Reinaldo, Reimundo y to’ el mundo saben que lo están buscando. Pero él – Reinaldo – no aparece.
Hablamos, claro está, de Reinaldo Vincenty, presidente de Caribbean Management Group (CMG), empresa responsable del controvertible proyecto Christopher Columbus Landing, en el valioso sector playero de Playuelas, en el Barrio Borinquen, en Aguadilla.
Ante la escurridiza habilidad para no ser emplazado que poseen tanto Reinaldo Vicenty como su hermano Héctor, vicepresidente de CMG, la jueza Miriam Santiago Guzmán volvió a mover la vista para ver la demanda del interdicto preliminar y permanente que busca detener la construcción del Christopher Columbus Landing, presentada por un grupo de activistas ecológicos y residentes del área.
Se suponía que la vista se viese en la mañana de hoy, lunes, en la sala 404 del Centro Judicial de Aguadilla, pero una de las partes demandadas aún no ha podido ser emplazada, por lo que la jueza Santiago movió la fecha para el 17 de marzo. El magistrado ordenó que se realice el emplazamiento mediante la publicación de un edicto en la prensa, según corresponde a la ley.
“Se radicó la moción para el emplazamiento por edicto, y si a la vez logramos emplazarlo personalmente, pues habría un doble emplazamiento. Una vez ya con esto, si ellos no comparecen se desfila la prueba y se ve la demanda”, indicó a Diálogo la abogada Vanessa Rafols.
En la imagen, el licenciado Alvin Couto, a la derecha, y uno de los arrestados la semana pasada, Omar Iloy. No se encontró causa para cargo alguno en ninguno de los arrestados. (Hermes Ayala – Diálogo)
Quizás así finalmente se pueda emplazar al presidente de CMG, Reinaldo Vincenty, pues no aparece en las direcciones que proveyeron como sedes de su corporación. Esta es la segunda vez que se pospone la vista. Tal y como había señalado Diálogo el 18 de febrero, Vincenty parece andar escondido desde que se supo que lo buscaban para emplazarlo, esto mientras su maquinaria ya ha causado daño irreparable al valioso sector ecológico de Playuelas. La movida de no dejarse emplazar pudiese verse como inescrupulosa, pero peor luce el hecho de que en las direcciones que presentan en el Departamento de Estado no hay oficina alguna.
“Se ha intentado ir a las direcciones con las que inscribieron la corporación en Hatillo. También fuimos a Arecibo, a otra que nos dieron. Y no aparecen”, destacó en breve conversación con este diario el emplazador Andrés González.
Da cara el Municipio
A la vista sí asistió el abogado Luis Sánchez, en representación de la otra parte demandada, el municipio de Aguadilla.
“Estamos aquí, pues nosotros fuimos los que otorgamos los permisos”, dijo a la prensa Sánchez, en alusión a los permisos de urbanización que el municipio de Aguadilla le dio para construir una carretera en las afueras de Playuelas, que luego servirá como vía para que pasen los camiones que levantarán las edificaciones del megaproyecto.
La semana pasada, más de una decena de activistas fueron arrestados, por obstruirle el paso a las máquinas de la construcción. Misteriosamente, sin embargo, el viernes en la mañana CMG sacó los vehículos de construcción de la zona. El abogado Omar Saadé, de la Unidad de Trabajo Comunitario, dijo a Diálogo que “no tenemos idea de porque sacaron las máquinas, pero es curioso que hagan eso cuando el dueño de la compañía no aparece para ser emplazado”.
Habla representante de CMG
Sin embargo, un representante de la CMG sí asistió en la tarde a la vista de Regla 6 de causa para arresto contra cuatro activistas apresados el pasado miércoles en el área de la construcción en Playuelas. Esta vista se celebró en el Tribunal de Primera Instancia del Municipio de Aguadilla, a dos cuadras de donde ubica el Centro Judicial regional, donde en la mañana se pospuso la demanda civil.
De hecho, allí Diálogo entrevistó a Héctor Hernández, administrador de los terrenos de CMG, quien dijo que llegó al Tribunal de Primera Instancia pues “me llamaron únicamente para identificar” a los arrestados.
