Era un día de verano del 2015, y en la sede de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Santurce se abría la puerta del ascensor.
De ella salía Manuel Mata, presidente de la empresa privada AES Puerto Rico, compañía que desde el año 2002 vende a la corporación pública los 454 megavatios de electricidad que produce en la planta de combustión de carbón de Guayama. Todo a cambio de una factura anual que excede los $300 millones.
Sin llamar la atención y protegido del escrutinio público, Mata caminó hasta las oficinas ejecutivas y firmó un documento legal.
Era la enmienda al contrato entre la multinacional y la AEE: una cláusula que le prohibía a la empresa disponer de sus desechos de la quema de carbón en cualquier lugar del país.
Días después, el 17 de julio de 2015, se consumó el acto. Con la firma del entonces director interino de la Autoridad, Carlos Castro Montalvo, cambiaron las reglas del juego. Abrió las puertas para que se dispongan millones de toneladas de desperdicios tóxicos en vertederos de la isla y allanó el camino para que AES se economice millones de dólares, al no estar obligada a exportar sus cenizas de carbón como prometió a la AEE el 11 de octubre de 1994.
La enmienda aprobada no representa ningún beneficio tangible para los 1.4 millones de clientes a quienes factura la Autoridad. Tampoco para las miles de personas que a diario son expuestas a los efectos de las cenizas de carbón en la isla.
El sorpresivo arreglo rompe los acuerdos que AES hizo con la Junta de Planificación el 1 de mayo de 1996 y da al traste con los datos que la empresa certificó ese año en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Según consta en el Permiso de Ubicación que aprobó Norma Burgos Andújar, entonces presidenta de la Junta de Planificación, AES se comprometió a disponer de las cenizas fuera de Puerto Rico, “incluyendo la posibilidad de devolverlas” al lugar de origen del carbón, la República de Colombia.
AES también pactó en la DIA que no depositaría las cenizas ni sus derivados “como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico”.
En una demanda radicada por grupos ecologistas, el fenecido juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Jaime Fuster Berlingeri, falló a favor de la corporación y refrendó el 29 de junio de 1998 que “ni las cenizas, ni sus derivados, serían depositados como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico”.
Todas estas garantías se volvieron letra muerta.
Contradicciones de la Agencia de Protección Ambiental federal
Solo entre los años 2014 y 2015, sobre 350 mil toneladas de cenizas de AES fueron descargadas ilegalmente en el vertedero de Humacao, así como otras siete mil toneladas en el vertedero de Peñuelas, admitió por escrito la Junta de Calidad Ambiental (JCA).
Vertedero de Humacao. Foto: Archivo CPI
Además, desde que AES inició la producción eléctrica hace más de una década, cantidades indeterminadas de este desperdicio han ido a parar a zonas residenciales y comerciales del país, exponiendo los suelos, cuerpos de agua y personas a contaminación con el material tóxico.
Los hechos fueron reconocidos en entrevista telefónica por Judith Enck, administradora de la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, en inglés).
“La preocupación general son los metales pesados. Aquí encontramos niveles elevados de arsénico, lo que nos colocó en una posición sólida para decir ‘detengan el desparrame de cenizas sobre todo Puerto Rico’”, expresó la funcionaria.
Sin embargo, ninguna de estas violaciones ha conllevado la revocación de permisos.
Por el contrario, a pesar de sus “preocupaciones”, fue Enck, la funcionaria de la EPA de más alto rango en el Caribe, quien recomendó mediante carta que se levantara la prohibición para que AES dispusiera sus cenizas en vertederos o depósitos certificados, en o fuera del país.
“Una opción adecuada de eliminación para el material debe estar disponible”, escribió el 14 de agosto de 2014 a la entonces presidenta de la JCA, Laura Vélez Vélez, y el pasado director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea Flores.
En entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Enck alegó que su intención era detener el desparrame “sin control” de las cenizas de carbón en Puerto Rico y ubicarlas en lugares autorizados.
Como condición, determinó que los vertederos y depósitos que las reciban deben contar con revestimientos o “liners” sintéticos que reduzcan la posibilidad de que el suelo y cuerpos de agua cercanos se contaminen con metales pesados, en especial, con arsénico.
No obstante, Enck ni la EPA han dado instrucciones para que se brinde esta protección a los pozos que desde hace una década están bajo amenaza de contaminación con metales pesados debido a las millones de toneladas de cenizas que han sido comprimidas sobre superficies de todo el país.
¿Pueden los residuos de las cenizas de carbón contaminar el Acuífero del Sur?, le preguntó el CPI.
“Es posible que exista contaminación”, admitió. ”No estamos al tanto de daños ambientales en este momento, pero estoy muy interesada en la instalación de estos ‘liners’ en la zona de AES. Pero tiene toda la razón. Ha habido problemas en todo el país (Estados Unidos) con el manejo de las cenizas de carbón, algunos problemas bastante importantes”, admitió.
