Los seis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que demandaron a la administración universitaria a inicios de la huelga estudiantil en el Recinto de Río Piedras cuestionaron ayer ante el Tribunal Apelativo la determinación de la jueza Lauracelis Roques Arroyo.
El 31 de marzo, los estudiantes Anamar Menéndez González, Rosaima Rivera Serrano, Carlos Villegas Del Valle, Edwin Rivera Otero, Gabriela Firpi Morales y Astrid Burgos Nieves demandaron a la UPR para que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la institución garantizar el acceso de los alumnos al campus y poder recibir clases según el calendario académico. El 6 de abril, la jueza Roques declaró “No ha lugar” el injunction preliminar y el mandamus solicitado.
El abogado de los demandantes, Pedro Vázquez, presentó ayer en la tarde ante el Tribunal Apelativo un recurso de certiorari solicitándo al foro intermedio que revise y revoque la determinación de la jueza de instacia.
Específicamente, Vázquez indicó en el recurso apelativo que la togada Roques se erró al haber determinado que los estudiantes que mantienen el recinto riopedrense paralizado son “parte indispensable” en el pleito legal. Los peticionarios aducen que debido a que los estudiantes no tienen derecho a la huelga, “no cabe hablar de garantizar el debido proceso de ley ni de parte indispensable que incluir”.
Los demandantes también argumentaron que la jueza se equivocó al determinar que no se probó que la rectora interina del Recinto de Río Piedras, Carmen Rivera, “recibió la comunicación de la codemandante Astrid Burgos mediante la cual esta solicitó que se le garantizara el acceso al [campus]”. “El único hecho que los demandantes tenían que demostrar era el envío de la comunicación dirigida a la rectora interina; no solo hicimos esto, sino que demostramos el recibo de la misma”, reza el documento legal.
Además, Vázquez alegó que la jueza de instancia se equivocó al concluir que la administración universitaria está tomando acciones afirmativas para mantener el recinto rioprendense abierto. En el recurso, el abogado alegó que “no se ha evidenciado la supuesta mediación entre las partes, y los hechos públicos apuntan a que esta supuesta mediación no está ocurriendo, o los resultados han sido contrarios a los buscados”.
Por último, el abogado señaló que la jueza también erró al no haber aplicado correctamente la determinación del Tribunal Supremo en el caso de UPR v. Laborde, que concluyó, entre otras cosas, que los estudiantes no tienen derecho a huelga. A su vez, los demandantes argumentan que dicho pronunciamiento del más alto tribunal local establece que “cuando la UPR incumple con su obligación principal de educar a sus estudiantes matriculados, los estudiantes afectados podrán hacer valer sus derechos contractuales”.
Finalmente, los demandantes aclararon en su recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones “que en ningún momento hemos solicitado o avalado que se utilice la fuerza para entrar al recinto”.
