Algunos profesionales del Título III facturan cuatro veces el salario de Higgins o Keleher

Todavía no se cumple un año desde el inicio del proceso de quiebra de Puerto Rico y el gasto en servicios profesionales, con cargo a la chequera del gobierno, suma hasta el momento casi $135 millones, según las facturas más recientes sometidas para la consideración del Tribunal Federal.

Para el periodo que comprende desde el 1 de octubre al 31 de enero, los bufetes y firmas de consultoría que trabajan en los casos de quiebra bajo el Título III de Promesa han presentado facturas que sobrepasan $57 millones. La suma no incluye a algunos bufetes y firmas que todavía no han facturado su segundo periodo, como los abogados de la Junta de Control Fiscal (JCF), Proskauer Rose y O’Neill & Borges, y los consultores del gobierno, Deloitte.

Esto se añade a los más de $77 millones de la cuenta de los primeros cinco meses de la quiebra del ELA, del 3 de mayo hasta el 30 de septiembre del pasado año.

Los casi $135 millones en solo nueve meses de facturación superan el presupuesto anual de agencias tales como el Departamento de Recursos Naturales ($49.3 millones), la Compañía de Turismo ($99 millones) y el Departamento de Agricultura ($50.4 millones), entre otras entidades públicas. También sobrepasa el costo de aumentar el salario de maestros y policías por $1,500 anuales, que no sobrepasará los $60 millones, según estimados del gobierno.

Mientras algunos jefes de agencia como Julia Keleher o Héctor Pesquera, cobran unos $250,000 por año, y el recién nombrado director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter Higgins cobra $450,000, hay abogados y asesores que en tan solo nueve meses excedieron el millón de dólares en trabajo facturado, con tarifas por hora que van desde $700 hasta $1,500. Muchas de estas tarifas aumentan automáticamente cada año, según los términos de sus respectivas contrataciones.

A manera de ejemplo, la cuenta de John Rapisardi, uno de los principales abogados del gobierno y quien trabaja con el bufete O’Melveny & Myers, asciende a casi $2 millones, a razón de $1,147.50 la hora. También está el caso de Luc A. Despins, James Bliss y Alex Bongartz, todos abogados del bufete Paul Hastings y quienes representan al Comité de Acreedores No Asegurados. Los tres han facturado $1.5 millones, $1.7 millones y $1.4 millones, respectivamente.

Que no quepa duda: el gasto hasta el momento en nueve meses de la quiebra de Puerto Rico es excesivo y así lo han reconocido la jueza a cargo del proceso, Laura Taylor Swain, el gobierno, la JCF y figuras congresionales como el representante Rob Bishop (R-Utah). Ya casi alcanza el costo del caso de Detroit, que duró casi un año y medio. La reestructuración de la deuda de la ciudad de Michigan —la más costosa en el mercado de bonos municipales hasta el momento— sumó alrededor de $180 millones en gastos similares durante el proceso bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal.

Pasajes a Nueva York, Los Ángeles, Denver, Washington, Londres, Budapest…

A la compensación por horas trabajadas se suman los gastos incurridos que se reembolsan siempre y cuando sean “razonables y necesarios”, según Brady Williamson, el encargado de examinar las facturas relacionadas a los casos de quiebra bajo Título III. Los pasajes de avión y tren de estos profesionales son reembolsables cuando el viaje esté relacionado a los casos de quiebra de Puerto Rico. Luego de la facturación inicial bajo este renglón, el examinador estableció que se reembolsará el costo equivalente a la tarifa más económica al momento de la reservación.

Pero el costo en pasajes depende en gran parte del lugar y el tiempo de anterioridad que se compran.

La mayoría de los abogados y asesores viajan desde Nueva York, Chicago, Washington, D.C., Philadelphia y Boston. A pesar de la cantidad de rutas comerciales entre estas ciudades y Puerto Rico, los reembolsos por concepto de tarifas aéreas desde estos lugares a veces superan los $1,000 por ida y vuelta.

Otros abogados y asesores que trabajan en los casos de Título III de Puerto Rico vienen de sitios más lejos. Este es el caso, por ejemplo, de Andrea Grunwald de FTI Consulting, quienes asesoran al comité que representa a los retirados en los casos de quiebra.