Asimismo, cuando se le preguntó por qué mejor no se obliga a AES a exportar su excedente de cenizas, como la misma empresa privada garantizó al gobierno de Puerto Rico en la década de 1990, Enck apuntó a un problema jurisdiccional.
“La EPA no tiene autoridad legal para decir ‘tienes que embarcarlas fuera de la isla’. Nosotros sí tenemos la autoridad para decir que deben llevarse a un vertedero autorizado”, justificó. “Si el gobierno de Puerto Rico quiere hacerlo (ordenar su exportación), puede hacerlo”, continuó.
Papa caliente
Pero el director ejecutivo de la AEE, Javier Quintana Méndez, declaró que fue por la recomendación escrita de Enck y el surgimiento de nuevos reglamentos ambientales federales -que le permiten a AES mantener en Puerto Rico su producción de cenizas- que la corporación pública enmendó el contrato.
“Por lo tanto, para nosotros esa cláusula ya no era necesaria. Por lo tanto, se enmienda para permitir que AES pueda disponer esas cenizas en los vertederos del país”, insistió.
No obstante, al ser confrontado con incidentes divulgados por los medios de comunicación en los que se evidencia que durante años la multinacional incumplió con la antigua cláusula del contrato, Quintana insistió en que para entonces él no estaba en el puesto.
En su defensa, el funcionario recalcó que en la Autoridad “nosotros siempre velamos por el cumplimiento ambiental”. Sin embargo, esta premisa contrasta con el récord histórico de la AEE. Por ejemplo, desde el pasado año la corporación pública incumple con los estándares ambientales federales conocidos como Mercury Air Toxic Standards (MATS).
Por otra parte, Quintana Méndez titubeó al tratar de explicar quién solicitó que se alterara el contrato. “En este caso particular, es por una solicitud, tanto por parte de la empresa como por información que recibimos por parte de la EPA, en términos de que la empresa solicita que se enmiende”.
Pero el funcionario parece haber invertido el orden de los hechos, debido a que en la carta enviada por la administradora de la EPA sobre este tema expresa categóricamente lo contrario. “La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) ha pedido a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) que confirmen por escrito si entienden que el Acuerdo de Compra de Energía y Operación de 1994 entre la AEE y AES Puerto Rico L.P. debe ser modificado para permitir que los residuos de combustión de carbón (RCC) es decir, cenizas de carbón, generados por la planta de energía AES en Guayama PR puedan ser eliminados en un vertedero en Puerto Rico”, escribió Enck en el 2014 a la AEE y la JCA.
Quintana Méndez también evadió contestar cómo este cambio puede beneficiar a más de un millón de clientes residenciales, comerciales e industriales de la Autoridad.
“Bueno, mira, eso es un asunto interno de la corporación y, básicamente, hay una determinación de las agencias ambientales que entienden que es aceptable que ellos utilicen los vertederos para disponer de las cenizas”, contestó.
De igual modo, Quintana Méndez dijo desconocer cuánto se economizará AES con la enmienda al acuerdo.
¿Tiene idea de cuánto cuesta exportar las cenizas?, cuestionó el CPI.
“No tengo idea, pero entiendo que debe ser una actividad mucho más costosa que disponer en un vertedero”, respondió.
El director ejecutivo también aseguró que no tenía suficiente información para emitir un juicio sobre el Agremax, el producto comercial que AES ha creado con cenizas de carbón humedecidas y que ha intentado mercadear sin éxito como agregado de construcción.
No obstante, cuando se le presentó una foto del año 2006 en la que aparece acompañando a altos ejecutivos de AES para la entrega de los premios Excelencia Ambiental de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, el funcionario respondió que “como tantas veces” lo invitaron a una actividad de premiación, a tomarse fotos con un grupo.
En ese momento Quintana Méndez fungía como director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y durante la entrega de galardones se reconoció a AES por la “utilización beneficiosa” de los productos derivados de la combustión de carbón.
Enck no está bien informada
Enck, por su parte, reclamó al CPI que prestará “especial atención al hecho” de que las cenizas que se producen en Guayama “ya no se están desparramando por la isla”.
Asimismo, insistió que AES “las está exportando a Alabama”.
Confrontada con prueba de camiones de carga desplazando toneladas hasta los vertederos de Peñuelas y Humacao, la administradora de la EPA se comprometió a investigar.
Cinco días más tarde, Enck pidió corregir el récord.
“AES ha comunicado a la EPA que no están enviando Agremax a Alabama, y no lo han hecho durante años”, escribió Elías Rodríguez en representación de la funcionaria, el pasado 26 de enero.
