América Latina necesita aumentar su inversión en infraestructura, para llevarla de tres a cinco por ciento de su producto interno bruto (PIB). Es un objetivo que no parece fácil, luego de dos años sin crecimiento económico en la región y con un entorno mundial complicado, convinieron especialistas en un encuentro en Buenos Aires, Argentina.
Durante una conferencia organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y que convocó a más de 60 funcionarios y especialistas de la región y de otras partes del mundo, se discutió cómo abordar las obras necesarias en la región en materia de energía, transporte, telecomunicaciones y servicios sanitarios.
“Disponer del dinero para invertir es apenas el comienzo del viaje y posiblemente lo más fácil. Lo más difícil es elegir los proyectos correctos y ejecutarlos bien, de manera que generen crecimiento económico”, advirtió Garry Bowditch, director ejecutivo de la Iniciativa por una Mejor Infraestructura, un centro de estudios de la Universidad de Sídney que se ocupa de las necesidades de Australia.
Esa nación es de alguna manera un ejemplo a seguir para los países latinoamericanos, tan propensos a los altibajos, ya que, como señaló Bowditch, viene de un período de 27 años consecutivos de crecimiento económico.
Durante su participación en la Conferencia sobre la Infraestructura para el Desarrollo en América Latina, realizada el 25 y 26 de abril, Bowditch citó un estudio del Banco Mundial que reveló que, en los países en desarrollo, es mucho más alta la probabilidad de que las obras no tengan un impacto positivo en el crecimiento.
A su juicio, “aunque siempre debe haber espacio para los megaproyectos, también tenemos que tener un ojo mirando hacia otros caminos para alcanzar nuestros objetivos”.
Después de que durante 2015 y 2016 se redujera el PIB regional, en 2017 América Latina experimentó un crecimiento moderado (1.1%), en parte gracias a la recuperación del precio internacional de algunas materias primas relevantes para la región, como la energía y los minerales.
Sin embargo, un documento de la CAF, preparado para la reunión en Buenos Aires, advirtió que el panorama está nublado por la incertidumbre que envuelve hoy el comercio internacional, donde ganan espacio las tendencias proteccionistas, y el incremento de las tasas de interés, que son un obstáculo para conseguir financiamiento para infraestructuras.
La institución regional llamó a los países latinoamericanos a enfrentar las limitaciones económicas a través de “un uso socialmente más eficiente de los recursos”. Concretamente, habló de mejorar “los procesos de selección y priorización de los proyectos, de contratación y construcción de obras, y la operación de las redes y servicios. Ello implica revisar y mejorar los procesos institucionales de toma de decisión y asegurar la transparencia en todas las etapas”.
Esta última cuestión tuvo un lugar central en muchas de las exposiciones y también en la del presidente de la CAF, Luis Carranza, quien hizo énfasis en la necesidad de “mejorar las condiciones de contratación para evitar la corrupción que nos ha golpeado en la cara en los últimos años”.
Otro de los puntos repetidos a lo largo de los distintos paneles fue que, en las actuales condiciones, no es aconsejable apuntar únicamente al Estado para financiar las obras de infraestructura.
“Las asociaciones públicas privadas son una herramienta fundamental. Tienen una fuente de pago propia y sirven para sobreponerse a las limitaciones presupuestarias”, dijo Federico Gutiérrez Soria, especialista en financiamiento del mexicano Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
En ese sentido, el jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Marcos Peña, estaba exultante porque, el día anterior al inicio de la conferencia, su gobierno había abierto los sobres con las ofertas técnicas para las primeras obras de este país a realizarse bajo el llamado régimen de Participación Público Privada (PPP).
Según se informó oficialmente, diez consorcios, con 19 empresas locales y siete extranjeras, competirán para quedarse con los contratos de seis proyectos viales, que suman más de 3,000 kilómetros y un compromiso de inversión de unos $6,000 millones. A cambio, el inversor privado explotará la obra durante 15 años.
“Es la primera vez que en la Argentina se lanzan obras públicas de esta manera. Hemos aprendido de la experiencia de otros países”, dijo Peña.
Uno de los expositores fue el secretario general del Foro Internacional de Transporte (FIT), una organización intergubernamental que funciona en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y está integrado por 59 países, de los cuales 44 son europeos y apenas tres (México, Chile y Argentina) latinoamericanos.
Se trata de Young Tae Kim, exdirector del Ministerio de Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, quien comentó a IPS que “la situación que veo en América Latina es muy similar a la que existía en mi país en los años 70 y 80, incluso en los 90”.
“En los países en desarrollo, tiene que haber una torre de control muy eficiente en el sector público. La planificación es lo más importante”, dijo.
“Creo que los países latinoamericanos tienen que construir sus capacidades de planificación y en eso tienen un rol muy importante que jugar los organismos multilaterales de crédito”, agregó.
Para Tae, los países en desarrollo de América Latina tienen que pasar por un “proceso de institucionalización de medidas de transparencia, que permitan atraer inversiones y planificar eficientemente a cinco o diez años”.
El FIT lanzó en 2016 su proyecto “Descarbonizando el transporte”, que apunta a darle a los tomadores de decisiones herramientas alineadas con el objetivo de lograr que el sector alcance en 2050 “cero emisiones”, en la batalla contra el cambio climático.
“Nadie sabe si podemos lograr un transporte con cero emisiones para 2050, aunque fijar un objetivo es en sí mismo importante. Una meta puede ser inalcanzable o irreal, pero el esfuerzo vale la pena”, dijo Tae.
En cuando a la adaptación de las obras de infraestructura al cambio climático, la exposición que atrajo más atención fue la de Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas de Chile durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-marzo de 2018).
Undurraga admitió que la cuestión del cambio climático estaba al principio completamente fuera de la agenda de Obras Públicas, ya que se consideraba un tema exclusivo del Ministerio de Ambiente.
“Sin embargo, sucesivas catástrofes naturales no cambiaron la agenda. Chile era un país preparado para terremotos o tsunamis, pero no para otros eventos de la naturaleza. La sequía, por ejemplo, se trataba como un fenómeno transitorio y entonces cuando faltaba agua en algún lugar se llevaban camiones con agua hasta allí”, explicó.
“Nos dimos cuenta que había que tratarlo como un fenómeno permanente, por lo que empezamos a construir embalses”, comentó el exministro.
Undurraga recordó que “enfrentamos 26 catástrofes naturales en cuatro años. Solo seis de ellas, que fueron cuatro terremotos y dos erupciones volcanes, no se debieron al cambio climático”.
Con base en este análisis “desarrollamos el primer plan de adaptación y mitigación de los servicios de infraestructura al cambio climático. Esto significó algunos paradojas para un ministerio de Obras Públicas, porque debido tuvimos que tirar abajo puentes”, agregó.
