Hacinamiento, maltrato y ratas. Bajo estas condiciones se encontraron los inspectores federales a las instituciones de cuidado a pacientes con retardación mental en la década de los noventas. Tan malo era el estado de estos lugares que se ganó un caso en la Corte Federal contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, administrador de estas instituciones a través del programa de Retardación Mental. No más, se dijo. Fue así como nació la División de Servicios a la Población Mental, división perteneciente al programa, y que sacó a los jóvenes con retardación del hacinamiento para ponerlos en Hogares Comunitarios donde no pueden vivir más de siete. También a partir de esa determinación judicial se crearon los Centros de Desarrollo Habilitativos (CDH). Aquí los jóvenes van durante el día a tomar terapia ocupacional, terapia recreativa y un programa de pre-empleo, además de disfrutar de lo que debería gozar cualquier ser humano: el derecho a convivir en armonía con otros, a salir y ver la luz del sol, a no ser maltratado. Hoy, diez años después de los acuerdos de ese caso los pacientes con retardación mental y sus familias enfrentan otro reto. El gobierno ha anunciado un recorte en su presupuesto del Programa de $6.8 millones. Lo que significa que de $40.9 millones que se tuvo el año pasado para administrar a nivel de toda la Isla los 8 CDH, los servicios de Amas de Llaves y los servicios de Hogares Comunitarios, entre otros, este año se tendrán $34.1 millones.
Con estos recortes Rosa Lydia Vélez, activista por mas de treinta años a favor de los derechos de personas con retardación mental, entiende que probablemente se cerraran dos de los centros, específicamente el de Vega Baja y el de Río Grande. Nelsa Lugo, madre de tres jóvenes con retardación mental, y quien está activa en la comunidad pro-derechos de estos pacientes, coincide. Según explica estos centros son los dos más nuevos por lo que la inmensa mayoría de los empleados son transitorios, trabajan por contrato, además de haber comenzado a trabajar más recientemente, y ya es conocimiento popular que los más nuevos se irán primero una vez empiecen los recortes de trabajos. Estos dos centros tampoco cuentan con una facilidad propia como la de CDH más antiguos como el de Ponce, Aguadilla y Bayamón. Debido a que no habían muchos fondos lo que se hizo fue dividir el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de esos pueblos para que los CDH utilizaran una parte. Lugo lamentó el que esto esté sucediendo, “se van a perder una serie de servicios que son imposibles de conseguir, ni en la empresa privada, los precios serían muy altos”. Aprovechó también para destacar lo “abarcador” y “amplio” del programa ya que este ofrece no sólo un hogar saludable donde puedan vivir estos jóvenes que por lo general no tienen padres, sea porque mueren o porque no pueden cuidarlos, sino que también provee a través de los CDH un cuidado completo donde se integran psicólogos, terapistas de la conducta y otros trabajadores sociales para adiestrarlos tanto en términos de independencia a la medida que sea posible como de socialización. Uno de los grandes retos que enfrenta esta población es que terminan aislados y los CDH les ofrecen a los jóvenes la oportunidad de interactuar con otros pares con la ayuda de expertos, además de un alivio a las familias y personas que se encargan de ellos. “Como mamá estoy agradecida porque tener hijos con retardación mental no es fácil en este país, y si son adultos peor” esto porque una vez cumplen los 21 años ya no cualifican para el programa de Educación Especial y antes de que se creara esta División de Servicios, “para antes del noventaypico no había nada ara ellos… esto (la División) ha sido un cambio del cielo a la tierra” señala Lugo, quien recuenta como en las actividades y excursiones organizadas por los CDH se ve como “el impedimento se vuelve secundario, tu los ves disfrutando, compartiendo. Por otro lado, junto con los recortes a las instituciones culturales como el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Escuela de Artes Plásticas, consta en el presupuesto anunciado del Fondo General, que el presupuesto de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, que el año pasado era de $3,348,000 bajara este año fiscal a $890,000, lo que significa una reducción de más del 70∞ para esta oficina cuyo propósito es velar por los derechos e intereses de los impedidos, incluyendo los impedidos mentales. Valdría aclarar que de los $34.1 millones que sí tendrá este año el Programa de Retardación Mental luego del recorte, $18.6 millones son fondos no recurrentes. Es decir, no se puede contar con ellos el próximo año, lo que para la coalición de padres, familiares y amigos de jóvenes con retardación mental representa una reducción real del presupuesto de 45%. Los recortes entran en vigencia el próximo mes.
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