La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), principal organización que agrupa los docentes del Sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), reunida en Asamblea Extraordinaria, aprobó por unanimidad un voto de huelga en defensa de la universidad pública y en contra de las implicaciones tanto de las medidas cautelares anunciadas por el Presidente de la UPR, así como todas aquellas políticas públicas que violenten los derechos y beneficios de los docentes y de los demás trabajadores a través de la Ley #7 y las Alianzas Público Privadas. La profesora María Gisela Rosado Almedina, presidenta de la APPU, explicó que este voto de huelga podrá ser activado por la Junta Directiva Nacional en el momento en que sea necesario para defender tanto a la universidad pública como las condiciones laborales de los docentes. La matrícula de la APPU expresó su repudio a la Ley 7 y a las Alianzas Público Privadas como únicos instrumentos para atender la crisis fiscal que enfrenta nuestro país. Diversas organizaciones tanto sindicales, profesionales y comunitarias han ofrecido múltiples alternativas para atender esta crisis fiscal, sin tener que despedir a más de 30,000 empleados públicos, ni afectar las condiciones laborales de los empleados que queden en el servicio público, sin embargo, estas propuestas no han tenido ninguna acogida. Se evidencia que no hay una voluntad ni sensibilidad real hacia los trabajadores puertorriqueños. La política pública es una antidemocrática, que violenta todos los derechos civiles y laborales de nuestro país. Aunque la UPR es una corporación pública y está exenta de la Ley 7, el presidente de la UPR, licenciado Antonio García Padilla y la Junta de Síndicos, junto con los rectores de los once recintos, han creado las condiciones para socavar la uniformidad de la institución como sistema, así como la equidad en las condiciones laborales de los docentes y de todos los que laboran en la universidad. La matrícula reaccionó consternada ante los datos presentados por miembros de diferentes recintos acerca de medidas o prácticas diferenciadas en cada recinto en torno a la suspensión de ascensos en rango, licencias, congelación de plazas y de aumentos salariales; ruptura en la uniformidad de pago durante el verano y la reducción del período de contratación de los docentes sin plaza a carga completa a 10 meses. Por otro lado, la Junta Directiva de la APPU recibió el mandato contundente de su matrícula para oponerse y enfrentar cualquier intención de privatizar o ceder las operaciones de forma parcial o completa de cualquiera de los departamentos, unidades, recintos, servicios, centros de investigación, infraestructura y propiedades que forman parte del patrimonio público de la Universidad de Puerto Rico. La Asamblea aprobó diversas resoluciones que atienden temas específicos que se divulgarán en los próximos días a la comunidad universitaria y al resto del país. “Reiteramos a todos los docentes”, expresó Rosado, “el compromiso de nuestra organización con mantenerlos informados y ser el organismo que defiende sus derechos, a la universidad pública y su misión con la sociedad puertorriqueña.”
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