A partir de ese momento, las comunicaciones escritas del CPI con representantes de AES Puerto Rico para coordinar una entrevista con su presidente, Manuel Mata, se interrumpieron. Incluso, tras haberse fijado una fecha preliminar para el encuentro.
Lamentable escándalo
Ruth Santiago Quiñones -abogada en Derecho Ambiental que conoce de los inicios de AES en Guayama- calificó como “lamentable” el cambio al contrato. Santiago Quiñones es parte de la organización Diálogo Ambiental, que ha denunciado por años la contaminación causada por AES.
“Ese no era el esquema legal y original. Fue un requisito para que ellos pudieran operar y lo violaron por muchísimo tiempo”, continuó.
De paso, Santiago Quiñones cuestionó la validez del trámite, ya que la Junta de Planificación no ha enmendado su resolución para permitir que se descarten cenizas en la isla “y mucho menos el Tribunal Supremo, que aprobó la operación de la planta en base a esa condición”.
“De hecho, no habría forma de que el tribunal la enmendara. Tendría que ser (impugnado) como un caso nuevo”, indicó.
Con la abogada coincidió Juan Rosario Maldonado, de Misión Industrial, organización que en la década del 1990 impugnó en los tribunales los permisos otorgados a AES.
Precisamente, fue Rosario quien desde la posición de Representante de los Consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE presentó reiteradas objeciones a que se enmendara el acuerdo con AES entre los años 2012 y 2015, “porque es una compañía que ha violado su contrato ambiental”.
“Pero esperaron a que saliera del puesto para hacerlo”, sentenció tras conocer que el cambio al contrato se hizo un mes después de que venciera su término en la Junta.
“Yo habría formado un escándalo público, porque a mí me parece que es una barbaridad. La empresa me dijo a mí que no iba a dejar las cenizas aquí y después viola ese contrato. Yo creo que es un escándalo seguir haciendo negocios con ellos”, expresó.
Otro asunto de falta de transparencia queda al relieve ya que la Junta de Gobierno de la AEE no comunicó o transmitió por Internet la reunión donde se aprobó el cambio de reglas para AES.
El director ejecutivo de la Autoridad argumentó que las reuniones donde se discuten aspectos relacionados a contratos o “información privilegiada no son reuniones públicas y así lo dispone la Ley 57”.
No obstante, la misma Ley 57 del 1 de julio de 2014 estipula que la AEE tendrá que publicar todos sus contratos en Internet “dentro de un periodo de diez días calendario” tras su firma.
Pero no fue hasta hace unos días, cuando el CPI comenzó a publicar la serie de reportajes sobre las cenizas de carbón que la AEE hizo disponible el contrato enmendado en su página web.
Bandera roja
El doctor en Química Osvaldo Rosario López advirtió que la EPA, la AEE y la JCA ahora “van de la mano” para crear nuevos problemas en vertederos de la isla.
Entre ellos, “una bomba de tiempo de metales pesados, de radioisótopos, que a la larga van a salir al ambiente. Más todavía en una isla tropical de mucha lluvia”, comentó.
“He visto camiones descargando cenizas para cubrir basura, donde el viento levanta esta basura y la transporta kilómetros, viento abajo, a comunidades que están respirando esto, y nadie en el gobierno hace algo por protegerlos”, denunció.
Al conocer sobre este asunto, María Gunnoe, ganadora del Premio Goldman 2009 por su lucha contra la explotación minera en los Estados Unidos, hizo una advertencia a las comunidades: “Para mí ya es muy difícil confiar en que el gobierno atenderá este enorme problema, porque es nuestro gobierno el que lo ha creado”.
Gunnoe hizo un llamado a la solidaridad y la organización tomando en cuenta su experiencia de tres décadas denunciando la destrucción de montañas en los Apalaches y la contaminación de ríos y quebradas de la zona. “Las estrategias utilizadas en Puerto Rico son las mismas que se usaron en los Apalaches. Dividir para conquistar es siempre la primera jugada de corporaciones para despoblar y contaminar a las comunidades”, añadió.
“En muchas ocasiones, hemos confrontado actos de extrema violencia con acciones no violentas, logrando así establecer la paz”, continuó. “Por eso, es hora de que todos nos unamos a nivel mundial para decir con una sola voz que producir electricidad por medio de contaminación es inhumano”, puntualizó.
(Jason Rodríguez Grafal colaboró en esta historia)
La serie investigativa Bomba de tiempo, las cenizas de carbón es resultado de una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y el periódico La Perla del Sur, mediante una beca especial de periodismo ambiental otorgada por Para la Naturaleza, unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.
Comentarios
Centro de Periodismo Investigativo
El CPI fue creado como instrumento para fomentar y defender la importancia del acceso a la información y de la manera en que ésta puede ser limitada, derecho por dos vías de igual importancia. Desde su componente editorial, son un grupo de periodistas dedicados a la investigación que produce reportajes.
