El plan prioritario de la administración entrante en Estados Unidos de Barack Obama para cerrar el centro de detención de Guantánamo, ha provocado alarma en Puerto Rico ante especulaciones de que parte de los prisioneros puedan ser trasladados a una de las bases militares estadounidenses ubicadas en la Isla. El alcalde de la ciudad sureña de Ponce, Francisco Zayas Seijo, emitió un comunicado de prensa en el que alerta sobre la posibilidad de que los detenidos en Guantánamo puedan ser trasladados al Fuerte Allen en el municipio de Juana Díaz. “En días recientes ha trascendido información en la prensa internacional de que los asesores de Obama están estudiando diversas opciones sobre qué hacer con los prisioneros considerados sospechosos de terrorismo que se encuentran en la actualidad en Guantánamo. Parece, incluso, que existe la posibilidad de que algunos detenidos sean liberados mientras que otros podrían ser trasladados y juzgados en tribunales penales ordinarios de Estados Unidos”, lee la declaración del ejecutivo municipal puertorriqueño. Zayas Seijo argumenta que los puertorriqueños deben estar pendientes, pues en los estados donde existen bases militares ya hay oposición al posible traslado de los prisioneros. El alcalde ponceño sostuvo que, de concretarse el uso de una de las bases en la Isla para estos fines, sería un riesgo de seguridad nacional. Al mismo tiempo recordó que a finales de la década de los 80 las autoridades estadounidenses trasladaron haitianos al Fuerte Allen en Juana Díaz. De entrada, la portavoz del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, Wanda Colón Cortéz calificó como “inadmisible” la mera consideración de bases en Puerto Rico para el traslado los detenidos en Guantánamo. “Me parece que todos los sectores del país debemos manifestarnos y expresarnos –incluyendo al nuevo gobierno- de no aceptar bajo ningún concepto el traslado de estos detenidos”, dijo la activista. Colón Cortez enfatizó que se trata de personas que “nunca han recibido el debido proceso de ley”. “Hay dos elementos importantes aquí; uno que sería reafirmar y ser cómplices de la política de guerra, terror y violación de derechos humanos de la administración Bush, y dos que nos pone en una situación de mucha fragilidad”, añadió. Desde la campaña presidencial e incluso días después de su elección, Obama ha reiterado como una de sus prioridades el cierre del centro de detención en Guantánamo. De hecho, se ha referido a ese centro como “un capítulo triste en la historia estadounidense”. Diversos informes de prensa sostienen que un equipo designado por el presidente electo trabaja en la confección de un plan para el cierre de Guantánamo. En esta base militar ubicada en Cuba permanecen detenidos unos 250 sospechosos de terrorismo, quienes han sido calificados por la administración del saliente presidente George W. Bush como “enemigos combatientes”. Según ha trascendido en medios de comunicación estadounidenses e internacionales, el plan podría contemplar el traslado de docenas de prisioneros para que sean juzgados por tribunales penales ordinarios en Estados Unidos, la puesta en libertad de un número indeterminado de detenidos -que en teoría podrían ser devueltos a sus países de origen- y un tercer grupo de detenidos que podría ser llevado ante un tribunal especial diseñado para atender los casos más sensibles a la seguridad estadounidense. Tan reciente como en noviembre, el Pentágono informó en un comunicado de prensa, que desde el 2002 más de 520 detenidos han salido de Guantánamo hacia otros países. Precisamente en estos días el tema sobre los presos en ruta a Guantánamo ha sido detonante de la discusión pública en España donde el periódico El País hizo público un documento secreto en el que el gobierno de José María Aznar tomó conocimiento de que aviones estadounidenses que trasladaban prisioneros talibanes y supuestos miembros de Al Qaeda hacia Guantánamo harían escala en ese país europeo. El documento data de junio de 2002, pero nunca se hizo público hasta el pasado domingo cuando fue develado por el periódico español.
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