El alto nivel de deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico, ya no aguanta más. La situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico, luego de la degradación de los bonos a nivel de especulación o chatarra que recibiéramos por parte de las agencias clasificadoras durante este año, requiere que se tomen inmediatamente una serie de medidas presupuestarias a corto y mediano plazo.
Ya no podemos continuar endeudándonos para atender el déficit fiscal como solíamos hacer en el pasado. Hemos perdido nuestro “espacio fiscal” (capacidad para emitir más deuda) para realizar las inversiones de infraestructura que el País necesita. Además, la situación de liquidez que confronta el Banco Gubernamental de Fomento Para Puerto Rico(BGF) ha limitado las fuentes internas de financiamiento del gobierno. ¿Cuáles son las opciones?
Este artículo propone examinar lo que han realizado otras jurisdicciones a fin de restablecer su sostenibilidad fiscal y encontrar la senda del crecimiento económico. También busca establecer puntos de convergencias y divergencias con respecto a lo que se ha hecho en estos lugares.
Para lograr este propósito hemos recurrido a evaluar varios informes de comisiones, entidades públicas y organizaciones internacionales que presentan diferentes medidas presupuestarias para atender las difíciles situaciones fiscales y económicas que han confrontado Estados Unidos, Irlanda y Grecia.
Entre los documentos evaluados se encuentran los siguientes:
- El Momento de la Verdad: Comisión de Responsabilidad Fiscal y Reforma (2010) cfr.org
- Informe del Comité de Trabajo de la Crisis Presupuestaria de los Estados (2010) http://www.statebudgetcrisis.org
- Plan Operacional y Financiero de la Ciudad de Detroit (2013) http://www.detroitmi.gov
- Programa de Ajuste Económico para Irlanda (2011,2013) www.ec.europa.eu/economy
- Grecia: Estrategia Fiscal a Mediano Plazo, 2012-15 (2011) www.ec.europa.eu/economyfinance/publications
Examinemos en primer lugar algunas de las medidas presupuestarias específicas contenidas en dos de estos documentos.
Informe de la Comisión de 2010
El presidente Barack Obama creó la Comisión Nacional de Responsabilidad Fiscal y Reforma para atender los retos fiscales que confronta Estados Unidos. Esta Comisión bipartita tuvo a cargo identificar las políticas para mejorar la situación fiscal del Gobierno Federal a mediano plazo y alcanzar la sustentabilidad en el largo plazo. Particularmente este organismo propuso recomendaciones dirigidas a balancear el presupuesto, excluyendo los intereses de la deuda para el 2015.
Modelo Propuesto por Comisión Bipartita
Recomendaciones Principales
Esa Comisión recomendó cumplir con los topes (niveles máximos ) en los gastos gubernamentales; mantener el nivel de gasto igual o menor al Año Fiscal anterior y regresar al nivel de gastos prevaleciente antes de la crisis del 2008 (en términos reales del 2013); limitar el crecimiento del gasto a la mitad de la tasa de inflación proyectada para el año 2020; y realizar recortes en programas federales en áreas de seguridad y otras áreas no relacionadas con seguridad (non security).
También propuso que las agencias federales debían evaluar su presupuesto en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) para poder identificar los programas que son inefectivos y redundantes. Asimismo, debían distinguir de aquellos servicios que son medulares (core services) y los programas que han continuado por inercia. En este punto, también recomendaron solicitarle al General Accounting Office (GAO) que participara del proceso como asesor en la evaluación de programas y su ejecución.
Igualmente sugirieron: congelar los salarios de los empleados públicos por un periodo de tres años; reducir el número de empleados federales a través de atrición (según vayan jubilándose y no vuelven a reclutarse) en un 10 por ciento o 200,000 empleados. Con relación a esta medida, que podría ahorrarle al Gobierno Federal alrededor de $13.2 billones, propusieron reclutar solo dos nuevos empleados por cada tres que dejan el gobierno.
Otras recomendaciones fueron: reducir el presupuesto del Congreso en un 15 por ciento; congelar los salarios de los miembros del Congreso por tres años; reducir los gastos por viajes, imprenta y vehículos (las agencias solo deberán gastar el 80 por ciento del gasto asignado a estas partidas, requerir mayor usos de teleconferencias y sistemas de telecomunicaciones y disminuir en un 20 por ciento la flota de vehículos) y vender el exceso del inventario de bienes raíces que es propiedad del Gobierno Federal.
