Los procedimientos del Título III de la Ley Promesa, históricos para el pueblo de Puerto Rico que se juega su futuro económico y social, y para la judicatura porque nunca se habían ensayado en la trayectoria constitucional de Puerto Rico y Estados Unidos, proseguirán por ahora sin ajustes para atender el hecho de que el proceso es en inglés, un lenguaje que no es el principal para la mayoría de los puertorriqueños.
Así fue indicado por la jueza presidenta del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Aida Delgado Colón, quien, en acuerdo con la jueza que preside el proceso, Laura Taylor Swain, contestó una solicitud del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que se tomaran algunas medidas que resultaran en una mejor capacidad de cobertura periodística y en una mayor comprensión de los procesos por parte del público.
El CPI planteó las limitaciones de cobertura que se hicieron evidentes en la primera sesión del caso, desde el hecho de que los argumentos y documentos, que primordialmente utilizan términos financieros complejos, solo están disponibles en inglés, hasta el que a los periodistas no se les permite usar en sala aparatos como computadoras o teléfonos para ayudar a registrar y difundir las incidencias.
“Lo primero es la cuestión del lenguaje, que en sí mismo es probablemente la barrera más importante para que podamos comprender plenamente todos los detalles y matices, especialmente los técnicos, en este tipo de procedimiento”, planteó en su carta el CPI.
“Por las indicadas implicaciones históricas y sociales de los procedimientos bajo el Título III para el pueblo de Puerto Rico, le urgimos a que reconsidere sus parámetros (de cobertura) y a que trabaje con nosotros para que podamos informar mejor al público y hacerlo de la manera más atinada posible lo cual, durante esa primera vista crucial, fue misión imposible”, contextualizó también el centro.
“Si bien algunos de los interesados en seguir el caso pueden experimentar dificultades para comprender el idioma inglés, debemos proceder en inglés y esperamos que asegurar el acceso público al expediente escrito pueda servir para aliviar esas dificultades al ofrecer oportunidades de estudiar los documentos con la ayuda de otros que están más familiarizados con el inglés”, contestaron Swain y Delgado.
Distinto a lo que se había reportado por varios medios de comunicación, Swain no solicitó en la primera vista que se tradujeran al español los documentos del caso, sino únicamente el anuncio tipo edicto que se publicará en los periódicos nacionales y de Estados Unidos para avisar a las partes interesadas en el proceso judicial que deben comparecer ante el tribunal.
El CPI señala también como una limitación la prohibición de grabar los procedimientos. “Entendemos que este caso es tan crucial para la gente y la historia de Puerto Rico, un pueblo cuya primera lengua no es el inglés, que debe procurarse la discreción de las autoridades competentes en el sistema de tribunales federales para permitir cualquiera de los siguientes: el uso del teléfono del reportero para grabar, o la publicación de grabación de audio inmediatamente después del procedimiento, como es el caso en algunos distritos y tribunales de apelación. Al menos de esta manera podemos tener un registro permanente para hacer referencia…”, indica el CPI.
En otros casos que se han llevado a cabo en ese tribunal se han hecho los arreglos para que los reporteros puedan tomar nota con sus computadoras o usar sus teléfonos para escribir y tuitear.
Sobre este punto, las juezas expresaron que: “Es la política de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos, el órgano de formulación de políticas administrativas de la judicatura federal, prohibir la radiodifusión, la televisión, el registro o la toma de fotos en la sala de audiencias. Además, de conformidad con la Regla Local 83F9 (b) de este Distrito, se prohíbe la toma de fotografías y el uso de radio, televisión u otro equipo de radiodifusión dentro de la sala”.
En la carta enviada el 19 de mayo, el CPI plantea además que: “la acústica en la sala del tribunal es terrible. Especialmente para los periodistas sentados en la última línea, como se les instruyó. Esto tiene que ver no solo con los deponentes y los abogados que hablan fuera del micrófono, sino también con el hecho de que los abogados hablen delante de usted dándoles la espalda. Es prácticamente imposible verlos y tratar de descifrar lo que están articulando. Una posible solución podría ser que los periodistas se sienten en la sección del jurado, el lugar en la sala del tribunal que es probablemente más adecuado para captar toda la interacción entre usted y el abogado”.
La jueza Delgado reconoció este problema y respondió: “se está actualizando toda la tecnología de audiencias y equipos electrónicos en nuestras salas de audiencias. Este proyecto tiene una fecha de finalización prevista para octubre de 2017”.
Pero entre junio y octubre, ya deberían haber ocurrido al menos tres vistas adicionales, según el calendario de la jueza Swain, que contempla celebrar cinco vistas antes de que termine el año: el 28 de junio, 9 de agosto, 27 de septiembre, 15 de noviembre y 20 de diciembre.
“En cuanto a los asientos en la última audiencia de Promesa, a los miembros de la prensa se les asignaron asientos reservados en las dos últimas filas dentro de la sala principal. Esto se debió al hecho de que teníamos que acomodar a más de 100 abogados que representaban a los participantes en el caso. No obstante, reservamos 20 espacios para los miembros de la prensa en la sala principal, en un lugar que les permitiera entrar y salir de la sala libremente”.
“En cuanto a la posibilidad de permitir que los miembros de la prensa se sienten en el jurado; esta práctica no está permitida en el Distrito. Esta área se reserva tradicionalmente para los participantes del caso solamente. Entendemos que los miembros de la prensa a veces necesitan salir de la sala mientras el proceso está en progreso y hemos permitido consistentemente una amplia libertad en este sentido. Tal flexibilidad no sería posible si los miembros de los medios de comunicación estuvieran en el área del jurado. Sin embargo, sus recomendaciones sobre el asiento de la prensa serán consideradas en relación con los procedimientos futuros y se podrían tomar determinaciones caso por caso”, menciona Delgado.
El CPI indicó que continuará buscando formas de mejorar las condiciones para la cobertura del proceso del Título III, por lo que solicitará una reunión con las juezas. La organización ya ha organizado dos seminarios para periodistas sobre la Ley Promesa y un foro público el que se explicaron los alcances de la ley.
