salario promedio anual de los empleados públicos en 2008, según cifras del Departamento de Recursos Humanos, era $25,000, poco más de $2,000 mensuales, podemos estimar el impacto económico inmediato de los despidos. Si calculamos la paga limpia promedio por empleado despedido en $1,500 mensuales, confirmamos que a partir de enero de 2010, habrá $23.2 millones menos circulando en el mercado doméstico. Se trata de $23.2 millones de ahorro financiero para el pago de deuda que no se gastarán y no tendrán efecto multiplicador. Los economistas Ángel Ruiz e Indira Luciano han estimado por separado que cada empleo perdido en el sector público implica la pérdida de al menos otro empleo en el sector privado. Esto explica en parte, también, que el número de quiebras en 2009 haya aumentado significativamente. Recientemente, El Nuevo Día reportaba que hasta octubre del 2009 había 9,395 quiebras, 26 por ciento más que en 2008, y que la deuda acumulada por éstas era $1,755 millones, 54 por ciento más que el año anterior. Los negocios más afectados fueron contratistas de construcción, restaurantes, cafeterías, salones de belleza y gasolineras. A corto plazo el impacto del ajuste ha sido profundizar la recesión y con ello agudizar el espiral de la contracción: menos empleos, menos ingresos, menos recaudos fiscales. La reconstrucción económica Las principales propuestas de la administración Fortuño para la reconstrucción económica fueron formuladas en el MENE. Llama la atención que a corto y mediano plazo este plan descansa en los fondos del Plan de Estímulo Federal y en proyectos ya encaminados. A largo plazo, se proponen una serie de proyectos indeterminados que reiteran los “mantras” de la nueva economía: innovación, tecnología, conocimiento, competitividad global. Los dos componentes nuevos de la estrategia económica son las APPs y la Riviera del Caribe. Las APPs pretenden privatizar propiedades y operaciones gubernamentales desde la operación de aeropuertos y peajes de carreteras a proyectos energéticos y de agua potable. La manera en que se ha propuesto en el caso del Aeropuerto es un pago adelantado de $25,000 mil millones por los derechos de operación por 75 años. Una especie de venta reversible de largo plazo efectuada sobre el potencial de ingresos de la instalación involucrada. Las APPs no son buenas ni malas, son una manera distinta de manejar proyectos grandes de infraestructura y se desconoce cuál pueda ser su efectividad. En Puerto Rico hay experiencias exitosas, como el Puente Teodoro Moscoso, y desastrosas, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La cuestión es cómo se implantan estas entidades y cómo se negocian los contratos. La Riviera del Caribe pretende reinsertar a Puerto Rico en el mapa global del turismo. En medio de la recesión global, el turismo de alta escala continúa creciendo y demandando servicios de lujo como marinas, residencias de descanso y los servicios asociados a estas instalaciones: juegos de azar, banca internacional, gastronomía, deportes. De ahí las referencias del MENE a los “servicios avanzados”. Se trata de lo que hace dos décadas llamé un modelo de desarrollo centrado en la pos industrialización periférica. La Riviera del Caribe, el Triángulo Dorado, el Puerto de las Américas, nos insertan como una plataforma en la cadena global de servicios. Curiosamente, la “nueva estrategia” está dirigida, como las anteriores, a la creación de empleos más que a la creación de riqueza. Si miramos el récord de la primera década de este siglo, notamos que la manufactura perdió unos 17,000 empleos y el sector público, con los despidos recientes, unos 18,000. En 2008, estos dos sectores fueron los de mayor salario promedio semanal con $683 y $483, respectivamente, siendo el salario semanal promedio de los trabajadores $492. Los nuevos empleos estarían ubicados en servicios como hotelería, alimentos y ventas al detal, los cuales crecieron en esta primera década de 2000 pero cuyos salarios se encuentran entre los más bajos. En el sector de alojamiento y alimentos el salario semanal promedio en 2008 fue $259, y en el comercio al detal, $334. Asimismo, las mujeres se verán más afectadas ya que, como han demostrado los estudios de la profesora Luz del Alba Acevedo, las mujeres en el sector público tienen mejores empleos y ganan salarios comparables a los hombres. Se trata de un ajuste económico “hacia abajo”. Los nuevos empleos generados en el sector de servicios contarán con menos salarios, beneficios marginales y estabilidad que los empleos en la manufactura y el sector público. Una parte de los desempleados, los mejor preparados, emigrará resultando en una “fuga de cerebros”. Y los nuevos impuestos afectarán más a los asalariados de la clase media que a los empresarios y corporaciones. Como dije, en el análisis de política económica hay ganadores y perdedores, a la luz de las tendencias y propuestas analizadas, la gran perdedora ha sido la clase media. __________ El autor es investigador del Centro de Investigaciones Sociales y director de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la UPR, Río Piedras. Ponencia presentada al Puerto Rico Winter Institute, del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, el 5 de enero de 2010.
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