Aunque todavía no ha sido radicado, la minoría legislativa del Partido Popular Democrático (PPD) anticipó su oposición a un proyecto de ley que establecería la política pública sobre las alianzas público privadas. Tras una reunión de su conferencia legislativa, el presidente del PPD, Héctor Ferrer dijo que luego de analizar el borrador del proyecto de ley presentado por el Consejo de Reconstrucción Económica y Fiscal entienden que se trata de un modelo de privatización. El también representante adelantó que la delegación de minoría en ambos Cuerpos Legislativos estará en contra del proyecto que podría ser radicado el mismo 12 de enero cuando inicie la nueva sesión en el Capitolio. Una de las recomendaciones que el Consejo de Reconstrucción Económica y Fiscal anticipó es la implantación de alianzas público privadas. Sin embargo el presidente del Consejo, el banquero Richard Carrión, expuso que de por sí misma esta alternativa no es suficiente para atender el déficit del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estimado en más de $3,000 millones. Este Consejo –integrado por representantes del sector privado- debe entregar al gobernador Luis Fortuño su informe final con la totalidad de sus recomendaciones en los próximos días. “Esta medida es la venta del patrimonio del pueblo y pretende restituir los llamados ‘fast tracks’, las enmiendas a los contratos y los cambios de órdenes sin seguir los procedimientos ordinarios”, planteó Ferrer. El borrador de la pieza legislativa autoriza la cesión a empresas privadas de funciones, facilidades, instalaciones, propiedades y administración de servicios públicos. En la conferencia de prensa del 15 de diciembre, Carrión explicó que estas alianzas beneficiarían principalmente a las corporaciones públicas. El Consejo expuso la necesidad de presentar legislación a los fines de tener una política pública clara sobre el tema. La medida no autoriza la transferencia permanente de la titularidad de los bienes públicos, pero autoriza contrataciones de hasta 50 años que pueden ser renovadas por el mismo término con la autorización del Banco Gubernamental de Fomento.