Grunwald trabaja desde Londres. Viajó en septiembre del año pasado a Nueva York para participar de una sesión de mediación entre acreedores, el gobierno y la JCF. El pasaje costó $5,940.50. Luego, en noviembre, Grunwald volvió a viajar a la Gran Manzana y esta vez el pasaje costó $10,104.88. A principios de febrero, Grunwald viajó de Londres a Puerto Rico para reunirse con sus clientes y su regreso fue a la ciudad de Budapest. El total de ese pasaje sumó $5,287.72. Según la factura de FTI, la firma redujo los gastos en pasajes al equivalente de clase económica o la tarifa más baja en ese momento para cumplir con las guías que estableció Williamson.

Otro ejemplo es el de Kenneth Klee, socio fundador del bufete Klee, Tuchin, Bogdanoff & Stern, quienes asesoran a Bettina Whyte, que representa los intereses de Cofina en la batalla sobre a quién le pertenece una tajada del IVU. Klee vive en Los Ángeles. Esto significa que desde ahí viaja, y en ocasiones lo acompaña su esposa, según las facturas. Aunque viaja en primera clase y cubre el gasto de su esposa, factura por la tarifa más baja, pero que sea reembolsable. A finales de octubre, este pasaje era de $1,587 la ida y $1,587 la vuelta. A finales de noviembre, facturó $3,721.51 por el viaje. ¿La estadía por una noche de hotel el 28 de noviembre? A $1,122.31 en el hotel Ritz Carlton de Central Park.

En el caso de Todd Filsinger, el principal asesor de reestructuración de la AEE vive en Denver. Junto a otros miembros de su equipo, facturaron sobre $41,000 en pasajes durante dos meses, mayormente desde y hacia esa ciudad en el oeste de Estados Unidos.

Gastos “razonables”

La JCF entiende que a pesar de que es ella quien único representa al gobierno en los casos de quiebra bajo el Título III según establece Promesa, el hecho de que el gobierno también cuente con sus propios abogados y asesores es una de las razones principales para el gasto excesivo en servicios profesionales. En una misiva al gobernador el pasado 12 de marzo, la JCF pidió cooperación y coordinación entre estos profesionales para evitar duplicar esfuerzos y así controlar el gasto en abogados y asesores.

“Hemos tenido que defender los intereses de Puerto Rico, que no necesariamente son los de la junta”, reaccionó por escrito el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario. “Entendemos que la junta debe aplicarse las medidas de austeridad que está solicitando para el gobierno. […] Ellos [la JCF] tienen abogados que le cobran el doble a ellos de lo que le cobran al gobierno y algunos que le facturan casi $1,500 la hora”, añadió Rosario, y luego aclaró que se refería a Proskauer Rose, el principal bufete del ente fiscal.

Pero el CPI verificó que Proskauer Rose factura una tarifa uniforme de $730 la hora por todos sus abogados que trabajan en la quiebra de Puerto Rico, mientras que los principales abogados del gobierno, O’Melveny & Myers, facturan hasta $1,147.50 la hora.

El pasado 10 de noviembre, Williamson, quien determina la “razonabilidad” de estas facturas, envió unas “guías” a estos abogados y consultores para la facturación de su trabajo. Por ejemplo, fijó un límite en el reembolso por noches de hotel, que va de $300 la noche si es en Puerto Rico y $500 si es en Nueva York o Washington, D.C. También en las comidas —$20 por día si es en la oficina y $40 si es afuera— y hasta en las fotocopias— 10 centavos si es en blanco y negro, y 50 centavos a color.

Las nuevas facturas reflejan más de $330,000 en gastos de estadía, sobre $350,000 en pasajes, $50,000 en comidas, más de $40,000 en fotocopias e impresos, y sobre $180,000 en bases de datos e investigación electrónica, reflejó un análisis del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El internet mientras están en un avión, el estacionamiento en los aeropuertos durante sus viajes para trabajar los casos de quiebra y hasta el cargo de $5 por cancelar un Uber son ejemplos de otros gastos por los cuales estos profesionales piden reembolso al Gobierno de Puerto Rico.

También facturan la mitad de sus tarifas por hora, es decir, miles de dólares en algunos casos, por el tiempo en que están viajando para algo relacionado a sus clientes, aunque no estén trabajando. En el último periodo de facturación, este renglón suma más de $220,000.

Si trabajan hasta tarde en la oficina, después de las 9 de la noche, el Gobierno de Puerto Rico paga por su transportación a sus casas, ya sea en taxis, tren o Uber, o el millaje que incurran en sus vehículos personales.

