Si los países de América Latina pasan a incluir en sus políticas nacionales los riesgos que implican el cambio climático, la región tiene el potencial para liderar el camino hacia una economía baja en carbono en el mundo, según expertos consultados por IPS.
“América Latina no representa la mayor parte de emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero (GEI), pero puede convertirse en un líder en este proceso para una economía más limpia”, comentó Timmons Roberts, catedrático de estudios ambientales y sociología de la Universidad de Brown.
La región, recordó, es extremadamente vulnerable a los impactos climáticos como huracanes, sequías, inundaciones, desplome de tierras y derretimiento de los glaciales. “Hay razones muy urgentes para que a América Latina le importe y se preocupe por el clima”, dijo en entrevista con IPS.
Roberts es coautor del libro “Un continente fragmentado: América Latina y la Política Global de Cambios Climáticos” (traducción), publicado en inglés y lanzado este mes en Nueva York, en la sede del Consejo de las Américas.
“Queríamos entender el comportamiento de los países de la región en las negociaciones de clima para París”, dijo, en referencia a la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que tendrá lugar en la capital francesa entre el 30 de este mes y el 11 de diciembre.
Roberts y Guy Edwards, también investigador del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de Brown, analizaron a fondo en el libro el rol de los países latinoamericanos y su influencia política en las negociaciones climáticas dentro de la CMNUCC.
En la COP21, los 196 Estados deben acordar un nuevo tratado climático, universal y vinculante, que entre en vigor en 2020.
Según los dos expertos, esta será la última oportunidad del mundo para llegar a un acuerdo global para evitar que el calentamiento traspase los niveles seguros para la humanidad. Y los países de América Latina no pueden aislarse de esta discusión.
Para Edwards, codirector del Laboratorio de Clima y Desarrollo de la Universidad de Brown, un problema para un liderazgo climático de América Latina es que la región se presenta fragmentada ante las cruciales negociaciones de París.
“Hay grupos con posicionamientos distintos. Son múltiples posiciones, pero vemos que se hace un esfuerzo colectivo en la región en búsqueda de un acuerdo ambicioso, en especial, en lo que se refiere a los temas de adaptación climática”, dijo Edwards en entrevista con IPS.
El último informe de la CMNUCC, de 30 de octubre, indica que los países latinoamericanos y caribeños, en conjunto representan solo siete por ciento de las emisiones mundiales de los GEI, que provocan el recalentamiento planetario.
Costa Rica es el país de la región que ha presentado la contribución prevista y determinada a nivel nacional (INDC, en inglés) más ambiciosa, y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en carbono para 2021.
Esos INDC representan los compromisos voluntarios de cada país para reducir los GEI, que serán incluidos en el nuevo tratado climático. Brasil y México son los únicos países de la región que aparecen entre los 10 primeros del mundo en sus emisiones de GEI, aunque el ranking tiene la particularidad de que los 28 miembros de la Unión Europea se contabilizan en bloque.
Las contribuciones de la región se enfocan principalmente en la lucha contra la deforestación, el impulso a las energías renovables y acciones para hacer más sostenibles las prácticas agrícolas, promover un transporte más limpio y gestionar adecuadamente los residuos.
Brasil es uno de los países con sus INDC más ambiciosos al plantearse reducir 37 por ciento de sus GEI para 2025 y subir a una caída de 43 por ciento en 2030, respecto a los niveles de 2005. La potencia latinoamericana también prometió eliminar la deforestación ilegal y reforestar áreas verdes perdidas.
Pero la presidenta brasileña, Dilma Roussef, defendió en un discurso en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre, el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, según las cuales los países del Norte industrial deben ser los que asuman los mayores costos del recalentamiento.
La Alianza Bolivariana para América (ALBA) forma un segundo grupo más de izquierda liderado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que busca enfatizar el discurso de la madre tierra y de la justicia climática, pero que con excepción de Nicaragua son economías dependientes de la exportación de combustibles fósiles.
Chile, Costa Rica, Perú y México integran un nuevo grupo en la región que ofrece nítidas reducciones en sus emisiones de carbono y quieren distinguirse por sus políticas nacionales e inversión en tecnologías más inteligentes e innovadoras contra el cambio climático.
Para los dos expertos, mientras Costa Rica tiene sus compromisos más ambiciosos; Brasil tiene metas que son importantes, mientras las de Colombia y México resultan alentadoras.
Subrayaron que Venezuela es la única nación de las de mayor tamaño económico que no ha presentado sus INDC, y “no tenemos información de cuándo piensan hacerlo”, según precisó Roberts.
La CMNUCC reconoce que la región ha tenido una postura proactiva frente al tema climático, dijo a su vez Edwards. “Los INDC podrán ser útiles como estrategia para que los países adopten parámetros más sostenibles”, analizó.
Sin embargo, los autores del libro criticaron el rol del sector privado que no ha tenido protagonismo suficiente en América Latina. Además, destacaron que la sociedad civil arribó tarde a las negociaciones, porque algunos gobiernos fallaron en no incluir en ellas a los representantes sociales.
Para Edwards, los países de la región entienden que la cumbre de París, en lugar de ser el destino final, representará una “nueva dirección” hacia modelos más sostenibles que habrá que construir con el nuevo tratado como base.
“Pese a que son vulnerables, los países latinoamericanos han sido proactivos en las discusiones y han demostrado interés de abrirse a oportunidades de inversión a las energías limpias, a tecnologías más eficientes y a transportes sostenibles”, sostuvo.
Muchos de sus países son de economías medianas y en desarrollo, cuyos gobiernos utilizarán sus propios presupuestos nacionales para financiar las acciones de mitigación y adaptación ante el recalentamiento planetario.
Pero Edwards puntualizó que, aun así, es probable que muchos necesiten de apoyo internacional para implantar sus planes climáticos.
“El nivel de mitigación y adaptación es tan alto que necesitarán del apoyo de los países más ricos quienes detentan la tecnología y la capacidad de ayudar a los latinoamericanos a concretizar sus ambiciones”, afirmó.
