La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste se encuentra alerta ante informes de prensa de que las autoridades federales se encuentran investigando al ex senador Carlos Díaz por supuestamente haber recibido dinero para evitar la aprobación del Proyecto de la Cámara de Representantes 2105, como parte de la pesquisa contra el también ex legislador Jorge De Castro Font. Esta medida, radicada por legisladores de los tres partidos políticos en el cuatrienio pasado, establecía como política pública la designación de la Reserva Natural del Corredor (RNCEN) junto a su desarrollo ecoturístico. “Esta información es sumamente preocupante, ya que si en efecto es correcto que existió el alegado esquema de corrupción revelado aparentemente por la investigación contra De Castro Font, los que pudieron estar implicados podrían estar presionando todavía para afectar cualquier esfuerzo dirigido a la protección de la RNCEN. Recordemos que al día de hoy no se ha aprobado su Plan Integral de Usos de Terrenos y Manejo, a pesar de que fue endosado en vistas públicas por más de 150 personas, incluyendo agencias federales y estatales, entre otras organizaciones, hace más de un año” denunció Luis Jorge Rivera Herrera, miembro de la Coalición. El científico ambiental indicó que faltando a penas dos horas para que concluyera la primera sesión legislativa en junio de 2007, y en una acción sin precedentes, se declaró un receso en el Senado para evitar que el proyecto de ley fuera aprobado. Éste contaba con el voto de la inmensa mayoría de los legisladores, con la excepción de los ex senadores De Castro Font, Carlos Díaz y Kenneth McClintock. Camilla Feibelman, coordinadora del Sierra Club y afiliada también a la Coalición, añadió por su parte que los tres senadores se habían expresado públicamente en contra del proyecto de ley, indicando además que no iba a ser considerado en lo que restaba del cuatrienio. “Debido a que no tenían una justificación válida para rechazar la designación de la Reserva Natural, tanto De Castro Font y Carlos Díaz nos acusaron de “terroristas ambientales” para tratar de restarle méritos a nuestros esfuerzos,” expresó la líder ambiental. Ante el enorme apoyo público, el P. de la C. 2105 fue aprobado eventualmente por la Legislatura. Sin embargo, esto fue luego de que el ex senador Carlos Díaz, presidente de la Comisión a cargo de evaluar el proyecto de ley, incluyera varias enmiendas que según la Coalición, constituían “píldoras venenosas” pues hacían prácticamente imposible su implantación. Entre éstas se imponía el requisito de que todos los terrenos privados en el Corredor tenían que ser expropiados en o antes de 18 meses a partir de su vigencia, o de lo contrario, perdía su designación como reserva natural, aún cuando el gobierno tiene por ley hasta un máximo de 8 años para lograr este trámite. Otras enmiendas prohibían el desarrollo ecoturístico de la reserva natural, e incluían terrenos adicionales, lo que hubiera encarecido significativamente los costos de adquisición. El entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá otorgó un veto de bolsillo a la medida debido a las enmiendas, y en cambio, aprobó una Orden Ejecutiva adoptando en esencia lo que disponía originalmente el proyecto de ley. La Reserva Natural del Corredor cobró vigencia, entonces, en abril de 2008. La designación de la RNCEN junto a su desarrollo ecoturístico ha sido apoyada por numerosas entidades como el Servicio Forestal Federal, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, el Fideicomiso de Conservación, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y la Coalición Ecuménica e Interreligiosa, entre otras, incluyendo organizaciones conservacionistas internacionales, miembros de la comunidad puertorriqueña en los EE.UU., y de científicos en la Isla.
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