Convocatoria de UNESCO para cultura y paz
Familiares, vecinos y efectivos de la Policía Nacional Civil durante el entierro del agente Justo Germán Gil, de la Unidad de Mantenimiento del Orden, muerto por pandilleros en el municipio de San Juan Opico, en el este de El Salvador, el 10 de enero de 2015. Crédito: Vladimir Girón/IPS
Por: Edgardo Ayala
El recrudecimiento de la violencia criminal que vive El Salvador está caldeando el ambiente interno en el país, con un tono que recuerda la pasada guerra civil y que podría comprometer la incipiente democracia local.
Tras los recientes ataques de las pandillas delictivas contra policías, soldados y otros funcionarios, en la Asamblea Legislativa se habla de imponer estados de sitio en los municipios más violentos, y el gobierno ordenó la creación de tres batallones de reacción inmediata, como los que existieron durante el conflicto.
En el pasado, aquellas unidades militares fueron responsables de innumerables masacres contra la población civil, como la ocurrida en diciembre de 1981 en el caserío El Mozote, en el norteño departamento de Morazán, a manos de efectivos del batallón Atlacatl, y que dejó más de 1,000 campesinos muertos.
Mientras, los policías y ciudadanos plantean abiertamente la creación de grupos de exterminio de pandilleros, a la usanza de los escuadrones de la muerte, los grupos paramilitares de extrema derecha que actuaron en el país entre los años 70 y 1992.
“Es peligrosísimo estar hablando de estados de sitio y de todo eso, pues podría afectar el proceso democrático del país”, dijo a IPS el coordinador de la ecuménica Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz (Ipaz), Félix Arévalo.
Ipaz aglutina a líderes de varias confesiones religiosas que buscan una salida negociada al fenómeno de violencia delictiva de las pandillas, también conocidas en América Central como maras, que abate a este país de 6.3 millones de habitantes.
De ser aprobado por el parlamento, el estado de sitio suspendería garantías constitucionales, como las de reunión y libre tránsito, además de militarizar zonas con altos niveles de homicidios.
Ese estado excepcional fue impuesto por última vez en El Salvador durante la ofensiva guerrillera “Hasta el tope”, de noviembre de 1989, en plena guerra civil, que desde 1980 a 1992 dejó 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos.
Ahora ejerce la Presidencia del país uno de aquellos dirigentes guerrilleros, Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político tras los acuerdos de paz y en el poder desde 2009.
Su gobierno asegura que el recrudecimiento de la violencia respondería a una reacción de las pandillas ya que en febrero se trasladaron 14 de sus líderes, de una cárcel común a otra de máxima seguridad, conocida como Zacatraz y ubicada en el municipio de Zacatecoluca, a 41 kilómetros al este de San Salvador.
Entre los trasladados estaban algunos cabecillas de la MS13 y de Barrio 18, dos organizaciones delictivas que en marzo del 2012 propiciaron una tregua entre pandillas que redujo drásticamente la cifra de homicidios.
Raúl Mijango, mediador en aquella tregua, ya fenecida, aseguró a IPS que haber aislado a esos líderes, ha motivado que las acciones de esos grupos jóvenes más fanatizados hayan pasado a comandarlas, han hecho de la violencia una forma de vida.
“Esos jóvenes en lo que menos piensan es en parar este conflicto”, señaló.
La tregua se consideró acabada en mayo de 2013, cuando el entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014), también del FMLN, fue forzado a destituir por un tecnicismo legal como ministro de Justicia y Seguridad al general David Munguía, quien desde el gobierno es uno de los mayores impulsores a ese proceso.
Hasta este lunes 20, las pandillas asesinaron este año, además de población en general, a 20 policías, seis militares, un fiscal y seis carceleros, en una guerra no declarada, alimentada también por la reacción policial y militar que dejó decenas de pandilleros muertos en enfrentamientos.
El 18 de este mes, siete pandilleros fueron abatidos a tiros por una escuadra militar en Uluapa Arriba, parte del municipio de Zacatecoluca.
Incluso, algunos policías hablan abiertamente de asesinar pandilleros.
“Cuando ellos (los pandilleros) se topen con nosotros, los vamos a matar”, dijo sin tapujos un policía a una televisora local, aunque con el rostro cubierto con un pasamontañas.
También en las redes sociales circulan vídeos caseros de policías y ciudadanos instando a aniquilar “mareros” (miembros de las maras), a la usanza de los escuadrones de la muerte dedicados a asesinar opositores de izquierda durante la guerra.
En marzo, los números de homicidios se dispararon. Ese mes fue el más violento hasta ahora de la última década, según cifras policiales, con 481 homicidios, un promedio de 16 asesinatos diarios, 56.2 por ciento más que el mismo mes del año anterior.
Si se mantuviera ese patrón, el país superaría al final del 2015 más de 5,000 asesinatos y una tasa de 86 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy arriba de los 63 por cada 100,000 con los que cerró el 2014.
El estado de sitio o de excepción está siendo impulsado por los diputados de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, con 11 de los 84 diputados en la legislatura parlamentaria que comienza el 1 de mayo, tras los comicios de marzo.
“Esta escalada de violencia se pudo haber evitado”, señaló Arévalo, “si se hubiera recurrido a mecanismos de diálogo que incluyera también a las pandillas”, una idea que rechazan frontalmente los sectores políticos, por las reacciones virulentas de la población contra esos grupos, a los que se le calcula 60,000 integrantes.
El gobierno de Sánchez Cerén cerró toda posibilidad de acercamiento con las pandillas en enero.
Roberto Valent, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo a IPS que la intensificación de las acciones de las pandillas es, en parte, una respuesta al control territorial que, con la policía, el Estado está tratando de ejercer en aquellos territorios controlados por esos grupos.
Esa acción policial es importante, agregó, para abrir espacios a la prevención, rehabilitación y reinserción socioeconómica en esos territorios.
“Es claramente una reacción al operar del Estado”, acotó Valent quien actúa como coordinador técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
El Consejo fue creado por la Presidencia en septiembre del 2014, para que proponga las líneas de acción para enfrentar la delincuencia, con la participación de diferentes sectores de la sociedad y el aporte técnico de la cooperación internacional proponga las líneas de acción para enfrentar la delincuencia.
En enero, el Consejo propuso 124 medidas prioritarias que el gobierno pretende poner en marcha para reducir el crimen en el país.
Se requieren 2,000 millones de dólares para impulsar el plan durante cinco años; una parte de esos fondos ya se obtuvieron y otra se está gestionando.
El programa pretende llevar proyectos educativos, de salud y recreativos, así como crear 250,000 puestos de trabajo a jóvenes en situación de riesgo.
Pero en la práctica el gobierno se ha mostrado más interesado en endurecer su política de persecución, por medios policiales y militares.
Además de los batallones militares, el presidente ha anunciado una restructuración y fortalecimiento de la policía, así como la creación de más unidades policiales élites que enfrente con más fuerza a las pandillas.
Arévalo, de Ipaz, sostuvo que debió comenzarse al revés: “menos acción policial y más prevención y reinserción”.
“Hemos alborotado el panal, el gobierno actuó torpemente, no se puede impulsar un plan con cadáveres cayendo al lado”, afirmó.
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