Es bueno ser un asociado o novato en estos bufetes. Abogados que revalidaron hace menos de ocho años facturan desde $400 la hora hasta casi $1,000 en algunos casos. Lo que han devengado algunos de estos abogados en cuatro meses bajo el Título III —cantidades de seis cifras— supera en ocasiones lo que han hecho algunos de sus jefes que son socios en los bufetes. Tal es el caso del bufete Willkie Farr & Gallagher, donde dos abogados asociados facturaron más que el socio que más horas trabajó en el segundo periodo de facturación. Bufetes como Paul Hastings (abogados del Comité de Acreedores No Asegurados), O’Melveny & Myers (abogados del Gobierno) y el propio Willkie Farr tuvieron una decena de asociados, cada uno, facturando más de $100,000 solamente en un periodo de cinco meses.

Pago por el seguro del principal asesor financiero de la AEE

El pasado 1 de diciembre, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombró a Todd Filsinger como principal asesor financiero de la corporación pública, una posición similar a la que ostentó Lisa Donahue de AlixPartners bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

En tan solo dos meses, Filsinger Partners facturó más de $2.5 millones por concepto de su trabajo en la AEE relacionado al proceso de quiebra bajo el Título III en el que se encuentra la corporación pública.

De la factura se desprende que el gobierno paga por un seguro de directores y oficiales (D&O en inglés) para el principal asesor financiero de la AEE y su equipo de trabajo. La póliza, que de ordinario debe costear cualquier empresa de su tipo con sus fondos propios, costó $33,924 para el mes de diciembre y $43,100 en enero, luego de añadir más cubierta al seguro.

Esto a pesar de que las guías del examinador de facturas establecen que en general, gastos administrativos —incluyendo pólizas de seguro— no son reembolsables como parte del proceso de Título III.

El seguro D&O busca proteger a directores y oficiales de una corporación contra cualquier responsabilidad en litigios y otras reclamaciones que puedan surgir a raíz de su desempeño profesional. Este tipo de póliza cubriría, por ejemplo, los gastos en representación legal que pudiera incurrir Filsinger si es demandado en su carácter como principal asesor financiero de la AEE.

Mutis de Aafaf

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) coordina gran parte del pago a estos profesionales. Dos versiones recientes del plan fiscal del gobierno contemplan una partida dirigida a los gastos en abogados y asesores con cargo al erario y por concepto de los casos de quiebra bajo el Título III.

Pero el gobierno cada vez es más escueto en proveer detalles sobre lo que estiman en gastos en este renglón.

En la versión del plan fiscal de Rosselló Nevares del 24 de enero, se estimó en $119 millones el “gasto de Título III” solo para el presente año fiscal. En cinco años, proyectaba un gasto de hasta $800 millones por concepto de los casos de quiebra.

Luego, en la revisión del 12 de febrero, la misma partida para el año fiscal que culmina el 30 de junio reflejaba solo $19 millones, o $100 millones menos que la versión previa. En los próximos seis años, la proyección fue de $300 millones en gastos relacionados al Título III de Promesa.

El portavoz de Aafaf, Iván Caraballo, alegó al CPI que el recién develado plan fiscal detallaría las partidas correspondientes al pago de estos profesionales. No obstante, este no fue el caso. La versión publicada al filo de la medianoche del pasado viernes, 23 de marzo, dejó fuera este detalle.

En una conversación posterior, Caraballo aceptó que el documento no contenía el detalle y sostuvo que la razón se debía a que aún trabajaban en un estimado final para este renglón. Asimismo, explicó que esta partida incluye los gastos legales del gobierno, la JCF y los dos comités oficiales que representan a los retirados y acreedores no asegurados en los casos de quiebra de Título III.

Al cierre de esta edición, Aafaf no había contestado una nueva petición del CPI para conocer el estimado más reciente con el cual el gobierno trabaja sus proyecciones financieras.

Por otro lado, se desconoce exactamente con cargo a qué renglón del presupuesto público van estos gastos. Mientras la Aafaf cuenta con $90 millones para este año, la JCF tiene $60 millones y otras entidades en quiebra, como la AEE, la Autoridad de Carreteras y el Sistema de Retiro de Empleados Públicos, cuentan con sus propios presupuestos destinados a tratar de cubrir parte de estos gastos relacionados al Título III.

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Centro de Periodismo Investigativo

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