(Hermes Ayala – Diálogo)
Cuando le preguntamos porque es que los Vincenty no han podido ser emplazados para la demanda civil, a pesar de que la construcción es un lugar de gran movimiento, Hernández tartamudeó y dijo: “Es que nuestras oficinas son bien grandes… ellos tienen las oficinas en San Juan… Y hoy mismo tienen otro caso, de unos negocios con los que están”.
Entonces, preguntó Diálogo, ¿usted entiende que todo está en orden y no habrá problema para seguir construyendo?
“No, no habrá problema ninguno. Está perfecto todo”, señaló.
‘No causa’ en vista de los arrestados
Y hablando de los arrestados que iba a identificar Hernández, luego de casi dos horas en sala, el juez Dennis Rivera desestimó todos los cargos de los dos acusados y dos acusadas, arrestados todos por actos de desobediencia civil el pasado miércoles.
José Rodríguez, Leila Dávila, Omar Iloy y Marlene Rivera salieron por la puerta ancha. Ni siquiera les encontraron causa para las acusaciones de obstrucción a la justicia y por entrar a propiedad privada.
“Se acaba de ver la Regla 6 y el juez halló ‘No causa’ en todos los casos. La realidad es que determinó que la prueba era inconsistente e imprecisa y, a mi entender, entiendo que fue prejuiciada”, dijo uno de los abogados de los activistas arrestados, Alvin Couto De Jesús.
En el concienzudo batallón de abogados en los que participó De Jesús, figuraron también los licenciados Néstor Rodríguez González, Brenda Pendás, Allan Pullizá e Isabel Berríos.
“En todo momento hemos respaldado el derecho constitucional de estos jóvenes, que tienen el reclamo de que el proyecto no tiene los endosos ni los permisos para llevarlos al plano de acción. Bajo este argumento hemos estado trabajando con ellos para que puedan ejercer su derecho de expresión y su derecho a la protección de los recursos naturales”, resaltó Rodríguez González.
“Los cargos sometidos hoy”, prosiguió, “fueron los mismos que en otras ocasiones”.
“Sólo en una ocasión, hasta el momento, han prevalecido en la etapa de Regla 6 estos cargos, pues la cantidad de evidencia ha sido mínima. En lo que podamos servirle a los jóvenes, aquí estaremos”, apuntó el letrado.
El licenciado Rodríguez González señaló que los activistas le han expresado su molestia con cierto trato de la Policía, “que si bien ha hecho su trabajo, hay quejas en cuanto al tiempo que los han tenido apresados. Por cargos menos grave, han estado 10, 11 horas encerrados”.
“Creemos que si surgen más arrestos, ya trabajarán de forma más ágil”, destacó Rodríguez González.
Mientras tanto, el Comandante Heriberto Class, quien hace dos semanas arribó a dirigir la Comandancia de Aguadilla, le dijo a Diálogo que “nosotros, la Policía, estamos allí [en la construcción] para hacer valer el interdicto” que en diciembre emitió el juez Héctor Conty. Conty obvió todos los alegatos con respecto a la antigüedad de la Declaración de Impacto Ambiental Final del CMG, y emitió un interdicto para reiniciar la construcción de la carretera de acceso en cuestión, la cual fue detenida en noviembre por activistas ambientales y surfers de la zona.
La presencia policíaca se hacía notar en las afueras del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. (Hermes Ayala – Diálogo)
Ayer, en Aguadilla, no hubo trabajo de construcción en el sector. Sin embargo, el rumor fuerte en cada esquina del casco urbano del pueblo aludía a que mañana temprano los trabajos reiniciarían.
“Estamos listos para seguir con la resistencia”, le dijo a Diálogo Edgardo ‘Pocho’ González, uno de los fundadores del campamento en defensa de Playuelas que se mantiene firme en el sector, ahora con respaldo ecológico a nivel mundial y con cobertura internacional, como se ha visto en días recientes, cuando la situación en Playuelas ha sido reseñada en publicaciones como National Geographic, el Washington Times y Prensa Asociada.
La defensa de Playuelas también ha recibido el respaldo de parte de los arqueólogos de Puerto Rico, que consideran el sector uno muy valioso para la historia social puertorriqueña. Ayer, en la vista del interdicto que busca detener la construcción, se dio cita el arqueólogo Federico Freytes.
