La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, y la rectora interina del Recinto de Río Piedras, Carmen Rivera, deberán justificar el próximo lunes a la jueza de instancia Lauracelis Roques Arroyo las razones por las que no han podido cumplir con la orden de restablecer el acceso al campus riopedrense.
De lo contrario, la togada advirtió que ambas funcionarias se exponen a ser encontradas en desacato, lo que equivaldría a una pena de cárcel no mayor de seis meses. Fernández y Rivera deben comparecer a las 9:00 a.m. a la sala 907 del Tribunal de Primera Instancia en San Juan.
Hoy, durante la vista de seguimiento, el abogado de la UPR Enrique Figueroa indicó a Roques Arroyo que habían depositado la cantidad de $5,000 por concepto de la multa fijada ayer.
Figueroa añadió que al momento los portones de la institución universitaria permanecen cerrados. Roques Arroyo advirtió a Figueroa que la UPR –de acuerdo con su determinación– debía pagar $1,000 adicionales por no haber restablecido el acceso al recinto. El abogado confesó a la jueza su confusión en torno al pago de los $1,000 adicionales y solicitó pagarlos mañana. Dicho de otro modo, si mañana no se logra la apertura de la unidad, el pago sería de $2,000, mil por cada día que ha pasado desde el mandato de la jueza.
Al salir de la sala, Figueroa no aclaró si en efecto solicitarán una reconsideración al Tribunal Apelativo o un recurso de auxilio de jurisdicción al Tribunal Supremo. A preguntas de la prensa, el letrado admitió que desconoce de dónde proviene el dinero para cumplir con el pago de las multas.
Por su parte, el abogado de los cinco estudiantes demandantes, Pedro Vázquez, señaló que “esperábamos que esta determinación iba a ocurrir, pero ciertamente no esperábamos que iba a ser tan pronto y con tanta firmeza”.
“La jueza ya le está diciendo a todas las personas encargadas de la UPR a lo que se están exponiendo, que, como escuchamos, es el arresto”, abundó.
Por otra parte, la rectora del recinto riopedrense envió un comunicado a la comunidad universitaria y sostuvo que “durante la pasada semana, hicimos repetidos intentos por entrar al recinto, según requerido por la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar que emitiera el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el 5 de mayo de 2017”.
Rivera insistió “en la resolución de este conflicto, que ya ha escalado a otro nivel legal, para viabilizar la apertura del recinto y el reinicio de clases y labores administrativas”.
“Entendemos que en estos momentos difíciles por los cuales atraviesa nuestra Universidad y el País, la unión de esfuerzos y voluntades es esencial para lograr la resolución pacífica de nuestros conflictos y la vuelta a una operacionalización digna a la altura de nuestra misión institucional y visión universitaria”, reza el comunicado de la gerente universitaria.
En su resolución, la jueza Roques Arroyo determinó ayer que la UPR había incurrido en desacato civil por haber incumplido con la orden del Tribunal Apelativo de reabrir el recinto riopedrense. Por lo tanto, la jueza fijó una multa de $5,000 –a pagar en 24 horas– y $1,000 adicionales por cada día que se incumpliera dicha orden.
