En medio de una inusual tensión política y un ambiente electoral frío, los nicaragüenses acudirán a las urnas este domingo 6 de noviembre, en unos comicios marcados por la falta de participación del mayor grupo opositor y la ausencia de observadores electorales.
Los sextos comicios presidenciales y legislativos desde el final de la guerra fratricida en 1990, encuentran al país en una situación donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) domina todos los poderes e instituciones públicas del país, en una alianza con los principales poderes económicos y el respaldo de las fuerzas policiales y militares.
El izquierdista FSLN es, además, la principal fuerza política en juego en los comicios. Su candidato a la presidencia es el actual jefe del Poder Ejecutivo, el exguerrillero Daniel Ortega, de 70 años.
Es su sexta postulación consecutiva desde 1990 y la tercera desde que ganó los comicios de 2006 con 38% de los votos. Su candidatura genera rechazo entre sus adversarios que consideran ilegal que los poderes judicial y electoral hayan modificado la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida.
De ganar Ortega, tal como dan por hecho los analistas y pronostican todas las encuestas, gobernaría Nicaragua hasta 2021 y cumpliría así 15 años seguidos en el poder desde que asumió en enero de 2007.
Antes, había gobernado entre 1979 y 1990, después que el FSLN expulsó del país a Anastasio Somoza, el último exponente de la dictadura dinástica que gobernó a Nicaragua. Durante aquella década afrontó la prolongación del conflicto por parte de la llamada “contra”, armada y financiada por Estados Unidos.
José Antonio Peraza, polítólogo y académico, dijo a IPS que desde las elecciones de 1990, cuando el FSLN y Ortega perdieron en las urnas el poder político y militar tras una década de guerra civil, Nicaragua “no había vivido una situación política tan grave como la actual”.
A su juicio, este proceso electoral no solo es atípico por la apatía de los electores, “sino porque el sistema político para las votaciones se estructuró de tal manera que no hay más opción electoral que el partido de gobierno y cinco o seis partidos pequeños avalados y autorizados por el Poder Electoral en razón de su poca posibilidad de ganar”.
Peraza observó que el FSLN se encargó de eliminar toda opción política real, le quitó el derecho a la segunda fuerza política y en su lugar puso a una agrupación afín al gobierno, con candidatos desconocidos y sin propuestas de cambios.
En agosto, el Poder Electoral retiró el derecho a participación al Partido Liberal Independiente, el principal partido opositor y cabeza de una coalición contra el FSLN.
También destituyó de la legislativa Asamblea Nacional a 28 diputados liberales que hacían contrapeso a la mayoría sandinista.
A la vez, en un movimiento que ha causado mucha preocupación por el temor a que el país derive a una nueva dictadura y dinastía gobernante, Ortega nombró a su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la vicepresidencia y colocó a sus hijos en puestos públicos estratégicos.
“Mucha gente adversa al partido de gobierno llama al proceso una farsa electoral y sinceramente no puedo negarles razón en desconocer como ilegítimo esta situación. El FSLN vetó la observación electoral nacional e internacional y eliminó a los principales partidos de oposición”, dijo el analista político.
Además, “domina las estructuras electorales acusadas de fraude electoral desde 2008 y utiliza todo el poder de las instituciones públicas para hacer campaña con los recursos del Estado”, indicó Peraza.
IPS buscó una opinión dentro del equipo de campaña del FSLN, pero la solicitud de entrevista no fue respondida por más de una semana.
José Dávila, experto en observación electoral y analista político, dijo a IPS que tras más de 100 procesos electorales observados y estudiados en diferentes países del mundo en los últimos 20 años, no ha encontrado un proceso electoral similar al actual de Nicaragua.
“No hay ánimo electoral. La gente no comenta nada sobre el proceso, no hubo debate de candidatos, no hubo planteamiento de propuestas de solución a los principales problemas del país, no hay observación, no hay credibilidad en los árbitros electorales desde 2008”, cuando la oposición y observadores denunciaron fraude en los comicios municipales, resumió.
“La campaña solo se vio en los medios de comunicación del partido de gobierno y no hay una sola comunicación formal sobre los avances del proceso hacia la ciudadanía”, amplió.
Para Dávila, “si tuviera que hacer una comparación con otros procesos electorales, diría que se parecen más a los grises procesos de Europa del Este durante la Guerra Fría o a los procesos permanentes de las votaciones en Cuba, donde no hay oposición real al poder”.
Presiones internacionales
A juicio del especialista, hay otros elementos que convierten el proceso nicaragüense en “atmósfera de presión” similar a la de la crisis de los años 80.
“Estados Unidos ha dado cuenta de las anomalías políticas que el gobierno de Ortega comete en Nicaragua y hay amenazas de aprobar una ley que le reste créditos económicos si no se solucionan los aspectos que Washington rechaza”, dijo Dávila.
Se refiere así a la amenaza de la ley de condicionalidad de las inversiones en Nicaragua, que fue aprobada el 21 de septiembre en la Cámara de Representantes del Congreso y se encuentra en espera de una ratificación y posterior aval del presidente de Estados Unidos.
La iniciativa busca que Washington vete todo programa de crédito o donación para proyectos de este país centroamericano, al considerar la Casa Blanca al gobierno de Managua como violador de derechos humanos y políticos de los nicaragüenses.
Nicaragua, con 6.1 millones de habitantes y una pobreza general que afecta al 47% de su población, depende de la cooperación internacional y préstamos blandos para sostener su economía.
Un bloqueo estadounidense de fondos significaría perder $250 millones anuales en préstamos y créditos según el Banco Central, en momentos de grave crisis de su principal socio, Venezuela.
Por similares razones a Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó a Nicaragua un diálogo para abordar las denuncias de organizaciones de derechos humanos, partidos políticos e instituciones de la sociedad civil.
El gobierno aceptó la propuesta y una comisión de la OEA participará en un diálogo con autoridades gubernamentales, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, previsto para el día anterior a los comicios.
“El gobierno, en una jugada política, busca legitimar su proceso electoral al aceptar la demanda de la OEA, pero sus adversarios aprovecharán la oportunidad para demostrar todas las anomalías y abusos institucionales del gobierno del presidente Ortega y no veo a la actual dirigencia de la OEA, avalando un proceso electoral turbio como el que se desarrolla en el país”, planteó Dávila.
Contrario a otros procesos electorales en donde las organizaciones políticas hacían campañas en plazas públicas y recorridos por las principales ciudades, este año solo hubo pequeñas reuniones de los grupos oficiales y marchas de repudio de la oposición a lo que sus dirigentes califican de “farsa electoral”.
En estas circunstancias, seis partidos políticos nacionales y uno regional se presentan a las elecciones para escoger presidentes, vicepresidente, diputados nacionales y del Parlamento Centroamericano, en medio de llamados del gobierno a asistir a las elecciones y de la oposición pidiendo abstención para no legitimar los comicios.
El FSLN figura como favorito en las encuestas con más de 60% de respaldo.
Esta organización surgió como movimiento político-militar en julio de 1961, para derrocar a la familia Somoza en el poder desde los años 30 y asumió el poder en 1979 tras una sangrienta guerra civil que se prolongó después hasta 1990.
En los comicios del domingo 6 están llamados a votar 3.8 millones de nicaragüenses, para elegir al presidente, el vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 del Parlamento Centroamericano.