También estipularon que el Congreso requeriría una revisión crítica de todos los programas presupuestados para definir las prioridades y ver si estos podían ser reformados o eliminarse.
Informe del Comité de Trabajo del 2011
El Comité de Trabajo para atender la situación presupuestaria de los estados fue creado a la luz de la crisis global y la recesión que comenzó en el año 2008. A pesar de que los estados se beneficiaron del Programa de Estímulo Económico propulsado por la Administración del presidente Obama (ARRA y TARP), la recuperación de sus economías ha sido parcial. Por ende, esta debilidad económica ha repercutido en los ingresos fiscales tanto a nivel estatal como local.
Otro aspecto que ha afectado, particularmente, el cuadro fiscal de los estados ha sido los efectos que han tenidos los recortes en los diferentes programas federales a nivel Congresional. Además, el ritmo acelerado de los gastos relacionados con los programas de salud y los sistemas de pensiones ha creado grandes dificultades en el manejo de las finanzas públicas de los estados.
La Comisión del 2011 estudió la situación financiera de California, Illinois, New Yersey, New York, Texas y Virginia. De esta evaluación, ese organismo encontró en cuatro de estos estados los siguientes problemas:
- Presupuestos que usan cash-based los cuales registran las transacciones cuando el gasto es incurrido o el ingreso es devengado. Esto facilta los “trucos”(guimmick) que ocultan la condición fiscal real.
- La ausencia de unos planes multianuales financieros.
- Los presupuestos y los informes financieros han fracasado en establecer claramente los gastos futuros de las obligaciones financieras.
Tras estos hallazgos dicha Comisión recomendó: modificar los presupuestos al sistema accrual (términos contables a los que se registran las transacciones de gastos en el momento en que se incurren) en los estados y localidades; establecer planes financieros multianuales; crear fondos de reserva (rainy day funds); no tratar los fondos provenientes de financiamientos como ingresos; fortalecer los informes financieros y de comunicación a los ciudadanos; seguir los principios establecidos sobre presupuesto y facilitar el entendimiento de los informes financieros.
Se recomendó también trabajar proactivamente para determinar los impactos de las decisiones del Gobierno Federal; realizar pronósticos de las acciones a nivel federal y políticas requeridas tanto a nivel estatal como local y hacer una adecuada divulgación (disclosure) sobre los términos, condiciones y riesgos con respecto a las emisiones llevadas a cabo en el mercado de bonos municipales.
Modelo de la Comisión de los Estados de EE.UU.
Las recomendaciones del Comité se concentraron, primordialmente, en varios aspectos relacionados con el mejoramiento de las salud fiscal de los estados y gobiernos locales. No obstante, se enfocan principalmente en los temas relacionados con la rendición de cuentas (accountability), transparencia fiscal, el manejo del impacto de la reducción del déficit federal en los estados y en la necesidad de que se atiendan los problemas financieros de los sistemas de pensiones.
En términos generales algunas de las recomendaciones de estos dos informes tienen cierta convergencia con aquellas medidas que ya han sido contempladas por el Gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, el pasado año se aprobó la Ley Núm. 3-2014, que enmendó la Ley de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado. Esta legislación incluye una reforma abarcadora al sistema de pensiones de los empleados públicos.
Además, recientemente el Gobierno de la Isla aprobó la Ley 66-2014 conocida como Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Estado Libre Asociado. Esta ley incluye medidas presupuestarias como recortes de gastos de nómina, beneficios marginales y congelación de salarios entre otras acciones dirigidas a reducir el déficit fiscal del Fondo General.
Sin embargo, otras medidas -contenidas en los informes de las dos comisiones federales aquí reseñados- que están orientadas a mejorar el proceso presupuestario como la rendición de cuentas, el análisis de impacto económico, la transparencia fiscal y la maximización de las tecnologías; aún no han sido contempladas por el Gobierno de Puerto Rico. Este asunto, particularmente, requiere atenderse con carácter de urgencia, a fin de poder medir la efectividad de las acciones tomadas.
Mañana: Alternativas a la crisis fiscal: los casos de Detroit e Irlanda
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El autor es economista y Profesor Adjunto del Departamento de Economía y la Escuela de Administración Pública de la UPR, Recinto de Río Piedras.
