Si bien la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), como parte de una nueva fuente de ingresos, se encamina a entablar acuerdos con agencias y entidades gubernamentales para proveerle servicios, la realidad es que el gobierno históricamente ha sido “mala paga”.
En medio de todo esto, está la desconfianza en el modelo de gobernanza de la universidad estatal, que con cada cambio de gobierno ve a sus funcionarios sustituidos por otros “de confianza” de la nueva administración.
El cuadro anterior recoge e integra las impresiones que ofrecieron el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez; el senador y presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria de ese cuerpo, Abel Nazario; y la contralora Yesmín Valdivieso durante un foro sobre los retos que enfrenta la UPR de cara a su transformación, organizado por el Capítulo Alumni de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras y que se llevó a cabo el pasado miércoles.
Alomar Jiménez enfocó su alocución en la necesidad de hacer una universidad proactiva, que ofrezca la alternativa de dar servicios al gobierno. El profesor en la Escuela de Derecho de la UPR afirmó que en el presupuesto para este año fiscal, la Asamblea Legislativa separó $10 millones de fondos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para este fin.
“Ya hay $10 millones separados, por lo que es cuestión de hacer los acuerdos de entendimiento”, aseguró. Mientras, ya la Junta de Gobierno ordenó a cada rector determinar –por departamento– qué servicios ellos pueden ofrecer que satisfagan una necesidad del gobierno.
No obstante, el senador Nazario advirtió que el gobierno no necesariamente cumplirá con los pagos. “Se escucha chévere, pero el Estado no paga, es mala paga”, expresó el legislador. Diálogo informó recientemente que las deudas por cobrar de la UPR ascienden a los $92 millones, de los cuales el gobierno es responsable de $86 millones. Gran parte de la deuda corresponde a los servicios de salud ofrecidos por el Recinto de Ciencias Médicas.
Sopesando lo anterior, Alomar Jiménez también mencionó como alternativas para allegar ingresos a la institución una campaña de donaciones de exalumnos, así como los fondos que generen patentizar investigaciones realizadas en el centro docente. “Por la cantidad de investigaciones de la UPR, podríamos estar hablando de generar $4 millones en regalías”, expuso.
Preocupante la gobernanza
La contralora Valdivieso, por su parte, se enfocó en el problema del cambio de la administración universitaria con la llegada de un nuevo gobierno como escollo para el desarrollo de la UPR.
“Cada vez que hay cambio de presidente, la junta de la UPR cambia”, lamentó.
Asimismo, Valdivieso recalcó que la despolitización es necesaria para el centro docente. “Cuando se tomó la decisión de que la junta cambiara cada cuatro años, a mí me pareció que eso era un error fatal. Porque la razón que te daban era despolitizar la universidad, y de repente la politizaste diciendo que cuando sean los populares sean los populares y cuando sean penepés son penepés. ¿Dónde está la despolitización?”, sostuvo la contralora, quien recomendó que cualquier entidad pública debería tener una junta donde haya memoria institucional.
“Cuando entra la política las cosas no pueden salir bien”, sumó. Comentó que en lo que lleva en su puesto –desde el 2007– han pasado siete presidentes en la UPR.
Valdivieso también agregó que la autonomía de la universidad, en cada unidad y recinto, debe ser definida.
“La independencia de cada recinto, en cuanto a la administración, no está bien definida. Algunos recintos entienden que la independencia es completa, cuando la realidad es que siguen siendo parte de un sistema universitario”, dijo la contable, quien dio como ejemplo las equivalencias de clases, que no son las mismas en los diferentes recintos.
“¿Estamos en la misma universidad o estamos hablando de 11 universidades distintas?”, concluyó.
Sobre el tema de la autonomía universitaria, Nazario comentó que “no existe, está solo en la presidencia y en la junta. No hay participación democrática a la hora de tomar decisiones”.
Alomar Jiménez estuvo de acuerdo con el senador en que todo no tiene que ir a la Administración Central –como un programa académico, que toma cerca de diez años en ser aprobado– y aseveró que cree en la autonomía de las unidades.
Añadió que la UPR ha tomado las medidas para disminuir los puestos de confianza a nivel de la Administración Central, la Oficina de Presidencia y en las unidades con un 20% de reducción, lo que representa cerca de $200 millones en ahorros.
“La UPR contaba con 878 puestos de confianzas. Eso es una suma bárbara e insostenible. Nada más en la Administración Central eran sobre 60 puestos de confianza. Nosotros estamos haciendo el análisis de cómo podemos operar, obviamente con 20 o 25 personas full time“, dijo.
El pasado 31 de julio, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó un plan fiscal que considera, entre otros asuntos, un aumento en la matrícula estudiantil y la consolidación administrativa de las unidades del sistema de la UPR. Esto, por motivo del recorte de $163 millones de la aportación del gobierno, cifra que se vislumbra aumentará cada año.
