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La Alianza Pro Transparencia (APT) emplazó a la Asamblea Legislativa para que por vía de ley garantice el derecho a la transparencia informativa de los puertorriqueños.
La APT, en la que aúnan los esfuerzos los dos principales gremios periodísticos del país -la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC)- se reiteró a favor de esa transparencia tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de no revisar la determinación de la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 2021 de no divulgar datos sobre el caso de asesinato de la joven Andrea Cristina Ruiz Costas, ocurrido tamb[en el pasado año.
“La Alianza se mantiene firme en que el país y sus periodistas tienen derecho a acceder a los procesos civiles y criminales tras el [Supremo insular y federal] impedir la divulgación de los audios y videos de los procesos judiciales en los que Ruiz Costas testificó como víctima de violencia de género”, aseveró la Alianza en parte de prensa.
La Alianza califico las decisiones de los dos tribunales Supremo como “nefastas” las que podrían impedir que la ciudadanía conozcza cómo se conducen los procesos judiciales, en este caso, un feminicidio.
“El Poder Judicial de Puerto Rico no está exento de ser fiscalizado con el mismo rigor que las restantes ramas de Gobierno, por lo que la lucha por la transparencia y rendición de cuentas no ha terminado”, dijo la presidenta de la ASPPRO, Damaris Suárez.
Indicó que en vista de que parece haber consenso, fuera del Tribunal Supremo del País, en que la información solicitada al amparo del derecho constitucional de libertad de expresión y Prensa debe ser pública, la APT
redoblará esfuerzos en la Legislatura para que sean estos los que reafirmen lo que “ya está claro en la ley y en la jurisprudencia interpretativa”.
“El derecho a saber y a discutir cómo se conduce nuestro sistema de justicia es uno de los pilares más importantes de la democracia participativa. Llegó el momento en que nuestros legisladores y legisladoras coloquen la acción donde han empeñado su palabra” sostuvo , por su parte, el presidente del OPC, Luis Guardiola.
El gobernador, Pedro Pierluisi, y al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, se han expresado públicamente a favor de la divulgación de los audios de caso de Ruiz’ Costas, por pedido de la Alianza.
“Ya [esto] es un gran logro para el derecho de acceso a la información”, enfatizó la periodista Suárez.
Por su parte, los abogados de récord reaccionaron satisfechos con los logros que se han alcanzado durante este proceso que inició en mayo del pasado año. “Desde que la ASPPRO y el OPC solicitaron por vía judicial acceso a esa información pública, el país ha experimentado cambios sobre cómo el Gobierno comunica los remedios que las víctimas tienen a su disposición para enfrentar a su agresor”, dijo el licenciado Rafelli González Cotto, representante legal de ASPPRO.
El licenciado Edgar Villanueva Rivera, asesor del OPC, sostuvo que está esperanzado en que la labor realizada continúe provocando cambios sustanciales en el sistema de justicia sobre el tema de violencia de género.
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