Mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y su distribución es un paso necesario para erradicar el hambre y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad y donde 0 es a igualdad perfecta y 1 la desigualdad perfecta— aplicado a la distribución de la tierra en la región como un todo alcanza 0.79, superando ampliamente a Europa (0.57), África (0.56) y Asia (0.55).
En América del Sur la desigualdad es aún mayor que el promedio regional (alcanzando un coeficiente Gini de 0.85), mientras que en América Central es levemente inferior al promedio, con un coeficiente de 0.75.
Un informe de la organización humanitaria Oxfam, publicado a fines del año pasado, señala que el uno por ciento de las unidades productivas de América Latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas.
Según la FAO, mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, los bosques y la pesca y enfrentar la creciente concentración de tierras es un aspecto fundamental para reducir la pobreza rural y cuidar los recursos naturales.
Este y otros temas, como el impacto de las reformas agrarias que se han llevado a cabo en la región, se debatieron el miércoles 5 y el jueves 6 de abril, en una reunión de alto nivel que analiza la situación actual y desafíos de la gobernanza de tenencia de la tierra, los bosques y la pesca en la región.
Aumenta la concentración de la tierra
Aurélie Brès, oficial de Tenencia de Tierras y de Recursos Naturales de la FAO, advirtió que la tierra en manos de pequeños propietarios ha sufrido una disminución importante, situación que afecta especialmente a las mujeres, que solo poseen ocho por ciento de las tierras en Guatemala y 31% en Perú, tierras que suelen ser de menor tamaño y calidad de las que poseen los hombres.
Según la FAO, fruto de una expansión importante de inversiones en la región a través de pools de siembra, arriendos anuales de grandes extensiones o compras de terrenos, hoy la concentración de la tierra alcanza un nivel aún más alto que el que existía antes de las reformas agrarias que se llevaron a cabo en varios países de la región.
Se estima que 23% de las tierras de América Latina son manejadas o están en manos de pueblos indígenas. El reconocimiento de sus derechos ha mejorado en los últimos veinte años, especialmente en el caso de los bosques de la región, pero aún se deben dar importantes pasos para mejorar su tenencia de la tierra.
La FAO está apoyando a los países de la región a implementar las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria (DVGT), aprobadas por los países hace cinco años atrás, un instrumento busca asegurar la participación de todas las partes involucradas en la gobernanza de la tenencia.
“Las Directrices permiten garantizar el acceso equitativo a la tierra, la pesca y los bosques como medio para erradicar el hambre y la pobreza, respaldar el desarrollo sostenible y mejorar el medio ambiente”, explicó Aurelie Bres.
La reunión de alto nivel que se lleva a cabo en la Oficina Regional de la FAO en Santiago, busca generar un compromiso conjunto de los países para avanzar en la implementación de las DVGT, y analiza las experiencias positivas que se han desarrollado en países como Colombia y Guatemala.
Colombia: tierras para la paz
Más de 50 años de conflicto en Colombia afectaron profundamente el campo colombiano. Según cifras oficiales, hoy solo se utilizan siete de las 22 millones de hectáreas con vocación agrícola que posee el país.
Según la FAO, reorganizar el campo, redistribuir la tierra y darle un uso adecuado representa uno de los grandes retos que enfrenta el país en el proceso de paz que ha iniciado, y las Directrices Voluntarias son una de las herramientas que Colombia puede emplear para mejorar el acceso y uso de la tierra.
Para Felipe Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria de Colombia (UPRA), 82% de la tierra productiva del país está en manos del 10% de los propietarios. Mientras que 68% de los predios tiene menos de cinco hectáreas, solo 50% de las tierras estaban formalizadas.
La FAO y UPRA suscribieron un acuerdo de cooperación: generar el marco conceptual legal e institucional relativo a la concentración y extranjerización de las tierras productivas de Colombia. La FAO también está apoyando al país a utilizar las DVGT para generar marcos legales adecuados que fomenten medios de vida dignos en las zonas rurales y también esquemas de conservación y uso sustentable de los recursos naturales.
“Con la Unidad de Restitución de Tierras, la FAO trabaja junto con el Gobierno de Suecia en la caracterización de las tierras colectivas y en un nuevo ejercicio de restitución de tierras que beneficiará con más de cien mil hectáreas a diversos grupos étnicos”, explicó el representante de la FAO, Rafael Zavala.
Guatemala utilizó las Directrices para crear su nueva política agraria
En Guatemala, 92% de los pequeños productores ocupan 22% de la tierra del país, mientras que dos por ciento de los productores comerciales usan 57% de la tierra de Guatemala.
Guatemala fue el primer país de América Latina en asumir oficialmente y aplicar las Directrices Voluntarias de la Tenencia de la Tierra (DVGT) con la asistencia de la FAO, para elaborar, socializar e implementar una nueva política agraria.
La FAO apoyó al gobierno a reformular la política agraria del país de manera inclusiva, con la participación de múltiples actores de diversos sectores. El diálogo con distintos sectores recogió múltiples aspectos de las Directrices Voluntarias que sirvieron para dar forma a la nueva política agraria del país.
Asimismo, FAO ha trabajado con la sociedad civil para divulgar las Directrices, capacitando a cientos de personas en su aplicación en sus aspectos de género.
En enero, la FAO y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) suscribieron un acuerdo para fortalecer su institucionalidad agraria y apoyar la implementación de la Política Agraria del país en el marco de las DVGT.
“Estas fueron consultadas y validadas por representantes de instituciones de gobierno, el sector público y privado, el mundo civil y académico”, explicó Diego Recalde, destacando la importancia que tienen las DVGT para garantizar el desarrollo rural de Guatemala.
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.
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